Lo sucedido en la comisión primera de la cámara de representantes no fue una derrota de los cristianos y católicos, es un hecho grave e irreparable contra la democracia, la constitución y el estado de derecho.
El proyecto de ley [Referendo adopción] liderado por la Senadora Liberal Viviane Morales –que tiene el respaldo de más de dos millones de firmas- es una iniciática ciudadana por la cual se convoca al pueblo “…para que apruebe o rechace un proyecto o norma jurídica o derogue o no una norma jurídica vigente”. Este mecanismo de participación ciudadana no es inventiva de los cristianos, por el contrario, es la posibilidad que otorga la Constitución y el ordenamiento jurídico para que los ciudadanos previo complimiento de requisitos y trámites legislativos se convoque la participación ciudadana en la decisión de temas trascendentales de la sociedad.
La Constitución Política en su capítulo 2 trata de los derechos sociales, económicos y culturales, y define tácitamente en su artículo 42 la función de la familia y quienes la constituyen: “…por la decisión libre de un hombre y una mujer”. Para nuestra norma superior, la que rige nuestro Estado democrático, la familia la conforman un hombre y una mujer.
La Corte Constitucional en sentencia SU214/16 tuteló a favor de la comunidad LGTBI la protección de derechos fundamentales dando viabilidad para “…que los matrimonios civiles celebrados entre parejas del mismo sexo gozan de plena validez jurídica”. Esta decisión goza del pleno respaldo de la mayoría de colombianos porqué garantiza a las personas de la comunidad LGTBI sus derechos patrimoniales y civiles. La comunidad LGTBI y sectores autodenominados “progresistas” interpretan los fallos de la Corte Constitucional a su favor cómo patente para alterar, vulnerar y violentar conceptos y principios ancestrales de nuestra nación como el de La Familia, institución que sostiene la democracia, la Constitución y el mismo Estado.
En Colombia se alteró la forma y el fondo de los conceptos democráticos, de gobierno y de estado de derecho. Las decisiones democráticas de las urnas son burladas: el resultado del más reciente plebiscito fue asaltado, el mandato de los ciudadanos otorgado a los alcaldes es usurpado por revocatorias incomprensibles y politiqueras, el derecho que debe ser el resultado de algún tipo de política democrática se impone a través de tutelas unipersonales con efectos “erga omnes”.
La Corte Constitucional fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 para ser la guarda de la integridad y supremacía de la nueva constitución y terminó en destino burocrático de privilegiados del gobierno de turno, de las altas cortes, de un circulo elitista de universidades capitalinas, y en trinchera legislativa de sectores minoritarios que encontraron en las decisiones de la nueva corte la manera expedita para saltar la estructura y equilibrio de poderes que rige nuestro sistema democrático.
La Corte Constitucional no es la guarda de nuestra constitución sino el gobierno de las minorías. Sus decisiones han contribuido a que los ciudadanos pierdan el respeto y acatamiento de las autoridades en todos los órdenes. Aquí los ciudadanos acatan más las sentencias de la Corte Constitucional y amenazan con ellas la autoridad del Presidente, del Juez de la República, del Alcalde, y la del Policía.
Este desbarajuste institucional permite que se intente alterar instituciones como La Familia. La Constitución Política que nos rige en su preámbulo invoca la protección de Dios, es decir, nunca hemos renunciado dentro de nuestra norma superior a la creencia colectiva de un Dios supremo como tendenciosamente lo hacen creer los ateos. Las sentencias del “nuevo gobierno” ejercido por la Corte Constitucional sobre laicidad no pueden ser utilizadas para aplastar e intimidar a la sociedad mayoritariamente creyente e integrante de diferentes congregaciones religiosas donde se tiene a la familia como epicentro de su doctrina.
Defender la institución de la familia no es una cruzada medieval contra los ciudadanos de la comunidad LGTBI, ni más faltaba, entendemos y apoyamos sus batallas por garantizar sus derechos dentro de una sociedad machista y homofóbica. Pero en el caso que nos ocupa, en la intención de modificar el concepto y la estructura de la familia incorporado en nuestra constitución e instaurado por la historia de nuestra Fe, si nos distanciamos profundamente de ustedes señores LGTBI. Contrario a los argumentos expuestos para aniquilar el referendo de adopción, nosotros los cristiano católicos tenemos el deber y el derecho de defender en todos los escenarios democráticos y electorales nuestra visión, formación y doctrina del concepto de familia.
Este no es un tema menor para quedar sentenciado por las componendas politiqueras del Ministro Juan Fernando Cristo, ni por la presión una vez más de los medios de comunicación y sus periodistas militantes o por los gritos de la Senadora Claudia López: defender la familia es y será una cruzada de millones de colombianos no se equivoquen.
Publicado: mayo 15 de 2017