La semana pasada se presentó la propuesta de la reforma electoral, que ha venido trabajando la Misión Electoral, designada para ello, como desarrollo a los acuerdos de paz del gobierno Santos con las Farc. Esta misión electoral, está conformada por personas conocedoras de los procesos electorales, de amplia experiencia en el seguimiento a procesos electorales en diferentes países y con trayectoria en la investigación y la academia.
Ahora bien, como todos los ajustes estructurales que se vienen haciendo al sistema jurídico colombiano, a raíz de los acuerdos de paz, los ajustes al sistema electoral y todos los propuestos por esta misión, se implementarán a través del sistema de Fast Track. Por ello, es necesario no solo estudiar y mantener la atención a lo propuesto, pues rápidamente serán llevados a cambios en nuestra Constitución y leyes. Si bien, los ajustes y propuestas pueden ser necesarios y relevantes, el sistema implementado por el gobierno y aprobado por la Corte Constitucional, del Fast Track, genera un inmenso riesgo, frente a todos los cambios que se están aprobando a la Constitución Política y las normas. Todo ello, tiene un enorme y directo impacto sobre la institucionalidad y la capacidad o incapacidad, de poner en marcha lo que se está modificando, más aun cuando no se estiman tiempos de transición.
Con respecto a la Misión, quienes la conforman, han trabajado desde mediados de enero, en elaborar la propuesta que están presentando al gobierno, a los partidos políticos, a las asociaciones de la sociedad civil y a los colombianos en general.
En concreto, la propuesta pretende cambios y ajustes en tres ejes que la Misión ha considerado centrales: la arquitectura institucional, el financiamiento de las campañas políticas y el sistema electoral. En otras palabras, se sugiere fortalecer los controles a la financiación de las campañas, asegurar sistemas equitativos para la distribución de los recursos, crear un sistema electoral más transparente.
En esto ultimo, se propone relevar a la Registraduría Nacional, y separar el proceso de la organización de elecciones, del proceso del escrutinio o conteo de votos. Adicionalmente, separar la función de registro de ciudadanos de la elaboración del censo electoral, y se crean dos instancias: un Consejo Electoral y una Corte Electoral, cada uno conformada por 5 miembros de origen no partidista.
Colombia, a través de la Registraduría Nacional, es ampliamente reconocida a nivel internacional, por la labor institucional seria y transparente en la organización de elecciones y la realización exitosa de los procesos de escrutinios. Entonces ¿por qué desmontar un proceso serio y exitoso, por la premura de los cambios que se quieren presentar al Fast Track?. A mi modo de ver, se equivoca gravemente la misión en esta propuesta.
De igual manera, se equivoca la misión en sugerir un gran trasformación a la operación del censo electoral, que tanto interés representa para quienes han estado al margen de la ley. en separarlo de la institucionalidad que lo ha organizado y operado con seriedad. Si se trata de dar transparencia, se debe establecer un sistema de control con participación pluralista, sin separarlo en su conformación.
La propuesta implica un aumento de costos que considero es significativo y que vale la pena discutir de cara a la opinión publica. Todos estos posibles incrementos en costos de operación, representan una financiación adicional que sale del bolsillo de los colombianos. Al mismo tiempo, se tiene que tener en cuenta el impacto económico del sistema de financiación de las campañas políticas.
En el sentir de la mayoría de los colombianos, el eje central de la reforma debe ser el de la financiación de las campañas políticas. Como ya se ha dicho, la reforma tiene que tener respuesta para el cumplimiento de varios desafíos, como mejorar los controles para garantizar no solo la transparencia, sino la confianza en los resultados electorales. Evitar que los financiadores, sean después los principales adjudicatarios de los contratos estatales como ocurre en alcaldías, departamentos y en el gobierno nacional; corregir que sean financiadores de las campañas y por ello, posteriormente los designados para ocupar los más altos cargos públicos.
¿Cuáles son las soluciones que se proponen para la violación de topes de financiación o para evitar las trampas a través de mecanismos financieros y trucos comerciales? ¿Cuáles son las propuestas especificas adicionales para la rendición de cuentas de las campañas sobre el manejo financiero y el aporte a las mismas?. Preguntas como estas, deben ser resueltas para ser incluidas en la reforma propuesta. De lo contrario, corremos el riesgo como país de contar con una reforma incompleta, que no se ajusta a las urgentes medidas que se deben aplicar, para contener y atajar el avance corrupto e ilegitimo al cual se ha llegado para ejercer la política en el país, en los últimos años.
Por último, el aumento propuesto del número de Representantes a la Cámara, contiene en materia de costos, un impacto importante, al mismo tiempo profundizará el desprestigio del Congreso, frente a los colombianos. Los ciudadanos no queremos más Representantes a la Cámara, sino un Congreso más legítimo, conectado con las necesidad reales del pueblo.
El desafío de la misión es enorme, pero los retos de la Colombia actual son enormes, por ello, sugiero abrir el análisis a más colombianos que puedan aportar en la construcción de un sistema sólido y transparente de la financiación política, mejores controles y mayor participación ciudadana.
Publicado: marzo 27 de 2017