Me arrogo el derecho a meter la pata en términos jurídicos por no ser abogado, pero la verdad es que no encuentro diferencia entre la medida promovida por Maduro de deslegitimar la Asamblea Nacional y entregar al Tribunal Superior los poderes legislativos, con lo que sucede en Colombia.
La decisión venezolana, a pesar de la reversa tramposa de Maduro, equivale al cierre del Congreso y me pregunto si la determinación de que nuestro órgano legislativo no pueda modificar lo examinado por la CISVI con relación a la implementación de los acuerdos de paz no es exactamente lo mismo redactado en términos menos dictatoriales. La diferencia radica en mantener un congreso con solo funciones de notario para mostrar a la luz pública una separación de poderes inexistente.
Tampoco veo mucha diferencia entre el Tribunal Superior venezolano y nuestra Corte Constitucional que asume las funciones legislativas que Santos y las Farc le ordenan; le permite modificar la Constitución “de acuerdo a nuestros intereses” al nuevo conquistador, el abogado español Enrique Santiago y a Jaime Durán cuyo refugio en Costa Rica no fue gratis. Tampoco podrá la corte declarar inexequibles los actos legislativos que se expidan dentro del “espíritu de los acuerdos”, salvo por requisitos de forma. Las instrucciones del presidente y las Farc no admiten discusión. En Venezuela lo que digan Maduro y Diosdado Cabello tampoco se discute.
Pico y placa ambiental
No critico medidas drásticas para proteger el aire de las ciudades, especialmente en la nuestra, Medellín, donde el encierro del Valle de Aburrá por montañas limita los vientos y aumenta la concentración de gases nocivos.
Pero las autoridades nacionales son ciegas, si miramos las estadísticas encontramos que las ventas de vehículos eléctricos e híbridos a caído en el primer trimestre un 44%. El principal factor determinante es la eliminación de las exenciones de arancel para los eléctricos y la rebaja que había al 5% para los híbridos. Siendo estos vehículos considerablemente más costosos, acabar con los incentivos económicos para apoyar su uso es una decisión ridícula en contravía de la mejora ambiental. Algo parecido ha pasado con las conversiones a gas que, al desaparecer en la mayoría de las ciudades el tránsito libre de pico y placa para estos vehículos, ha disminuido las conversiones de estos vehículos en proporciones parecidas a las de las ventas de eléctricos e híbridos.
A mi parecer en Medellín debemos ir pensando en medidas más drásticas: las nuevas rutas del Metroplus, donde las pendientes lo permitan, deberían ser cubiertas por tranvías o buses eléctricos; limitar la matrícula futura de taxis citadinos a modelos eléctricos libres de cupo, que sería muy buen incentivo; ir sacando de circulación paulatinamente, pero sin acciones permisivas, las volquetas de modelos antiguos “repotenciadas” con motores ineficientes y ejes de mayor capacidad que admiten pesos muy superiores a los permitidos por las normas y que, además de contaminar el aire, destruyen las vías y son un verdadero peligro; exigir combustibles diésel de mejores características para su venta en la ciudad; prohibir el tránsito de buses “chimenea”, y ser implacables con la exigencia de las revisiones tecnomecánicas, especialmente si son expedidas fuera de la ciudad donde los CADA no están tan bien controlados.
El Rincón de Dios
«Sonríe siempre, para no dar a los que te odian el placer de verte triste…» Ignacio Peirés – (Padre Ignacio)
Publicado: abril 14 de 2017