Uno de los efectos de la manera como el presidente Santos ha conducido el proceso con las Farc y de los acuerdos que hizo con el terrorismo, más peligrosos para el país, es el desdén hacia la estructura constitucional y legal de la nación.
Con el argumento de que el fin del conflicto, que no la paz, lo justifica todo, el jefe del Estado dio el paso de sobrepasar límites que le han dado solidez a la institucionalidad colombiana.
Infortunadamente esa actitud tiene consecuencias hoy y hacia el futuro, porque deja precedentes a los que podrán acudir otros gobiernos movidos por el afán, el apetito histórico o la vanidad.
El legado de esta administración incluye la negociación de políticas públicas con una organización terrorista, la derogatoria de la soberanía popular y el desconocimiento de la carta fundamental.
La cabeza del ejecutivo lo negoció todo. Basta leer con algún cuidado el documento que firmó al lado de Timochenko, para darse cuenta de que en esos papeles se tratan prácticamente todas las áreas de interés nacional.
De igual manera, poco le importaron algunas definiciones acuñadas por el derecho internacional público, al igual que las fronteras, en materia de competencias del congreso de la república, consagradas en el estatuto básico del 91.
¡Esta es la verdad!
O eso de inventarse la tesis del depósito de los papeles de La Habana en Berna, ¿qué es?
Y actuar con la prepotencia de bautizar el acuerdo como uno especial del derecho internacional humanitario, sin serlo, toda vez que se trata de materias reguladas por instrumentos internacionales, ¿cuál significado tiene?
E inventarse la facultad del parlamento de refrendar acuerdos suscritos por el gobierno y un grupo armado ilegal, que no existe, ¿cómo puede interpretarse?
Como si lo anterior fuera poca cosa, la tapa de la olla, ha sido, sin duda, el famoso fast track.
Mediante semejante esperpento Colombia queda con un congreso sin iniciativa, sujeto al poder de veto del ejecutivo y en poder del ejercicio de facultades extraordinarias imprecisas por parte del presidente.
Es tan grande el peligro para las instituciones, que ya se escucha decir que esas prerrogativas indebidas deben ser utilizadas para legislar sobre todo tipo de materias.
No importa si ellas hacen parte o no de la obra de Santos y Timochenko.
Como se inventaron las mencionadas facultades, llevándose todo de calle, la tentación de ejercerlas es muy grande.
Eso es lo que sucede cuando se hace caso omiso de los límites existentes en el ordenamiento jurídico, para garantizar la estabilidad del sistema y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
En la Colombia de hoy esas tradiciones fundamentales son cosa del pasado.
Lo único que le interesa al gobierno y sus áulicos es la defensa de la obra del doctor Santos, sin importar las dañinas consecuencias para la patria de semejantes acciones.
La Corte Constitucional tiene en sus manos decidir si el fast track, que acaba con la división y el equilibrio de poderes sustituyendo la constitución, es o no conforme con el texto fundamental del 91.
Quiera Dios que, debido a los peligros que nacen de esa figura extraña a nuestro ordenamiento, el máximo tribunal constitucional ejerza la competencia esencial que le otorga la propia carta, es decir, defender la supremacía e integridad de su texto.
Para eso fue que se le dio vida, no para satisfacer las vanidades intelectuales ni la imaginación perniciosa de personajes que son transitorios, pero pueden hacer daños duraderos.
De lo que se trata, pues, es de que la corte constitucional obre con la sabiduría suficiente para evitarle perjuicios inmensos a la nación.
Publicado: abril 10 de 2017