Se ha dicho por estos días que el gobierno estaría considerando plantear una reforma constitucional para aumentar el período presidencial de 4 a 5 años. Las malas lenguas dicen que esto se haría por la vía del fast track, mecanismo que solo puede ser utilizado para aprobar las leyes que implementan los acuerdos de paz. Si intentan hacer esta reforma por la vía del fast track, el único argumento posible que justificaría su uso sería que el aumento del período presidencial quedó acordado en la mesa de La Habana. Como en los acuerdos no existe ningún punto específico referente al tema, el gobierno recurriría a la libre interpretación de los acuerdos. En este caso parece que van a usar el punto sobre la “ampliación de la democracia” como sustento para justificar la reforma. ¡Qué práctica tan peligrosa para el futuro de nuestra democracia!
Por otro lado, personas como Humberto de la Calle y Timochenko han expuesto la necesidad de crear un gobierno de transición con el fin de darle suficiente tiempo al gobierno para implementar los acuerdos de paz en conjunto con las fuerzas que apoyaron el SÍ en el plebiscito, naturalmente excluyendo a los que apoyaron el NO. Es decir que pretenden que se instaure un gobierno de minorías, teniendo en cuenta el resultado del plebiscito en el cual la mayoría voto que NO.
Adicionalmente Sergio Jaramillo ha llegado a exigir que todos los candidatos presidenciales se comprometan a respetar los acuerdos de La Habana. Es evidente que el gobierno Santos necesita dejar instalado a Timochenko y compañía, y, de la misma manera como flagrantemente irrespetaron el resultado del plebiscito, harán lo que sea para cumplirle a las Farc.
Todos estas noticias y mensajes dejan entrever que hay un ambiente de nerviosismo dentro del gobierno Santos y las Farc porque saben que les será muy difícil llegar a la presidencia con un nivel de popularidad que, en este momento no llega al 19%. ¿Cuáles son los motivos del nerviosismo? Primero: tienen claro que si no logran llegar a la presidencia esos acuerdos quedarán en peligro. Si la oposición llega a la presidencia, muchos de los puntos serán revisados y amputados, amputaciones necesarias si Colombia aspira a un retorno a la legalidad. Dudo mucho que un presidente de la oposición respete que el narcotráfico sea considerado un delito conexo a la rebelión o que los criminales de lesa humanidad no paguen ni un día de cárcel. Esa sola “amputación” tendría un efecto dominó sobre los otros puntos acordados, porque los máximos responsables de las Farc en vez de sentarse en una silla en el congreso para legislar tendrán que sentarse en una celda para cumplir sus condenas mientras se resuelven los pedidos de extradición a los Estados Unidos.
Segundo: los escándalos de corrupción que tímidamente se han venido destapando han quedado en el aire. Ese ejercicio de tapar escándalos solo es posible en la medida en que se esté en el poder. Uno de los escándalos de corrupción más grande, superando al del proceso 8000, es el caso Odebrecht. La semana pasada Otto Bula denunció, aprovechando el principio de oportunidad, que le había entregado un maletín repleto de dólares a Andrés Giraldo, que a su vez se lo haría llegar a Roberto Prieto, gerente de la campaña de reelección de Santos. La declaración de Bula tuvo consecuencias mediáticas enormes para el Nobel de Paz cuyo nombre se vio entrelazado con la palabra corrupción en los titulares de todos los medios de comunicación importantes del mundo. Exactamente una semana después de la explosiva declaración, Otto Bula, en una carta al Consejo Nacional Electoral, aparentemente recula al decir que no le constaba que el dinero haya llegado a la campaña de Santos. Pienso que esta declaración posterior es apenas lógica. El señor Bula no estuvo en el momento en que el dinero llegó a su legítimo destinatario, él se lo entregó a una persona que a su vez se la tenía que entregar a otra. Sin embargo, se puede intuir que la millonaria suma no se quedó en el camino o en el bolsillo de un tercero porque la finalidad de ese dinero no era otra cosa que sobornar al gobierno para que se le adjudicaran contratos, contratos que efectivamente fueron adjudicados. La compañía Odebrecht invirtió millones de dólares en sobornos en varios países latinoamericanos con la finalidad de obtener contratos, no para que personas como el señor Bula pudiera comprarse una casita de veraneo en Cartagena. El capítulo de este escándalo aún no se ha terminado de escribir, todavía está pendiente la declaración del presidente de Odebrecht Colombia, el resultado de la investigación del préstamo del Banco Agrario y el resultado de las investigaciones en Estados Unidos y Brasil. Amanecerá y veremos.
Publicado: febrero 17 de 2017