Mientras Santos habla de paz con las Farc, el campo colombiano se está llenado de coca. El más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos habla de unas 200.000 hectáreas cultivadas, la cifra más alta de la historia. Los cultivos ilícitos en Colombia han experimentado un incremento superior al 400% respecto al año 2010, cuando gracias a la política de la Seguridad Democrática de la Administración Uribe, se redujeron a 40.000 hectáreas.
El narcotráfico es un cáncer para Colombia, es la fuente de financiación de la violencia. Es un negocio tan lucrativo que los carteles de la droga han logrado sostener una sangrienta guerra contra el Estado, que en ocasiones, lo ha doblegado. El Cartel de Medellín, de Cali, del Norte del Valle, las Farc, el Eln, las AUC, la Oficina de Envigado, Los Comba y hasta los ganchos del Bronx, han utilizado el terrorismo contra la población como mecanismo de control y presión contra las autoridades.
Nuestra geografía vertical, la debilidad institucional, la ausencia del Estado en gran parte del territorio, la espesa vegetación de nuestras selvas y montañas, la falta de vías e infraestructura y la dificultad de los campesinos para acceder a los centros urbanos y sus mercados, son algunos de los factores que ayudan a explicar la expansión del fenómeno del narcotráfico en el país.
Por eso, es ingenuo pretender que una familia campesina de la Serranía de San Lucas en el sur de Bolívar, o en el Catatumbo en Norte de Santander, o en regiones apartadas del Putumayo, no siembre coca. Son pocas las alternativas productivas que tienen a disposición, pero sobre todo, la más rentable, y tal vez la única rentable, sea la coca. No solo por el control que ejercen los grupos armados ilegales en dichas regiones, quienes generalmente obligan a los campesinos a dedicarse a los cultivos ilícitos, sino por la dificultad de acceder a los mercados con otros productos agrícolas.
La erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos es una gran mentira. La única manera de que haya sustitución, es que el cultivo legal sea competitivo frente a la coca, y como ninguno lo es, el gobierno tendría que dar un subsidio, a perpetuidad, equivalente a la rentabilidad de la coca. Es decir, el Estado tendría que competir contra la materia prima del negocio más lucrativo del planeta. Competencia insostenible y que se convierte en un estímulo perverso.
El problema de los narcocultivos es un problema de mercado. Pero si a esa realidad le sumamos factores políticos, el panorama es peor. El gobierno Santos, como concesión a las Farc, decidió suspender la fumigación aérea de cultivos ilícitos y comprometerse con la inviable sustitución voluntaria. Lo que equivale a renunciar a la lucha contra el narcotráfico.
El resultado de esa política de la administración Santos, son las 200.000 hectáreas de coca que hoy tenemos en Colombia. Las cuales no se transforman en te de coca ni en hoja para mascar, de ahí se producen cerca de 600 toneladas métricas de cocaína al año, que no solo se están exportando, sino que se distribuyen por las calles y veredas del país, generando un problema social y de salud pública de incalculables consecuencias.
Publicado: marzo 10 de 2017