Santos nombró al magistrado que tumbó a Ordóñez de la procuraduría, en el tribunal de justicia de la Comunidad Andina.
El sello de la corrupción está plasmado con tinta indeleble en todos los capítulos del gobierno de Juan Manuel Santos.
El presidente de Colombia, elegido y reelegido con dinero de Odebrecht, se ha valido de la nómina oficial para pagar favores y, también, para sobornar a propios y extraños.
Para nadie es un secreto que Santos necesitaba sacar, al precio que fuera, a Alejandro Ordóñez de la Procuraduría General de la Nación.
Por eso, la demanda que se presentó contra la reelección de Ordóñez ante el Consejo de Estado, fue un manjar servido en bandeja de plata para el presidente de Colombia.
Sólo faltaba conquistar los votos suficientes para salir de Ordóñez, quien desde el ministerio público se había convertido en una potente voz crítica de lo que en ese momento se estaba negociando en La Habana con el grupo terrorista de las Farc.
La salida de Ordóñez no fue fácil. Desde que Rodrigo Uprimny presentó la demanda, muchos consejeros de Estado tuvieron reservas frente a la misma, por considerar que los argumentos del demandante eran débiles y no se ajustaban a derecho. Para Santos aquel no era un asunto jurídico, sino político.
Misteriosamente, magistrados que en principio se inclinaban a votar en contra de la demanda de Uprimny, fueron cambiando de parecer. Durante los 6 meses anteriores a la destitución de Ordóñez, el número de magistrados que cambiaron de parecer fue creciendo de forma exponencial.
Pero había dos consejeros que se mantuvieron firmes, porque consideraban que, en efecto, no había méritos para anular la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación. Ellos eran Luis Rafael Vergara y Hernán Andrade Rincón.
Su posición era contundente y en los encendidos debates que se dieron al interior del Consejo de Estado para analizar si Ordóñez se iba o se quedaba, Vergara y Andrade muchas veces argumentaron porqué debía continuar en el cargo.
Pero el tablero se modificó en un santiamén. Los aguerridos magistrados que se oponían a las pretensiones contenidas en la demanda de Uprimny, como quien se cambia de camisa, saltaron de un bando al otro. Sus votos resultaron definitivos para configurar la mayoría que Santos requería para salir de Alejandro Ordóñez.
Lo curioso es que al poco tiempo de la votación, el doctor Luis Rafael Vergara cumplió su periodo en el Consejo de Estado y Santos, muy generosamente le pagó el voto a favor de la anulación de la reelección de Ordóñez, haciéndolo nombrar como magistrado del tribunal de justicia de la comunidad andina.
Y para redondear la historia, semanas después, el otro consejero que ayudó a darle el “último empujoncito” a Ordóñez, Hernán Andrade, fue nombrado como magistrado suplente de Vergara en dicho tribunal.
El caso Gómez Aranguren
Desde hace ya varias semanas, LOS IRREVERENTES han advertido del inminente nombramiento del exconsejero de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, compañero permanente de la saliente expresidenta de la corte Constitucional, María Victoria Calle, como embajador de Colombia en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.
Hace pocas horas, el señor fiscal general de la nación, confirmó que dicho nombramiento está a punto de finiquitarse.
Y Santos tiene dos deudas por pagarle a Gómez Aranguren. La primera de ellas, se remonta a las elecciones de 2014.
Unos meses antes de la primera vuelta presidencial, en diciembre de 2013, el procurador Ordóñez destituyó e inhabilitó a Gustavo Petro del cargo de alcalde de Bogotá. Aquella decisión, generó una profunda crisis en la capital que terminó por pasarle cuenta de cobro a Santos en las elecciones.
Valga recordar que en la primera vuelta, Santos resultó apabullantemente derrotado por el candidato uribista que lo enfrentó.
Pasada dicha jornada de votaciones, Gustavo Gómez Aranguren fue designado como “intermediario” entre el gobierno y Petro. La idea era encontrar una fórmula de solución.
Gómez se comprometió con que el Consejo de Estado restituiría a Petro en el cargo.
Una vez de vuelta a la alcaldía, Petro anunció su apoyo a Santos en la segunda vuelta y aquello sirvió para que éste lograra su reelección.
Así las cosas, en 2014, los grandes electores de Santos fueron por un lado Odebrecht y, por el otro, Gustavo Petro y Gustavo Gómez Aranguren.
La segunda deuda de Santos con Gómez se debe al decidido papel que jugó en los últimos meses la hoy exmagistrada María Victoria Calle –con quien Gómez tiene vida marital- en la Corte Constitucional, en defensa del plebiscito y del denominado fast track.
Gracias a la doctora Calle, Santos tiene poder omnímodo para hacer lo que le venga en gana durante la fase de la así llamada “implementación” de los acuerdos con las Farc.
Comprando conciencias, promoviendo la designación en cargos en el extranjero a quienes le ayudan a apartar a sus enemigos del camino, Juan Manuel Santos se ha consolidado como uno de los grandes corruptores de la democracia colombiana.
Publicado: abril 5 de 2017