El propósito del proceso de paz con las Farc debe ser desarmar a la guerrilla, no entregarle las armas del Estado a sus ex combatientes. Así lo establece el Decreto 301 de 2017, mediante el cual, el gobierno Santos ordena entregarle armamento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a 1.200 guerrilleros de las Farc. Guerrilleros que integrarán los esquemas de seguridad de los comandantes y miembros del secretariado de las Farc.
Según el Director de la UNP, esta entidad tiene aproximadamente 400 escoltas de planta. A raíz del mencionado Decreto, vincularán a 1.200 escoltas de las Farc con un salario superior a un millón ochocientos mil pesos mensuales. Es decir, aumentarán el número de escoltas de planta en un 300%, donde el 75% del total serán de las Farc.
Adicionalmente, vincularán 105 nuevos funcionarios a la planta administrativa, pertenecientes a las Farc, entre ellos al Subdirector de la Unidad Administrativa Especial. Funcionarios que tendrán acceso a información sensible sobre los esquemas de protección del Estado: información sobre las familias de los protegidos, lugares de residencia, desplazamientos, lugares frecuentados, integrantes de los esquemas, etc.
Es comprensible que los desmovilizados de las Farc teman por su seguridad, el Estado debe garantizarla. Pero hacer de un organismo de seguridad del Estado “un cuerpo de seguridad de naturaleza mixta” con las Farc, como lo establece el decreto, puede significar una grave amenaza a la seguridad nacional. Si bien el Estado debe proteger la vida de quienes se reintegren a la vida civil, no puede poner en riesgo la seguridad de los colombianos.
Según Joshua Mitrotti, Director de la Agencia Colombiana de Reintegración, el 90% de las personas que integran grupos armados ilegales sufren de estrés postraumático, el 34% tiene dependencia a las drogas y al alcohol, el 26% tienen dificultad para controlar sus impulsos y el 27% sufren de ansiedad. A pesar de eso, el gobierno Santos va a entregarle armas del Estado a 1200 guerrilleros de las Farc sin haberlos sometido a un proceso de resocialización, ni a un tratamiento psiquiátrico. Personas que se dedicaban a delinquir, al asesinato, a la extorsión y al secuestro, ahora portarán las armas de la República por las calles y veredas de Colombia.
Nadie quiere que se repita un escenario como el de los asesinatos a líderes de la Unión Patriótica, muchos de ellos asesinados por las propias Farc, pero no es razonable que ahora la guerrilla haga parte de la estructura orgánica de los cuerpos de seguridad del Estado. Si es del caso, pues que creen una entidad de protección exclusiva para las Farc, pero no pueden poner a las Farc a proteger a quienes hoy cuentan con seguridad del Estado.
Cuando lo advertimos durante las negociaciones, el Gobierno dijo que era una mentira de los promotores del NO, pero los hechos nos han dado la razón. El Gobierno Santos armará a las Farc, poniendo en riesgo la seguridad de todos los colombianos.
Publicado: marzo 3 de 2017