La diferencia entre una democracia sólida y una en riesgo de desnaturalizar sus instituciones esenciales es el temple de su justicia. La Corte Constitucional que había fallado al pueblo colombiano permitiendo que la refrendación de los acuerdos se hiciera por medio de un Congreso que en este asunto poco y nada representó al electorado, tomó esta semana una decisión reivindicadora, que no merece calificativo distinto.
La decisión, que tiene enormes repercusiones políticas, fue tomada incuestionablemente en derecho. El mecanismo abreviado que permitía el voto en bloque del articulado y suprimía la capacidad de los congresistas para proponer cambios sin el beneplácito del gobierno, eliminaba de facto el principio de división de poderes, fundacional para nuestro Estado y para la democracia. El fast track pierde así buena parte de su abreviatura, es cierto y el proceso de paz encuentra la roca más grande en el camino desde que el gobierno perdiera el plebiscito al que destinó tantos de los recursos y los esfuerzos del Estado durante la primera mitad del presente gobierno. Sí, pero la decisión fue en derecho.
Los que defienden ciegamente el acuerdo de paz, como un dogma, podrán salir a criticar que la Corte haya cumplido su función constitucional, pero el mecanismo abreviado, tal y como existía hasta hace un par de días, sometía de manera vergonzante el poder legislativo al ejecutivo, más allá de lo que nuestro sistema excesivamente presidencialista ya lo hace, hasta el punto de eliminarlo a todo efecto práctico.
Pero, además, si lo que se está haciendo en el Congreso son modificaciones constitucionales, porque la implementación del acuerdo se compone de ellas; si los acuerdos están siendo de hecho, integrados a la Constitución, corresponde al Congreso, a ese mismo que refrendó el acuerdo, reglamentar ese texto con las modificaciones que mejor estime convenientes. No es cierto que el Congreso represente al pueblo en este tema, pero permitirle introducir cambios y evaluar el artículado minuciosamente, es lo mínimo que puede concedérsele a esa corporación a la que le fue encomendada la labor de representar al pueblo, en la falsa refrendación.
Es así que la decisión reivindicadora de la Corte le da al Congreso también una oportunidad para reivindicarse. Ahora, si el Congreso sigue dando la espalda al electorado para ganar el favor del gobierno, entonces la sentencia de la Corte no traerá cambios sustanciales en el libreto de la paz. Pero la institucionalidad se respeta y la Corte habrá recobrado algo de su prestigio de antaño. En todo caso, con las elecciones acercándose, puede ser que el Congreso se acerque a su electorado y se preocupe por votar, como debiera hacerlo siempre, en representación de él.
Por otro lado, con la caída de buena parte del fast track gana la oposición, que ahora tendrá un espacio aún mayor para debatir y mostrar sus proposiciones, siempre bien fundamentadas, y quizás, incluso atraer algún voto que se desvíe del rebaño de ovejas obedientes. Gana el acuerdo, si algunas de las proposiciones de los partidos menos entregados al ejecutivo, matizan las concesiones excesivas que son dadas a las Farc norma tras norma aprobada y gana también el proceso con la guerrilla porque respetando las formas será acaso un poco menos ilegitimo.
En todo caso, contrario a lo que dice El Tiempo en su editorial de ayer, la decisión de la Corte no solo hace de la vía rápida una menos eficiente. La decisión protege la institucionalidad, y la deliberación. Se trata de que en el servicio público el fin no puede justificar los medios, y que la abreviación excesiva no era más que una trampa que ahora ha dejado de existir. Puede que el resultado al final sea el mismo, sí, pero también puede que no, y de eso se trata.
Publicado: mayo 20 de 2017