Cuando el “señorío” perdió su connotación feudal relacionada con el poder, adquirió una más hermosa: la de un valor, el de “la gravedad y mesura en el porte o en las acciones”; el del “obrar sujetando las pasiones a la razón”.
Es todo un “señor”, decían los abuelos, siseando con fuerza la primera sílaba, cuando se referían a una persona recta, decente, honorable; antes de que en nuestra trastocada escala de valores fuera más importante ser “doctor” a toda costa.
Como un “señor” actuó Óscar Iván Zuluaga, al aplazar su precandidatura hasta tanto no se esclarezcan los interrogantes sobre pagos de Odebrecht a Duda Mendonça en 2014. Los medios, tan dados a interpretar, a veces con facilismo conveniente, ya lo sacaron de la contienda. Pero vuelvo a mi manía de consultar el diccionario, donde aplazar significa “retrasar el momento de realizar algo”.
“Al perro no lo capan 2 veces” es otra joya de nuestro refranero. En enero de 2017, la justicia produjo una sentencia amarga desde la perspectiva de lo que pudo haber sido y no fue: cerró el proceso abierto en plena campaña de 2014 contra Óscar Iván por el caso del hacker, “frente a la inexistencia de motivos o circunstancias fácticas que permitan siquiera inferir en forma razonable que el actuar de Zuluaga pueda revestir en la característica de delito”. El país conoce lo que no debió haber sido y sí fue: el candidato presidente ganó la reelección y hoy nadie duda del impacto del escándalo en la decisión de los colombianos de castigar en las urnas a quien había punteado en la primera vuelta, mientras la justicia demora el veredicto sobre infiltración criminal a la campaña, denunciada por el propio Zuluaga.
Óscar Iván no renunció, solo “aplazó” su candidatura hasta que la justicia produzca resultados. En esta ocasión, para bien del país, la Fiscalía está recuperando su neutralidad y su eficacia, porque, sencillamente, las instituciones son la expresión de quien las dirige. Pero en esta ocasión también, no es suficiente que se produzcan resultados sino que se produzcan pronto. No podría ser que, otra vez, después del 7 de agosto de 2018, la justicia exonere de responsabilidad a la campaña de OIZ frente a las acciones ilegales, taimadas y unilaterales de Odebrecht para influir sobre el poder en Colombia, dejando la sensación –o la certeza– de que le robaron una segunda presidencia, y discúlpenme la crudeza del término.
El fiscal debe esclarecer con prontitud los interrogantes sobre la participación de Odebrecht en los pagos a Mendonça. Tremenda responsabilidad, porque habrá presiones interesadas en dilatar el proceso, pues una exoneración total produciría hoy el efecto contrario al de 2014, y catapultaría a Oscar Iván a la Presidencia.
Una última reflexión. La justicia de Estados Unidos estableció con precisión que durante el gobierno Uribe Odebrecht pagó USD6,5 millones en sobornos, y se sabe que García los recibió todos para su beneficio. Estableció también que durante el gobierno Santos pagaron 4,5 millones, pero esos están todavía embolatados, mientras el gobierno afirma que el trayecto Ocaña – Gamarra fue un excelente negocio. ¿Para quién lo fue? ¿Para Otto y sus amigos, para el puerto Parody, para la campaña reeleccionista?
Hoy revienta el pago de una encuesta secreta de ¡un millón de dólares! para la última campaña y de 400 mil para afiches en la de 2010. ¿Desde entonces fueron penetradas las campañas de Santos? Óscar Iván respondió con señorío, ¿cómo debería responder el presidente, que no sea señalando a los medios de “imprudencia” y de “frenesí acusatorio”? ¿Censura, o falta de señorío? Juzguen ustedes.
Publicado: marzo 15 de 2017