Navelena: empresa controlada por Odebrecht (87 %), gigante de la construcción –y de la corrupción. Su CEO fue capturado en junio de 2015 en Brasil–. El 13% restante es de la empresa local Valorcon.
Huérfana de los recursos de Odebrecht, Navelena, con apenas $25 mil 494 millones en activos, se quedó con una APP de ¡$2,5 billones!, y un compromiso, para marzo 11 de 2016, de garantizar la bicoca de $662 mil millones y endeudamiento por $1,6 billones –el cierre financiero–. En ese momento –noviembre de 2015– de total incertidumbre e insolvencia financiera y moral, cuando ningún banco le prestaba por estar en causal de disolución, aparece el Banco Agrario, es decir, el Gobierno, para lanzarle un salvavidas con la plata de los contribuyentes destinada al campo, con dudosas garantías, tasa preferencial y beneplácito del Ministro de Agricultura a través de su delegado, Arturo Dajud.
Aun así, Navelena incumplió, y Cormagdalena, que no es una excepción del clientelismo e ineficacia de las CAR, le dio plazo “máximo” hasta junio 11. Segundo incumplimiento con multas diarias de $20 millones y plazo hasta julio 14. Tercer incumplimiento y plazo hasta agosto 30. Entonces se habla de muchos interesados: Colpatria, Slim, Goldman Sachs, y con estas expectativas hay nuevo plazo “máximo” hasta septiembre 19.
La historia se repite el 23 de noviembre con otro plazo hasta diciembre 16, cuando aparece el Banco Sumitomo, socio del Gobierno en otro negocio, pero brinca el escándalo de los sobornos y los japoneses condicionan su participación a la salida total de Odebrecht, con nuevo plazo que vence el 25 de febrero de 2017.
Friogán: Para la época, el ministro Iragorri presidía otra Junta, la del Fondo Nacional del Ganado (FNG) a través de otro delegado, el viceministro Juan Pablo Pineda. El FNG, con un 78,7 % es el controlante de Friogán, empresa dedicada al sacrificio de ganado. En el 21,3 % restante tienen participación la Gobernación de Antioquia, municipios y ganaderos.
Friogán, limpia de malos manejos, tuvo dificultades por la pérdida del mercado venezolano y la competencia de la informalidad, a causa del aplazamiento durante nueve años del decreto 1500 de 1997. No obstante, con una situación muchísimo más sana (activos por $176 mil 475 millones y pasivos por $94 mil 755 millones), esta empresa del sector agropecuario, importante para la ganadería y controlada por un Fondo cuya Junta era presidida por el ministro de Agricultura, nunca recibió tan generosa oferta del Banco Agrario, que habría solucionado sus problemas con apenas $35 mil 800 millones que se adeudaban de capital a los bancos; lejos de los escandalosos $120 mil millones y con respaldo de activos que alcanzan $250 mil millones a precio de reposición.
Lo que hizo el ministro fue apoyar la admisión de Friogán y del FNG a la Ley 1116 de 2006, para luego, en diciembre de 2015, convertir esa legítima condición en causal para arrebatarle a Fedegán la administración del Fondo. En 2016, incumpliendo sus funciones como presidente de Junta, y violentando con marrullas la mayoría de siete de sus nueve miembros, el viceministro impidió un acuerdo de acreedores y lanzó irresponsablemente, al FNG y a Friogán, a liquidación con la complicidad de la Supersociedades.
Se dice que Friogán será vendida a la multinacional Minerva o al Grupo Guadalupe, con lo cual alcanzarían posición dominante en perjuicio del ganadero, lo que el Gobierno no considera peligroso. Pero cuando exigíamos el cumplimiento del Decreto 1500, entonces sí, el ministro Juan Camilo Restrepo acusaba furiosamente a Fedegán de pretender el monopolio del sacrificio.
Los contrastes son evidentes. Entretanto, el ministro Iragorri calla, con la cabeza metida en el hueco de su precandidatura.
Publicado: febrero 1 de 2017