Irregularmente, Consejo Electoral aprobó a finales de diciembre una resolución declarando la legalidad de las cuentas en campaña de Santos.
El favor del CNE a Santos
Antes de que estallara en forma el escándalo de Odebrecht y que éste salpicara de manera directa al gobierno de Juan Manuel Santos, de manera silenciosa, el consejo nacional electoral le hizo un favor gigantesco a la campaña reeleccionista de 2014, resolviendo que los topes de la misma no fueron transgredidos.
Las cuentas de la campaña
De acuerdo con la rendición de cuentas presentada por el gerente Roberto Prieto, en esa campaña se gastaron $13.503 millones de pesos en la primera vuelta y $9.475 millones en la segunda.
Esas cifras, claramente maquilladas por Prieto quien recibió por lo menos $2 millones de dólares por debajo de la mesa de Odebrecht, se ajustaron a los topes que para la época fueron fijados por el consejo electoral.
La queja presentada
En febrero de 2015, la señora Anatilde Hernández de Romero presentó una queja ante el CNE solicitando que se investigara la rendición de gastos presentada por la campaña santista.
Dos meses después, el CNE atendió la solicitud e inició la respectiva indagación.
Para tal efecto, se revisó la auditoría presentada por SAC Consulting S.A.S y se halló que antes de la primera vuelta de 2014, la campaña del presidente de la República realizó algunos pagos con anterioridad a la inscripción de su candidatura, lo que constituye una falta menor.
Las conclusiones del CNE
Llevada a cabo la respectiva “investigación” por parte del CNE, este cuerpo concluyó que “la presunta violación al régimen de financiación de campañas electorales, no ocurrió, toda vez que a pesar de los hallazgos encontrados por la firma SAC Consulting S.A.A, en el marco de la auditoría externa a la campaña presidencial del doctor Juan Manuel Santos Calderón en primera vuelta, se constató que fueron subsanados…”.
Cosa juzgada
De manera rápida, en la tarde del pasado 14 de diciembre de 2016, mientras el país estaba concentrado en las festividades de fin de año, el consejo nacional electoral aprobó la resolución 3273 en la que “se ordena el archivo del expediente”.
Así las cosas, el máximo tribunal electoral colombiano alegará que todo lo relacionado con la financiación de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014 es “cosa juzgada”, razón por la que podrá decidir inhibirse de revisar el cúmulo de evidencias que aparecieron pocas semanas después de que se aprobara la cuestionable resolución.
Dudas sobre la legitimidad
LOS IRREVERENTES pudieron establecer que en el seno del consejo nacional electoral hay dudas sobre la legalidad de esa resolución pues al parecer ésta fue aprobada de forma irregular, sin tener en cuenta algunos reparos que sobre la misma tenían algunos magistrados de aquel tribunal. Para algunos, el magistrado ponente de la misma, indujo a error a sus colegas.
Para subsanar la falta que tendría connotaciones disciplinarias y penales, se ha planteado adelantar una revocatoria directa, figura que no aplicaría por cuanto la resolución ya está en firme.
Pero lo cierto es que ésta parece haber sido confeccionada a la medida de las necesidades del presidente Santos, pues sí resulta cuando menos sospechoso que su aprobación se haya dado de manera tan accidentada, pocas semanas antes de que salieran a la luz pública las evidencias que dan cuenta del maridaje entre los directivos de la campaña reeleccionista y Odebrecht.
Publicado: marzo 15 de 2017