De la intervención de El Bronx se cumplirá un año mañana 28 de mayo. El operativo ha sido duramente criticado por los detractores del alcalde y por los partidarios de Petro, que son en buena parte los mismos. Lo cierto es que los argumentos con los que se pretende sostener que la intervención no debió hacerse, son todos demasiado débiles, y que los que critican aduciendo que la intervención era necesaria, pero se hizo mal, olvidan con frecuencia algunos de los aspectos fundamentales que deben tomarse en consideración para evaluar de manera justa la gestión más importante de la segunda administración de Peñalosa. Tampoco sobra recordar a quienes satanizan todo lo que huele al burgomaestre actual que el pasado alcalde fracasó de manera rotunda en su intento por intervenir de manera efectiva ese pequeño infierno.
A propósito de esas críticas, el argumento más repetido, ese que dice que ahora los habitantes de calle y las ollas de microtráfico se esparcieron por toda la ciudad, lleva implícita la sugerencia de que el operativo no debió hacerse nunca. Hay dos faltas graves en esa afirmación. La primera es que es mentira. Las ollas no nacieron todas, el día que Peñalosa acabó con El Bronx, ni ese día salieron para atormentar a la ciudadanía los indigentes a deambular la ciudad. Falso. Desde que tengo memoria he visto los habitantes de calle en Bogotá, particularmente en el centro, y desde hace más de 10 años tengo consciencia de la existencia de ollas, como la de la calle 86 con carrera 15, por poner un ejemplo. Puede que algo de la droga que se repartía en El Bronx ahora vaya a parar a nuevas ollas, sí, y que otro tanto se reparta entre las que ya existían, pero eso no es culpa de la terminación de ese nicho vergonzoso de criminalidad, sino de la cultura narcotraficante que Colombia lleva arraigada como un parásito, y de la ineficacia del Estado, y particularmente del Gobierno Nacional, para afrontar el problema de las drogas con determinación y valentía. También de la corrupción de la Policía, que merodea -por seguir con el ejemplo utilizado- a diario la olla de la 86, y a veces se detienen incluso a tomarse una gaseosa en la tienda de al lado, mientras a los transeúntes se le ofrecen “chichas” y “juguetes” al otro lado de la calle.
La segunda gran falta de ese argumento, es que es en su primicia discriminatorio. ¿Mejor que los habitantes de calle estén concentrados en el Para-Estado en el que son instrumentalizados por capitos de la mafia, a la vez que ven degradarse con el paso de los días y a punta de pegante su dignidad y sus proyectos de vida? Finalmente, allá no los vemos, en ese lugar que para el resto no existió hasta que no se intervino, no teníamos que lidiar con ellos, ni olerlos, ni decirles “que pena, no tengo nada”, ni cambiarnos de anden. Es cierto que el miedo a la diferencia tiende a llevarnos a la discriminación. Pero, aunque muchos habitantes de calle hayan cometido crímenes, en busca de la droga de la que son víctimas, no puede afirmarse que todo el que habita la calle sea un delincuente. Sincerémonos. ¿El problema es estético? ¿la molestia con la intervención es que ahora los tenemos cerca? Nuestro modelo de Estado no puede aceptar ese argumento.
Frente a los que critican el método, hay que conceder la intervención hubiera podido hacerse con una mejor coordinación de las diferentes entidades responsables. Puede ser que en el balance de los resultados finales haya quedado el sinsabor de que no se haya capturado a los máximos responsables y puede ser que la labor de perseguir el microtráfico se haga más difícil sin la concentración geográfica de criminalidad que El Bronx representaba. Pero era urgente, cada día que pasaba sin que se hiciera la intervención era un agravio a nuestra noción de Estado; era un día más de crímenes atroces con víctimas invisibles en el centro de la capital.
Al final, este año cumplido de la clausura de ese lugar hay que celebrarlo, ojalá con más operativos, con más capturas de narcotraficantes y policías corruptos, y con más habitantes de calle convencidos de que el camino de la calle es un camino de infelicidad y autodestrucción.
A manera de conclusión, una herramienta a consideración de las autoridades: Las directrices anticipadas son una figura que en algunas partes del mundo sirve a las personas con discapacidades para que ejerzan su capacidad jurídica. Se trata, en resumen, de que las personas puedan en momentos de lucidez tomar decisiones que los afecten luego. De esta manera, una persona con esquizofrenia, por ejemplo, puede decidir de antemano, cuando se encuentra lúcido, si quiere o no ser internado ante un episodio, o una persona puede decidir si en determinado caso, quisiera, por ejemplo, no ser resucitado. Si se trata la drogodependencia como una discapacidad psicosocial, que lo es, las personas que habitan la calle como consecuencia de su adicción podrían en momentos de sobriedad, decidir su propia internación, sin que se irrespetara su libre desarrollo de la personalidad, ni ninguna otra variación del derecho fundamental a la libertad.
Publicado: mayo 27 de 2017