Se anuncia que 1.200 guerrilleros serán parte de la Unidad Nacional de Protección y cumplirán la tarea de escoltar a los jefes de ese grupo. Si se considera que los guerrilleros desmovilizados serán cerca de siete mil (la cifra ha ido creciendo: se habló primero de menos de seis), estaríamos en que casi el 20% de esa guerrilla seguirá armada, sin contar los comandantes y las disidencias vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. Esos 1.200 son un 30% más que todo el M-19 que, cuando se desmovilizó, tenía 917 miembros. Es decir, nos quedamos con una guerrilla armada por cuenta del Estado. Y esos guerrillos harán “presencia” en las mismas áreas en que las Farc han sembrado terror por décadas. ¿Cuál será el impacto en esas poblaciones de ver aun armados a los guerrilleros que asesinaron, secuestraron y extorsionaron por décadas? El poder de intimidación de los fusiles no solo quedará intacto, sino que ahora tendrá bendición oficial.
Por cierto, Santos había dicho que “es mentira, absolutamente falso, que les vamos a dar un sueldo a los guerrilleros de 1.800.000 pesos. Por supuesto todos los colombianos que ganan menos dicen ¿y nosotros qué? Ser bandido entonces paga” y culminó con un rotundo “mentiras”. Pues no, no eran mentiras. Y sí, el resto de los colombianos hemos concluido, con todas las ventajas que les da a los guerrilleros el acuerdo remendado, que con Santos ser bandido paga.
Espero, en todo caso, que a esos 1.200 guerrilleros no se les pagará el estipendio establecido para todos los guerrilleros de casi 700 mil mensual por dos años. Ni los diez millones adicionales pactados para un proyecto productivo. Sería aun más inaceptable. Esas sumas solo tienen excusa para quienes no tengan empleo.
Como es inaceptable y peligrosísimo que otros más de cien guerrilleros hagan parte del área administrativa de la Unidad Nacional de Protección, con acceso a información de seguridad y muy sensible de los distintos personajes nacionales a los que tiene por tarea cuidar esa Unidad.
No estoy diciendo que no pueda haber algunos guerrillos cumpliendo tareas de protección de sus comandantes. Pero deben ser pocos, no deberían estar en las áreas en las que antes delinquían, y deben hacer parte de equipos compuestos en su mayoría por miembros de la Fuerza Pública.
Muy grave también es que no se vaya a recoger y guardar la información sustantiva de las armas que se supone que se entregarán y destruirán: el tipo y serial del arma, que permite establecer su origen, y las huellas helicoidales, que sirven para individualizar cada una de ellas. Cuando un revólver, una pistola, un fusil o una ametralladora disparan, el tubo del cañón por donde sale la munición hace unas estrías en esa bala. Esas estrías son únicas e irrepetibles, como huellas dactilares. A través de análisis técnico balísticos, hoy es posible establecer con exactitud el arma en particular que disparó una bala.
El gobierno ha alegado que “la paz” exige sacrificar la justicia, pero que a cambio habrá verdad. Pues bien, es imposible que haya verdad si no es posible establecer que arma fue usada para asesinar o herir a alguien. Y eso no puede hacerse si se destruyen antes de establecer su serie y las huellas helicoidales que producen.
Para rematar, la entrega de las armas será en secreto, sin presencia de autoridades y de medios. ¿Qué se esconde detrás de tanto sigilo? ¿Porqué no quieren las Farc y el gobierno que veamos y sepamos el número y el tipo de armas que entregarán? ¿Acá también nos meterán gato por liebre, vieja escopeta de fisto por fusil ametralladora?
Por último, hay que leer con cuidado y entrelíneas la carta que enviaron tres decenas de excomandantes de las Fuerzas Militares y la Policía a Santos sobre el desarrollo del acuerdo remendado. No tiene antecedentes en la historia nacional.
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Sobre la pretensión de hacer del acuerdo remendado una norma que esté por encima de nuestra Constitución, y el horror que eso significa, habrá nueva columna.
Rafael Nieto Loaiza
Publicado: marzo 7 de 2017