La desaparición de las Farc como grupo armado ilegal es una buena noticia para Colombia.
Nadie podría atreverse a negar semejante verdad, que puede dar a lugar a nuevas realidades y posibilidades, cuyo surgimiento beneficiará a millones de compatriotas.
La imagen de los miembros de esa organización, caminando hacia las zonas en donde se ubicarán y pondrán las armas que usaron contra tantos ciudadanos en poder de la ONU, produce esperanza, desde luego.
Con el propósito de facilitar el desarme, la desmovilización y la reinserción de esa estructura criminal, la sociedad ha dado muestras, nuevamente, de la generosidad que la ha distinguido tantas veces en materia de creación de marcos regulatorios.
De otro lado, nuestra historia ofrece pruebas sobre la voluntad institucional de cumplir lo acordado con grupos armados ilegales cuando se pone en duda su vigencia.
Recordar el reindulto a los integrantes del M-19 para “hacer claridad en el sentido de que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total a favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional”, según lo dijo el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, en 1992, es útil como evidencia del propósito de honrar lo que se acuerda.
No se había necesitado, pues, destrozar la Constitución, acabar con el equilibrio de poderes, y desconocer el derecho internacional, ni inventarse figuras constitucionales sin base ni fundamento, para darle sostenibilidad a los acuerdos suscritos por distintos gobiernos con varios grupos.
Hoy la realidad es otra.
Los límites institucionales desaparecieron y se han desconocido todas las fronteras que existen en nuestra carta fundamental para garantizar la vigencia de la democracia, el estado de derecho y la seguridad jurídica de la gente.
Incorporar a la Constitución Nacional la totalidad de las 310 páginas firmadas por el presidente Santos y Timochenko, establecer que no se podrán tocar durante los próximos dos o tres gobiernos, y prescribir que la implementación de los contenidos relacionados con el derecho internacional humanitario, los derechos fundamentales y los conexos a estos deberán tener como base de interpretación el acuerdo, es darle paso a una democracia castrada y a la inseguridad jurídica amenazante.
Qué va a pasar con la elección de los próximos presidentes, quienes recibirán el mandato político de ejecutar las propuestas que le presenten a los electores, si lo dispuesto hoy es que sus programas quedaron ya definidos por Santos y el jefe de las Farc?
Y cuando la Corte Constitucional deba pronunciarse en juicios de constitucionalidad sobre normas relacionadas con las materias antes señaladas, es decir, con todo, para que no nos engañemos, tendrá como marco de interpretación la Carta del 91 o el acuerdo?
Muy lejos del ánimo del autor de estas líneas está la idea de exagerar o producir algún tipo de alarma.
Pero, sería imposible, irresponsable si se quiere, dejar de pedir que se abran más los ojos frente a una realidad que implica la derogatoria de la soberanía popular y de la Constitución, por obra y gracia de la voluntad del jefe del ejecutivo y la cabeza de un grupo terrorista.
Estos temas deberán ser discutidos durante la campaña que se avecina, en procura de que el pueblo decida en el 2018.
Para que quede claro, esa discusión, y el veredicto ciudadano que resulta indispensable buscar, no apuntan a derogar todo lo acordado, porque, conviene repetirlo, la desaparición de las Farc como organización terrorista es buena para el país.
De lo que se trata es de salvar la democracia, asegurando la vigencia de la soberanía popular, y de garantizar la seguridad jurídica impidiendo que, en la práctica, existan dos estatutos constitucionales.
Publicado: febrero 27 de 2017