María Susana Portela Lozada, candidata avalada por el partido de La U, fue elegida alcaldesa de Florencia, Caquetá, para robar.
Robar para ella, robar para su marido, robar para su partido -el Partido de la U-, robar para los concejales, robar para el Contralor Departamental, robar para su gabinete, en fin, robar, robar y robar.
El jefe natural del Partido de la U, el presidente Juan Manuel Santos, sabía que Susana, si era elegida alcaldesa, robaría. A pesar de ello, ordenó que se le otorgara el aval para que fuera candidata de su partido.
¿Por qué Santos sabía que Susana iba a robar? Pues porque ya había robado cuando fue diputada – se involucró en la construcción de la Ciudadela Habitacional Siglo XXI-; porque su esposo, verdadero jefe de la banda de ladrones, había sido capturado por ofrecer un soborno de $200 millones de pesos para que la fiscalía cerrara unas investigaciones.
El exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, conocido como el negro Martínez, dictó una doctrina que hoy está entronizada en los partidos “avalistas” de alcaldes, como La U, Partido Verde y el Partido Liberal. Dijo Martínez que “es mejor negocio la política que el narcotráfico”.
Es en serio. Los partidos corruptos, sus jefes, defienden «sus» alcaldías con el mismo ímpetu con el que los mafiosos defienden sus rutas de cocaína.
LOS IRREVERENTES tuvieron acceso a un documento insólito. La confesión detallada, con circunstancias de tiempo, modo y lugar irrefutables de cómo funcionaba la banda de los partidos de la denominada unidad nacional en Caquetá. Esa banda la comandaba la alcaldesa de Florencia, con la absoluta complicidad del gobierno nacional (que sabía que sus giros alimentaban a la banda) y de los organismos de control que siempre se hacían los de la vista gorda.
Líderes uribistas del Caquetá que denunciaron la corrupción de la alcaldesa Portela
Solo una fuerza política enfrentó con firmeza a la banda: el Centro Democrático. Sus tres dirigentes históricos: el periodista y educador Luis Felipe Rodríguez y los empresarios Jaime Prada y Augusto Alarcón Cuellar, apoyados por los hoy senadores José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel, ofrecieron férrea resistencia a su elección y luego a su gestión corrupta. Incluso, acompañados por sectores cívicos, en septiembre de 2013 intentaron, fallidamente, la revocatoria del mandato. Santos y la unidad nacional gastaron una verdadera fortuna para impedir el triunfo de la revocatoria y fue la justicia penal la que por fin liberó a Florencia y a Colombia de aquella nefanda banda de ladrones.
El abogado Germán Isaza Morales, fue reclutado por Susana Portela, alcaldesa de Florencia, como su consigliere.
Una vez fue capturado, el abogado decidió cantar. Y lo hizo como un turpial.
Así operaba la banda delincuencial:
Empréstito por 20 mil millones de pesos
La alcaldesa y su banda se inventaron una “emergencia vial” en Florencia. Manipularon todo: las razones de la emergencia, el monto del cupo de endeudamiento que podía tener la capital del Caquetá (lo falsearon, duplicándolo). Para asegurar la aprobación mediante proyecto de Acuerdo del Concejo, repartieron la bicoca de $800 millones de pesos entre los concejales.
Ya con la plata en caja, hicieron un proceso licitatorio para “adjudicar el arreglo de la malla vial”, totalmente amañado. El proponente no era proponente, sino un cómplice de la banda, quien realmente rendía cuentas al esposo de la alcaldesa.
Esta es la versión del testigo, tomada del documento oficial de la Fiscalía, cuya copia fue enviada a la redacción de LOS IRREVERENTES.
Isaza narra detalladamente los hechos y da los nombre de todos los funcionarios ladrones. Cuenta cómo un Secretario de Hacienda, que decía que el cupo de endeudamiento podía ser solo de hasta $10 mil millones, fue destituido. La nueva Secretaria de Hacienda, Nancy Barreto, “certificó” que el botín sería realmente de $20 mil millones, por los “protocolos o las minutas del ministerio de Hacienda”.
Luego, Diego Luis Rojas Navarrete, “gerente del municipio”, comenzó a hacer contactos con los concejales “para ver qué querían o cuánto pedían para la aprobación del ese acuerdo de endeudamiento”.
En el Hotel Florencia Inn, se reunieron el «testigo-cantor» y los concejales “delegados de toda la coalición para negociar la aprobación del acuerdo de empréstito. Los concejales en tono de sorna, me decían que dónde estaban los soportes y esa palabra es la que siempre se utilizó para referirse al dinero que debería entregarse para la aprobación del acuerdo. La suma se pactó en $800 millones de pesos”. El pacto fijó los porcentajes: 25% antes de radicar el proyecto de acuerdo en el Concejo; 25% una vez aprobado y 50% una vez el municipio desembolsara el anticipo al contratista de los $20 mil millones de pesos.
Enterados del acuerdo, la alcaldesa y Diego Rojas Navarrete, hicieron fiesta con los billetes: “fui citado por Diego a su casa en la noche. Se encontraban allí Susana Portela Lozada y los concejales. Estaba Carlos Rosero, quien era un empleado de SERVAF. Me inquietó que hubiese gente con la que yo no hubiese tratado antes el tema. Allí se me entregó un maletín con $200 millones de pesos. Yo salí con el maletín en mi carro y adelante iba el señor Carlos Rosero en su carro y por celular me iba informando si habían (sic) controles de la Policía en la carretera. Llegué a mi casa, guardé el maletín en un clóset y al otro día en la mañana distribuí en 12 paquetes el dinero, saqué mi parte y cité a los jefes de bancadas del Concejo a la casa y les entregué el dinero y ellos a su vez tenía (sic) que entregarle a los otros concejales sus respectivos paquetes con el dinero”.
Definitivamente, para la unidad nacional y para Santos aplica la doctrina del negro Martínez: la política es mejor negocio que el narcotráfico.
El testigo, como la cosa más natural del mundo, dice que tomó su parte “por derecha para que no lo tumbaran”, como ya le “había pasado con el negocio que se hizo con el ingeniero Hurtado respecto de un dinero que se debía de la ampliación de la doble calzada del aeropuerto”, en el que lo dejaron por fuera.
Así funcionan hoy los “procesos licitatorios” de la unidad nacional. Son una vil farsa. Dice el testigo: “me enteré por boca de Jair que todo el proceso licitatorio para adjudicar el contrato de los $20 mil millones de pesos estaba ya plenamente organizado y ese tema lo manejó con Hernán Salazar”. Luego habla crudamente de que “únicamente en algunos kilómetros de la vía iban a echar asfalto caliente y en otros asfaltita, obviamente la diferencia de costos y utilidades es amplia”.
El testigo involucra al Contralor Departamental, Gustavo Ferla, a quien visitan en la cárcel (estaba detenido y seguía manejando la Contraloría a través de la encargada) para que entregara una certificación. Las hace expedir y pide como contraprestación “que se le nombraran tres personas en la Secretaría de Educación”.
Lo que indigna aún más es que la alcaldesa, que fue capturada, tiene casa por cárcel. Desde su lujosa residencia, sigue manejando sus negocios y disfrutando del dinero que se robó.
En la próxima entrega, lea “El caso de las 79 viviendas”.
Publicado: abril 5 de 2017