Esta semana quedó perfectamente demostrado que las Farc, a través de la «comisión de seguimiento y verificación», cogobiernan a Colombia.
En plena campaña del plebiscito aprobatorio del «Acuerdo Final» Santos-Timochenko, el senador del CD José Obdulio Gaviria, dijo en el programa Voces RCN, que un punto inaceptable para los promotores del No, era la pactada constitución de una «Comisión de seguimiento y verificación» que cogobernaría a Colombia en los próximos diez años.
Antonio Sanguino, presidente del Partido Alianza Verde y participante ese día en Voces RCN, saltó de su asiento y negó rotundamente que existiera tal acuerdo. «Es una falsedad y una manera de desprestigiar el proceso de paz», dijo. Juan Carlos Iragorri, conductor del programa, preguntó a Gaviria de cuál texto hablaba y el senador leyó las páginas 193 y siguientes del Acuerdo Final. Hubo sorpresa general, pero, la verdad, nadie dio trascendencia a la denuncia y las aguas plebiscitarias siguieron su curso.
El dos de octubre, el pueblo rechazó con un No rotundo el «Acuerdo Final Timochenko-Santos» y el presidente Uribe, líder del No, entabló inmediatamente negociación con Santos, a fin de redactar un nuevo acuerdo.
Uno de los “inamovibles” que plantearon los dirigentes del No fue la exigencia del retiro de la tal comisión. «No puede ser que las FARC sean la primera y ultima palabra de lo que se legisle en el país en los próximos 10 años», argumentaron.
Santos y Timochenko saltaron por encima de la voluntad popular e impusieron el acuerdo a pesar de su derrota en el plebiscito. El 7 de diciembre pasado, subrepticia y clandestinamente, procedieron a darle cuerpo a la Comisión mediante decreto 1995 de 2017. Allí Santos ordena que Iván Márquez, Alape y un cabecilla de apellido o de alias «Quintero» –no se especifica-, apoyados por miembros de los gobiernos de Cuba y Venezuela sean quienes constaten “que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, correspondan a lo acordado, antes de que sean expedidos por el Presidente de la República o presentados ante el Congreso, según sea el caso. Para estos efectos, se tendrá en cuenta el listado no exhaustivo de proyectos incluidos en el Acuerdo Final”.
Con ácido sentido del humor, el decreto que empodera a las Farc para cogobernar con Santos, dice que todo se hará “sin perjuicio de las competencias del Congreso de la República.
Que Timochenko y sus delegados toman en serio su nuevo papel de mandatarios, quedó demostrado en un primer leve intento “creativo” del congreso. El senador Carlos Fernando Galán se le ocurrió establecer que si los terroristas indultados o amnistiados reinciden, perderán el derecho a ser elegidos. La norma quedó consignada en el artículo 19 de la JEP. ¡Oh indignación de las Farc! Los terroristas, por intermedio de Jesús Santrich, quisieron dejar claro quién manda hoy acá: “esto no está en concordancia con lo pactado (…) porque esas inhabilidades para la guerrilla no fueron acordadas”, dijo.
‘Santrich’ amenazó a los conciliadores de senado y cámara: “vamos a esperar a la conciliación de la JEP, que debe darse en los próximos días en el Congreso. Esperamos que eso se caiga porque no hace parte de lo acordado”, les dijo, y remató: “si esa proposición queda incluida dentro de la JEP, habría una crisis porque eso querría decir que se están cambiando las reglas de juego y eso violaría el principio del pacto que firmamos”.
El gobierno, solícito, ordenó a los conciliadores, oficialistas incondicionales, olvidarse del artículo “rebelde” y votar de acuerdo a las indicaciones de las Farc. Galán, el senador firmante de la iniciativa, atemorizado, se plegó a las decisiones de la “comisión de cogobierno’ y, mansamente, votó en contra de su propia proposición.
En todo caso, muchos amigos de buena fe del “proceso de paz” han comenzado a manifestar su preocupación por los alcances de la claudicación de Santos ante las Farc. Pedro Medellín, columnista de Semana, se preguntó si esa comisión es “revolución o claudicación” y en el propio senado hubo expresiones de aprobación cuando José Obdulio Gaviria pronosticó que esa comisión funcionará solo hasta el 7 de agosto de 2018, cuando se instale un nuevo gobierno.
Y un dato como para Ripley: un artículo del decreto de Santos establece que aunque la sede de la comisión es Bogotá, «podrá funcionar en La Habana». Ver para creer.
Publicado: marzo 24 de 2017