Cuando pensamos que nada podía ser peor, el gobierno da un paso agigantado hacia la destrucción de nuestro Estado Social de Derecho. El proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz, constituye un verdadero festín de impunidad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no solo pone en jaque el principio de legalidad, afecta de manera sustancial la división de poderes, pues permitir que un órgano que no forma parte de la rama judicial, pueda administrar justicia, constituye el primer eslabón hacia una tiranía reglamentada por la ley y la constitución.
La JEP se convierte entonces, en el punto de quiebre de los equilibrios de poderes del Estado Social de Derecho, sin embargo, la JEP no solo afectara la estructura de nuestro Estado, también permitirá impunidad para delitos de lesa humanidad.
Recordemos que el acuerdo de paz establece las llamadas “sanciones propias de la JEP”, las cuales en palabras del texto, “en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión“, lo que equivale en otras palabras, a que no habrá cárcel para los delitos propios de la Justicia Especial para la Paz.
Siguiendo con esa lógica, al otorgar a la JEP la facultad de administrar justicia para quienes participaron en conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los derechos humanos, se esta permitiendo a través de la ley la posibilidad que aquellos responsables de delitos atroces no paguen ni un día de cárcel.
Quizás la única tabla de salvación que tenía el acuerdo de paz para garantizar justicia en delitos de lesa humanidad, era la posibilidad de no juzgar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, todos aquellos delitos ejecutados con posterioridad a la firma del acuerdo final. Sin embargo el gobierno en su afán de blindar a las Farc para que no paguen ni un día de cárcel, decidió mediante ley atribuir competencia a la JEP para juzgar delitos de ejecución sucesiva, lo que significa que los delitos que no hayan cesado sus efectos posteriores a la firma del acuerdo final, también podrán ser juzgados con penas propias de la Jurisdicción Especial para la Paz.
En otras palabras, el gobierno pretende imponernos mediante ley, que delitos de ejecución sucesiva, como el reclutamiento de menores, sean juzgados por la JEP, permitiendo que responsables de delitos de lesa humanidad no paguen ni un día de cárcel.
Quizás ya lo había dicho en textos anteriores, pero cada día que pasa, en Colombia se hace más tangible la frase de Montesquieu: “no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de la ley”. La calle será nuestra salida para combatir al tirano.
Publicado: marzo 9 de 2017