Una epidemia de feminicidio ataca a Bogotá, a Colombia en general. Esa violencia brutal contra las mujeres por parte de hombres que primero las intimidan psicológicamente para controlarlas, y luego las agreden físicamente hasta acabar con sus vidas, ha cobrado en el Distrito, en lo corrido de 2017, más de 24 víctimas mortales y lo más seguro es que muchas otras no hayan sido denunciadas.
Después de la indignación general provocada el 24 de mayo de 2012 por la violación, empalamiento y asesinato de Rosa Elvira Cely, a manos de Javier Velasco Valenzuela, Colombia dio pasos de gigante en materia legal para enfrentar los crímenes de mujeres por su condición de mujer, como la Ley 1761 de julio de 2015, «Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo…” o la Sentencia de la Corte Constitucional C-297/16 que ratifica la Ley.
Sin embargo, estos importantes desarrollos legislativos que endurecieron las condenas entre 21 y 41 años de cárcel por feminicidio, por un lado no han surtido el efecto esperado de frenar la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas y exparejas; y por otro lado, tampoco la institucionalidad ha conseguido hacer cumplir la Ley. Porque ¿cómo explicar los crímenes de la niña Yuliana Samboní, con quien se ensañó Rafael Uribe Noguera; o de Claudia Johana Rodríguez, a quien su exmarido Julio Alberto Reyes persiguió hasta Bogotá para terminar con su vida en un centro comercial; o de Jennifer Catherine Cáceres, presuntamente asesinada por Víctor Cruz, su ex pareja sentimental?
A nivel nacional también la epidemia de feminicidio ha cobrado múltiples víctimas. Una de las más recientes, la niña de 3 años Sara Yolima Salazar; de Diana Ruiz Quintero, asesinada por su expareja Jeferson Paul Muñoz; de la indígena de 28 años, Edith Jhoana Parra muerta a manos de su ex marido Jhon Albert Rivera Ramírez; de María José Rodríguez de 16 años asesinada en Cundinamarca por Diomedes Yucumá Díaz, su expareja. Son muchas más las víctimas, que no se pueden seguir convirtiendo solo en estadísticas y símbolos del feminicidio en Colombia.
¿Pero entonces, qué podemos hacer? Es inminente avanzar en dirección a la prevención, para que las mujeres amenazadas reciban protección y seguridad de calidad. De lo contrario, tácitamente sucumbimos a la sentencia a muerte impuesta por los victimarios, sin que los organismos del Estado hayan podido hacer todo lo que está a su alcance para evitarlo.
Se necesita que todos los miembros de la sociedad nos sensibilicemos, incluyendo a las autoridades, los medios de comunicación tradicionales o quienes interactúan en las redes sociales, para que los feminicidios no sean tratados como un asunto solo de las víctimas y de sus familias, sino como lo que es en realidad: una epidemia producto de un problema estructural de la sociedad, que exige que recobre sentido en todas las esferas (la familia, la escuela, la vida cotidiana) el mandamiento “no matarás”. Está probado que hace falta volver la cara a Dios.
¿Cómo más podemos contribuir a prevenir estos crímenes? Iniciando con la forma de entender y de referirse al feminicidio. Que no haya ningún riesgo de malinterpretación que sugiera que la víctima tuvo la culpa. Por ejemplo, el argumento de un hombre que mata a una mujer porque según él, usar una falda corta le provocó sexualmente, es ridículo. Los únicos culpables son los criminales que se sienten con derecho a acabar con la vida de las mujeres, pero que lamentablemente, con posterioridad a su captura, aducen haber estado bajo alicoramiento o supuestas circunstancias de inimputabilidad para evadir su responsabilidad.
Por eso, no basta que los jueces dicten órdenes de alejamiento a los hombres que tienen amenazadas a las mujeres. Se requiere que la Policía Nacional disponga agentes con funciones especiales para la protección de las amenazadas, con capacidad de reaccionar muy pronto. Que a los hombres con medidas de restricción les instalen, como sucede en otros países, dispositivos telemáticos (pulseras, brazaletes o tobilleras) para detectar qué tanto se acercan a sus potenciales víctimas; y que tampoco puedan establecer con ellas contacto a través de dispositivos móviles, ni redes sociales de comunicación para evitar la intimidación. Esto facilitará a las autoridades actar de forma preventiva.
Pero sobre todo, que se haga un “Pacto Social” consciente que le oponga resistencia al feminicidio. Partiendo de un acuerdo que nos lleve a reflexionar desde las familias, las iglesias, las aulas, y en todos los escenarios posibles. Que se sepa que ningún hombre es dueño de una mujer, o piense que ellas son mercancía sexual y sentimental que se deprecie con el tiempo, que el libre albedrío se ejerza con responsabilidad bajo la premisa básica “la vida es sagrada” y por tanto, se debe respetar en todo su proceso natural, desde la concepción hasta la vejez.
Que como parte de este pacto se active una red de apoyo familiar, de amigos, vecinos y de autoridades que le crean a la mujer cuando lanza una alarma y sepan qué tipo de ayuda pueden prestar; y que no intenten justificar la violencia contra las mujeres en supuestas “enfermedades mentales”, porque esta epidemia puede brotar donde menos nos lo imaginamos, en cualquier estrato socioecnonómico, educativo o cultural. Así cada potencial feminicida debe saber que va a pagar caro su crimen.
Finalmente, como elemento central de este pacto, es clave que las mujeres sepan que no están solas. Por eso, si comenzamos juntos a combatir el feminicidio, ni una mujer más será asesinada por su condición de ser mujer (Artículo 2°, Ley 1761 de 2015), ni en Bogotá, ni en Colombia.
Publicado: mayo 5 de 2017