Colombia, tienes toda la razón para estar enverracada. Tuvimos la razón cuando dijimos en la campaña del plebiscito que Juan Manuel Santos no estaba negociando la paz para el país, sino la entrega del mismo a los que durante décadas nos atacaron sin piedad, y además nuestras advertencias resultaron ser un reflejo pálido de la realidad que estamos viviendo.
Lamentablemente para el país, absolutamente todo lo que dijimos en campaña que iba a suceder está sucediendo. Dijimos que los guerrilleros se iban a ganar un salario de $1.800.000 pesos, y ahí tenemos que más de mil guerrilleros entrarán a formar parte de la Unidad Nacional de Protección con ese salario. No contentos con esto, los guerrilleros podrán conformar empresas de vigilancia privada. Es decir, estos mismos guerrilleros que supuestamente dejarían las armas serán unos de los pocos privilegiados que podrán portar armas legalmente en el país. Unas personas que no tienen una educación distinta a la que les enseñaron en el monte, acostumbradas a vivir una vida de ilegalidad, serán los llamados a salvaguardar la vida y bienes de los colombianos.
También dijimos que los guerrilleros iban a escoger a sus propios jueces seleccionando a los magistrados del Tribunal Especial de Paz, y ahí tenemos que el terrorista Carlos Antonio Lozada escribió el 7 de marzo en su cuenta de twitter: “Hoy estuvimos trabajando con Comité que elegirá a los Magistrados de la Justicia Especial para la Paz. @FARC_EPueblo @ComisionadoPaz”.
Aparte de Colombia no conocemos ningún país en el cual los delincuentes tengan el privilegio de escoger a sus propios jueces. De ello, podemos concluir que las Farc no están escogiendo a sus jueces, sino a los jueces que juzgarán a sus enemigos.
Otra cosa que dijimos fue que el acuerdo iba a ser parte del bloque de constitucionalidad. En este punto nos quedamos cortos, ya que nunca nos imaginamos que no sólo iban a formar parte de la Constitución Nacional, sino que, a través de una jugarreta, vía “fast track” el congreso aprobó un acto legislativo que blindaría los acuerdos durante tres períodos presidenciales. Es decir que, en teoría, ningún gobierno ni congreso futuro podría cambiar ni una sola letra del acuerdo con la narcoguerrilla de las Farc. Esos tres períodos presidenciales podrían ser de doce o de quince años, dependiendo de si el gobierno logra aumentar, vía “fast track”, el período presidencial a cinco años.
En cuanto al “fast track”, cuya existencia misma estaba sujeta a la refrendación popular en el plebiscito, dijimos que en manos de un presidente autoritario sería un peligro. No creemos que hoy en día quepa duda alguna de que Juan Manuel Santos ha abusado de dicho poder especial. Me explico, el fast track únicamente se puede utilizar para que el Congreso apruebe leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación del acuerdo en la mitad del tiempo que la ley estipula y sin cambiar el contenido del mismo. Ahora resulta que no solo lo están utilizando para implementar el acuerdo, sino para legislar sobre temas que no son parte taxativa del acuerdo, sino una mera interpretación libre de los mismos.
Razones para estar enverracados sobran. No solo nos han mentido, sino que también nos han sumido en el grado más alto de corrupción en la historia de este país. El caso de los sobornos transnacionales de Odebrecht, que apenas comienza a mostrar los alcances que tuvo en Colombia, sería razón suficiente para que Juan Manuel Santos tenga algún asomo de vergüenza o de preocupación. Pero el cinismo que lo caracteriza lo llevó a decir que Odebrecht logró penetrar a Colombia, pero no logró penetrar a su gobierno. Me encantaría saber cómo esto es posible, pues hasta donde se sabe ningún colombiano del común tiene la potestad de decidir qué contrato se adjudica, ni a quién. Esa potestad, junto a la respectiva responsabilidad, únicamente la tienen funcionarios públicos del gobierno. Odebrecht penetró al gobierno Santos desde el momento en que estaba haciendo su campaña para la presidencia, porque esa empresa buscaba que le adjudicaran contratos, contratos que fueron adjudicados.
Por estas razones y muchas más tenemos que salir a marchar el primero de abril. Aprendamos de las lecciones que nos han dado los países que no toleraron más la corrupción y el autoritarismo, como Brasil y Ecuador, que está ad portas de liberarse del yugo del Socialismo del Siglo XXI. Tenemos derecho a estar enverracados. Este país nos pertenece a nosotros y no a un oligarca corrupto y populista con ínfulas de comunista.
Publicado: marzo 10 de 2017