El gobierno Santos expedirá una ley que romperá en mil pedazos el derecho a la propiedad privada rural en Colombia.
En el momento de mayor radicalización de la dictadura venezolana, era común ver las imágenes de Hugo Chávez, ordenando en vivo en y en directo la expropiación de tierras en poder, según él, de “terratenientes escuálidos”.
Y el proceso de usurpación en el vecino país se hizo con base en una ley habilitante hecha a la medida de las necesidades del régimen bolivariano. Dice la norma venezolana que “la expropiación es una institución de derecho público, mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad pública o de interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o algún otro derecho de los particulares, a su patrimonio, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización”.
Con base en aquel texto legal, la satrapía Chávez-Maduro se ha apoderado de más de 7 millones de hectáreas, invocando la “utilidad pública” de las mismas, un concepto totalmente ambiguo que puede invocarse con absoluta arbitrariedad.
Como consecuencia del acuerdo Santos-Timochenko, en Colombia se aprobará una ley de ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales, una norma que según ha denunciado el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, es una réplica de la ley de expropiaciones venezolana.
En palabras de Lafaurie, ese proyecto es “una amenaza para la propiedad privada rural y para la libre empresa”.
No le falta razón al dirigente gremial, pues una lectura detenida del proyecto que muy posiblemente será incorporado como un decreto-ley, para evitar su discusión en el congreso de la República, obliga a que se enciendan todas las alarmas, dado que la seguridad sobre la propiedad privada en Colombia quedará totalmente en entredicho.
La norma está cargada de veneno desde sus primeros artículos en los que se menciona la “legítima aplicación de medidas, incluso sobre la propiedad de la tierra”.
Durante la negociación en La Habana, frente a las advertencias de la oposición, voceros del gobierno aseguraron que el tema de la tierra se trabajaría con las normas legales existentes y juraron que no se incorporarían nuevas leyes sobre el particular.
El proyecto en cuestión es la prueba de que, en ese caso, el gobierno también estaba mintiendo. Para las Farc, la tierra es un aspecto sustantivo. Necesita el control territorial para consolidar su nefasto proyecto político y qué mejor manera para lograrlo que a través de expropiaciones masivas como paso previo para la adjudicación de esas tierras a personas afines a ellos. El germen del socialismo del siglo XXI se expandirá a través del campo colombiano.
De acuerdo con el proyecto cuestionado, el ordenamiento social de la propiedad rural se fundamenta sobre 4 pilares: el acceso a la tierra, la seguridad jurídica, la función social y ecológica y la administración de la tierra.
De forma arbitraria y expresa, se ha excluido un elemento que resulta elemental a la hora de valorar el uso de la tierra en cualquier sociedad: la productividad de la misma.
Para quienes vayan a tener la responsabilidad de expropiar tierra, la variable de la productividad no será un factor a tener en cuenta. No importa que el predio genere empleo rural o no, pues con base en un criterio subjetivo de “función social” puede ordenarse su expropiación parcial o total.
En Venezuela se habla de “utilidad pública’ y en Colombia de “función social”. Dos presentaciones semánticas diferentes para encubrir una misma arbitrariedad.
Otro elemento que resulta preocupante es el poder con el que quedará investida la denominada agencia nacional de tierras, entidad que al mejor estilo leninista será una suerte de “ministerio de tierras” en el que sus agentes tendrán la capacidad de declarar la prescripción adquisitiva del dominio, facultad que hoy solo tienen los jueces de la República, quienes fallan después de haber adelantado un proceso en el que se respetan los derechos de todas las partes involucradas.
Los inspectores de tierras de la agencia nacional, entidad cuyo control obviamente será entregado a la extrema izquierda –hoy está en poder del hijo del antiguo testaferro político del cartel de Cali, Ernesto Samper-, serán jueces omnímodos, incontrolados y claramente motivados por una agenda abiertamente ideológica.
Una vez entre en vigor la nueva norma sobre tierras, la agencia de tierras quedará ampliamente facultada para adelantar expropiaciones por vía administrativa, acciones que claramente serán el caldo de cultivo para futuras expresiones de violencia.
Además de haber dinamitado la democracia, el presidente Santos, en el momento en que suscriba la nueva norma de ordenamiento social de la tierra encenderá la mecha de la bomba que hará volar por los cielos el derecho a la propiedad privada.
En todos los rincones de Colombia, retumbará la voz de los denominados inspectores de tierras, exclamando ¡Exprópiese!
Publicado: abril 2 de 2017