El procurador Fernando Carrillo viajó a España a firmar un acuerdo de cooperación judicial sin tener facultades legales para hacerlo.
Hace unos días circularon imágenes del procurador Fernando Carrillo, atendiendo reuniones en España y asistiendo al estadio de fútbol en Madrid.
El jefe del ministerio público justificó su viaje a la madre patria, alegando que era perentorio establecer mecanismos de cooperación judicial con las autoridades españolas que le permitirían a la procuraduría avanzar en las investigaciones disciplinarias que adelanta en el marco del caso denominado Lezo y en el que estarían involucrados muchos servidores públicos colombianos.
Se trata de un escándalo de corrupción en el que la empresa española Canal Isabel II está en el ojo del huracán por haber repartido multimillonarios sobornos para la adquisición de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la ciudad de Barranquilla.
Cuando Carrillo se enteró de que el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez viajaría a España para sellar una alianza investigativa con sus contrapartes de aquel país, él también anunció viaje.
Lo que se haya invertido en tiquetes aéreos y viáticos para el doctor Carrillo y su comitiva, fue dinero tirado a la basura, pues el señor Procurador, antes de abordar el avión en el que atravesaría el océano Atlántico, no tuvo en cuenta que la entidad que él dirige no tiene facultades ni legales ni constitucionales para suscribir acuerdos de cooperación en materia judicial con las autoridades de otros países.
Ese tipo de actuaciones sólo pueden ser llevadas a cabo por el ministerio de Justicia o por la fiscalía general de la Nación.
Así que el procurador general, tan interesado en avanzar y dar resultados contra los funcionarios públicos involucrados en la investigación del caso Lezo, perdió tiempo precioso en su viaje a Madrid. A pesar de haber tenido tiempo para ir a ver un clásico de fútbol y pegarse a la comitiva del Santo Padre con ocasión de su visita al santuario de Fátima, Carrillo no logró nada concreto durante ese viaje.
A su regreso, lo estaba esperando un requerimiento del sindicato de trabajadores de la procuraduría general de la nación, Sintraproan. En criterio de la asociación, Carrillo incurrió, posiblemente, en un detrimento patrimonial pues realizó un viaje que le costó un buen dinero al ministerio público, para no hacer absolutamente nada.
Mientras el país espera respuestas en ese caso de corrupción que amenaza con ser una versión a la española de Odebrecht, el procurador general tendrá que dedicar buena parte de su tiempo explicando porqué viajó con recursos públicos a explorar la suscripción de un mecanismo de cooperación judicial que no tiene sustento en las leyes colombianas.
Publicado: junio 1 de 2017