Exgobernador del Meta y hoy director de la Unidad de Víctimas, Alan Jara articuló un multimillonario desfalco en su departamento.
Alan Jara fue secuestrado a mediados de junio de 2001, en la carretera entre Villavicencio y Lejanías (Meta). Los terroristas del frente 26 de las Farc no tuvieron ningún inconveniente en montar un retén criminal en plena vía para detener a la caravana integrada por vehículos de las Naciones Unidas -en la que viajaba Jara- cuya suerte estaba echada. Los guerrilleros iban por él, al precio que fuera.
Jara ha sido gobernador de su departamento en 3 oportunidades: 1990 por designación directa y elegido en 1998 y en 2011. En las 3 oportunidades ha habido serias denuncias sobre su falta de transparencia en la ejecución del presupuesto público.
Después del terrible secuestro de que fue víctima por parte de la banda terrorista Farc, Jara retomó su carrera política. Resulta curioso que su obsesión sea siempre la misma: ser gobernador. Nunca le ha interesado ser congresista, o buscar otros rumbos en la función pública. La explicación parece evidente: los gobernadores son los que ordenan el gasto en sus departamentos.
Hace 10 años, el departamento del Meta pasó a convertirse en el mayor productor de petróleo de Colombia, superando a Arauca y Casanare. Aquella realidad hizo que el departamento experimentara un boom y se proyectara la construcción de proyectos de infraestructura relacionados con el negocio de los hidrocarburos.
Así surgió la idea de construir una refinería con recursos de Llanopetrol, una empresa creada por iniciativa de Alana Jara como gobernador de su departamento. El objeto de Llanopetrol es el de “impulsar desarrollos industriales que permitan agregar valor a la materia prima petrolera que se produce en el departamento”. El proyecto central de la empresa era el de la construcción de una refinería a la que definían como “un foco estratégico de desarrollo ubicado en la ciudad de Villavicencio”.
El objetivo inicial de Jara era el de refinar 10 mil barriles de crudo al día. Se trataba de un proyecto pequeño, sin grandes ambiciones y que tendría un costo de no más de $25 millones de dólares.
Luego de iniciado el proyecto, se dieron cuenta que la refinería podría llegar a ser un negocio colosal con el que muchos, como sucedió en Reficar, podrían ganar miles de millones de pesos, producto de la corrupción.
Jara se buscó un socio ruso –él estudió ingeniería en la Unión Soviética, razón por la que tiene estrechos vínculos con los países que integraban aquel bloque- y reformuló el proyecto para efectos de hacer en la capital de su departamento un verdadero elefante blanco.
Las alarmas no tardaron en activarse. Las contralorías tanto la departamental como la general pusieron la lupa y, como era de esperar, encontraron irregularidades que ya fueron judicializadas y tienen tras las rejas a un importante grupo de cercanos colaboradores de Jara.
Hasta ahora, se han descubierto sobrecostos que superan los $18 mil millones de pesos en “estudios de factibilidad”.
Por eso, en El buen Pastor y La Picota de Bogotá fueron recluidas funcionarias y asesores directos de Jara. Uno de los capturados, Jairo Frías, quien fuera el secretario de Hacienda del departamento y que ya se sometió a la justicia, ha manifestado su voluntad de testificar en contra de Jara.
Para la fiscalía general de la Nación no existe la menor duda de que durante la gobernación de Jara se planificó y puso en marcha “un plan criminal para apropiarse de los recursos del Estado”.
El desfalco de la refinería no es el único caso de corrupción que tiene documentado la justicia. Existen evidencias contundentes que indican que en la administración de Jara, se robaron más de $37 mil millones en sobrecostos a equipos médicos para dotar los hospitales del departamento.
Jara acostumbra a evadir los señalamientos, enrostrando su condición de exsecuestrado y encargándose de generar lástima por cuenta de la tragedia que lo mantuvo alejado de su familia durante más de 8 años. Esa pesadilla que tuvo que vivir y por la que ha recibido toda la solidaridad del pueblo colombiano, no es, ni mucho menos, una licencia para que él pueda robarse impunemente miles de millones de pesos del tesoro público.
Desde que abandonó la gobernación a comienzos del año pasado, Jara ha fungido como director de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas creada por el gobierno de Santos. Esa entidad, que maneja copiosos recursos públicos que deben ser destinados a la asistencia y reparación a las centenares de miles de víctimas que hay en Colombia, depende absolutamente de él.
Resulta irresponsable que Santos tenga a un corrupto de la talla de Alan Jara administrando la gigantesca chequera de la unidad de víctimas, pues resulta obvio sospechar que en dicha dependencia se debe estar llevando a cabo un desangre igual o peor del que tuvo lugar en el departamento del Meta cuando él ha sido su gobernador.
No pasará mucho tiempo para que Jara sea capturado, pero no se entiende porqué el gobierno permite que ese cuestionado sujeto continúe al frente de la unidad de víctimas. Lo prudente es que sea separado de forma inmediata y se ordene una auditoría independiente y profesional para saber exactamente cuán grande ha sido el saqueo de las platas destinadas a la reparación de quienes han sufrido el rigor de la violencia en Colombia.
Publicado: mayo 31 de 2017