Algunos insinúan que el presidente Uribe traicionó a los electores del NO. Su proceder es el de un estadista responsable.
En los últimos días hubo oportunidad de leer algunas posiciones y reflexiones del expresidente Álvaro Uribe sobre el futuro del acuerdo de paz después de 2018, año en el que se espera que la oposición gane las elecciones presidenciales.
El debate comenzó por cuenta de unas declaraciones del senador José Obdulio Gaviria en las que aseguraba que el Centro Democrático en el poder reversaría algunos elementos del acuerdo Santos-Farc.
La discusión está servida: ¿Qué debe mantenerse, qué debe modificarse, qué debe mejorarse y qué debe suprimirse? Y ahí entró el expresidente Uribe a separar los elementos del análisis. Nadie con un mínimo de sensatez estará en contra de que, por ejemplo, las Farc concentren a sus integrantes en determinadas zonas de ubicación temporal. Tampoco habrá disenso en que se produzca una desmovilización de los guerrilleros de la base con una amnistía amplia y generosa para todos aquellos que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
El estado de no violencia es fundamental. Que los ilegales dejen de matar, dejen de extorsionar, de traficar estupefacientes, de desplazar campesinos, de reclutar a niños. Aquello debe mantenerse.
Pero al mismo tiempo hay elementos que son de obligatoria revisión, para efectos de proceder a introducir los cambios que sean necesarios. El primero de ellos, los alcances de la denominada justicia especial de paz, mecanismo macabro que romperá en mi pedazos la juridicidad colombiana y convertirá a la justicia ordinaria de nuestro país en una convidada de piedra. La manera como se integrará el tribunal, la forma como se designarán los magistrados y los alcances infinitos de la jurisdicción son elementos que no son admisibles, tal y como han sido planteados.
Tampoco es aceptable que un delito autónomo como el narcotráfico pase a convertirse en conexo del delito político para efectos de cobijarlo con amnistía.
Aquella nueva calificación del narcotráfico pone a la democracia colombiana al borde del abismo y amenaza con convertir a nuestro país en un narcoestado.
Adicionalmente, el acuerdo con las Farc debe ser modificado en temas sustantivos como los son la reparación a las víctimas, el esclarecimiento a la verdad y la garantía de no repetición. Tal y como está la redacción del documento actual, un reincidente podrá mantener los beneficios que otorga la JEP y aquello, en pocas palabras, significa que los guerrilleros de las Farc han quedado con una licencia ilimitada para delinquir.
Esas y otras consideraciones adicionales fueron ampliamente expuestas durante la campaña del plebiscito que tuvo lugar el pasado 2 de octubre. El pueblo concurrió a las urnas y mayoritariamente respaldó la opción del NO.
El presidente Uribe y demás líderes del NO, entre los que se contaban los 3 precandidatos del Centro Democrático a la presidencia, el exprocurador Ordóñez, la exministra Martha Lucía Ramírez, cristianos y representantes de las víctimas hicieron lo que correspondía: establecer un diálogo con el gobierno para efectos de encontrar un mecanismo que no generara traumatismos institucionales con miras a incorporar un nuevo acuerdo que incluyera todas, absolutamente todas, las exigencias de los ciudadanos que votaron por el NO.
Y aquella actitud era la que requería el momento histórico. No fue, como se ha querido insinuar desde algunos sectores, un acto de traición, ni mucho menos. Aquello era lo que podían y debían hacer aquellos que ejercieron la vocería ciudadana.
Distinto fue lo que hizo el gobierno que de manera tramposa, mientras dialogaba con los jefes de la oposición, se fue a La Habana a maquillar el acuerdo improbado para luego desconocer el resultado de las urnas e imponer el documento de manera ilegítima a través de unas mayorías clientelistas en el Congreso de la República.
Nadie puede esperar que un demócrata integral como el presidente Uribe, respetuoso de las instituciones obrara de manera distinta. Su deber con los millones de colombianos que acogieron sus argumentos y votaron por el NO, pero además su responsabilidad con Colombia, lo obligaban a proceder como hizo en ese momento y lo obligan a plantear el futuro del acuerdo de paz en los términos que ahora está utilizando.
Publicado: febrero 27 de 2017