Queda claro que el procurador Carrillo le hace un favor al gobierno intentando evitar la nulidad en el caso Pretelt.
El recientemente posesionado procurador general de la nación, Fernando Carrillo, adoptó una muy cuestionada decisión respecto del proceso que se adelanta contra el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, señalado de haber exigido un supuesto soborno de 500 millones de pesos a la empresa Fidupetrol para efectos de darle vía libre a una tutela presentada por dicha compañía ante la corte Constitucional.
El año pasado, de manera muy cuestionable y violentando el debido proceso, la plenaria del Senado ordenó remitir el caso de Pretelt a la corte suprema de justicia con el fin de que esa corporación avoque la investigación penal.
La decisión del senado fue duramente cuestionada en aquel momento, pues Pretelt fue “juzgado” sin que ni siquiera su abogado tuviera la oportunidad de hablar ante los congresistas que, en ese momento, ejercían como jueces.
Así mismo, el senador instructor del caso, José Obdulio Gaviria, presentó un proyecto de fallo en el que evidenciaba el cúmulo de irregularidades procesales que obligaban a que el proceso fuera anulado y devuelto una a la cámara de Representantes para efectos de volver a comenzar.
De manera insólita, las mayorías del senado, afectas al gobierno de Juan Manuel Santos -bastante interesado en sacar a Pretelt del camino- alegaron que ellos, los senadores, no eran competentes para resolver nulidades.
De acuerdo con el código de procedimiento penal, “el funcionario judicial está en la obligación de corregir los actos irregulares, respetando siempre los derechos y garantías de los sujetos procesales”. Y en el caso de Pretelt, el senado hacía las veces de “funcionario judicial”.
Desde siempre se sospechó que Fernando Carrillo, exministro y exembajador de Santos sería un procurador de bolsillo del gobierno nacional.
El nuevo procurador general de la nación, a lo largo del actual gobierno, se ha dedicado a lisonjear al primer mandatario de forma permanente. Siendo embajador santista en España ordenó publicar un libro sobre el presidente de la República al que le puso el estrafalario título de La estirpe de los Santos, una vergonzosa apología de la familia de quien era su jefe directo.
Al parecer, a Carrillo le fluye aquello de agradar al presidente y prueba de eso fue la decisión que adoptó recientemente de ordenar el retiro de una solicitud de nulidad presentada por una funcionaria de la procuraduría en la que solicitaba a la sala penal de la corte suprema de justicia decretar “la nulidad de los actuado a partir de la orden del Senado de la República de enviar el proceso a la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia”, en referencia al caso del magistrado Jorge Pretelt.
La funcionaria que hizo dicha solicitud, Liliana Rosa Cardona fue designada en el cargo de procuradora primera delegada para la investigación y el juzgamiento penal por el propio Fernando Carrillo y de acuerdo con una fuente de LOS IRREVERENTES, ella tiene un vínculo familiar con el procurador general.
¿Cuál es el interés de Carrillo de impedir desde la procuraduría que se le respeten los derechos procesales vulnerados al magistrado Pretelt? No es común que un procurador general ordene retirar una solicitud presentada por una alta funcionaria del ministerio público, razón por la que en la corte suprema se maneja la hipótesis de que Carrillo tuvo que haber sido presionado desde una instancia superior.
Al margen de esa cuestionable decisión, lo evidente en este caso es que las múltiples causales de nulidad que obran en el expediente seguirán brillando, así el gobierno haga hasta lo imposible para evitar que se devele el monumental montaje que desde la Casa de Nariño ordenó erigirse contra Jorge Pretelt, quien era una de las voces más críticas de los desmanes del Ejecutivo en su negociación con las Farc.
Publicado: marzo 2 de 2017