El gobierno del presidente Santos sigue secuestrado por el régimen de Maduro.
A pesar de todos los desafueros en que ha incurrido esa dictadura, Colombia continúa actuando como si se tratara de episodios menores que pueden ser enfrentados con declaraciones sonsas.
La ruptura del orden constitucional en Venezuela es un hecho, una realidad que se expresa con acciones evidentes y constantes.
Ahora el Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión de asumir las funciones propias del poder legislativo con el cuento de que éste se encuentra en desacato.
Antes había actuado para facilitarle la vida al dictador, desconociendo la mayoría que obtuvo la oposición en la Asamblea Nacional.
Obró de esa manera cuando produjo la sentencia que le permitió a Maduro participar, como presidente, en las elecciones que ganó, entre comillas, violando flagrantemente la Constitución.
Y volvió a hacerlo con el objeto de permitir que pudiera designar al contralor, al defensor del pueblo y al fiscal sin tener los votos mínimos exigidos por la Carta.
Atropello igual ocurrió con motivo de la conformación del consejo nacional electoral, a pesar de la inexistencia de la mayoría calificada que las normas venezolanas exigen para hacerlo.
Dicho Tribunal, del cual hacen parte trece nuevos magistrados designados a la carrera por la Asamblea saliente, para neutralizar el carácter mayoritario de la Mesa de Unidad Democrática, es una corte de bolsillo de Maduro.
A pesar de tantas evidencias internas, del atropello a nuestros connacionales, del cierre de la frontera cada vez que le viene en gana al heredero de Chávez, de los insultos al ex presidente Uribe y, en fechas recientes, al ex vicepresidente Vargas Lleras, el gobierno colombiano sigue confundiendo la diplomacia con la debilidad.
Para que quede claro, muy lejos está del ánimo del autor de estas líneas sugerir reacciones de naturaleza bélica.
Lo que tiene que hacerse es acudir a todas las herramientas políticas y diplomáticas que existen para hacerle frente a situaciones de crisis en materia de relaciones internacionales.
Colombia está comprometida con los principios y texto de la Carta de la OEA, al igual que con lo que prescriben la Carta Democrática Interamericana y la cláusula democrática de la declaración de Quebec.
En este orden de ideas, debe actuar en defensa de los elementos esenciales de la democracia representativa, uno de los cuales es la separación e independencia de los poderes públicos.
Para ese efecto posee el amplio campo de acción contemplado en los marcos jurídicos que son producto del consenso en nuestro hemisferio.
Tiene a su disposición, igualmente, los recursos propios de las relaciones diplomáticas bilaterales.
El presidente Santos ha sido débil y timorato en la relación con Venezuela porque le dio prioridad a la mesa de La Habana y al papel que ha jugado la dictadura vecina en el proceso con las Farc.
¡Qué gran error!
Permitir la incineración de la democracia venezolana le hace mucho daño a la dignidad de Colombia, a nuestra historia como nación respetuosa de los compromisos internacionales y a los más altos intereses del país.
El jefe del Estado ha olvidado que la existencia de una verdadera democracia en la vecindad es conveniente para que haya paz en Colombia, toda vez que el régimen de Maduro ha servido de albergue al terrorismo colombiano.
Ya es hora de cambiar semejante actitud entreguista.
La más reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia viola todos los principios, destroza el régimen constitucional venezolano y es una afrenta a la democracia en nuestro hemisferio.
Retire, señor presidente, al embajador de Colombia en Venezuela y promueva activamente, sin reserva alguna, la activación de la Carta Democrática Interamericana habida cuenta de la ruptura del orden democrático en esa nación hermana.
@CarlosHolmesTru
Publicado: abril 3 de 2017