Desde la seguridad que provee el anonimato, miles de personas se dan a la tarea de insultar, amedrentar, acosar y amenazar a través de las redes sociales.
Por medio de cuentas falsas se han difundido noticias mentirosas que han generado pánico y confusión en la sociedad. Así mismo, son muchos los casos de menores de edad que han sido contactados en redes desde perfiles falsos, con el propósito de abusar sexualmente de ellos, incitándolos a realizar actos de pornografía infantil.
Tenemos que aceptar que no hemos tenido la capacidad para acomodarnos a estas situaciones producidas por el rápido avance de la tecnología de la información. Si bien es cierto que debemos propender por garantizar la libertad de opinión y de expresión de todos los ciudadanos y que las redes sociales son una maravillosa tribuna democrática en la que cada quien puede expresar con total libertad sus ideas y preferencias, no podemos dejar de lado que éstas –las redes sociales- también se han convertido en un espacio para la difusión, desde la clandestinidad, de mentiras que pueden afectar gravemente el honor y la dignidad de las personas que son víctimas de lo que ahora se conoce como el cyberacoso.
El Estado no puede cruzarse de brazos frente a este fenómeno que ha llevado a muchas víctimas del matoneo a tomar medidas extremas.
Debe sancionarse a aquellas personas que elaboran perfiles falsos desde los cuales contactan a niños y adolescentes para efectos de vulnerarlos, manipularlos y conducirlos por caminos equivocados.
Teniendo en cuenta esa realidad, he presentado un proyecto de ley que busca introducir en el código penal el delito de creación o utilización de cuenta falsa o anónima. Con esta norma, el Estado tendrá herramientas para perseguir y sancionar penal y económicamente a quienes creen y utilicen cuentas falsas en las redes sociales para injuriar, calumniar o vulnerar la intimidad personal y familiar de otra persona o para publicar, reproducir o repetir injuria o calumnia imputada a otro.
Así mismo, este proyecto busca imponer sanciones a todos aquellos que dese cuentas falsas difundan noticias mentirosas que confundan a la población o generen pánico económico o social. La sanción que prevé este proyecto de ley es de 1 a 2 años de prisión y multa de hasta 100 salarios mínimos.
El debate está servido: creo que la sociedad debe ampliar aun más las garantías para la libertad de expresión, pero al mismo tiempo debe fortalecer la protección de los derechos de las personas que son víctimas de ataques cobardes proferidos desde perfiles anónimos.
No perdamos de perspectiva que una persona víctima de bullying puede sufrir secuelas permanentes que afectarán para siempre su desarrollo emocional y social.
Publicado: marzo 4 de 2017