A pesar de gozar de una hoja de vida envidiablemente pulcra, el exgobernador Luis Alfredo Ramos pasó tres años y tres meses de su vida detrás de las rejas por cuenta de los testimonios de unos delincuentes. Ambos testigos aceptaron haber mentido bajo la presión de su ex jefe paramilitar alias “Alberto Guerrero”. Cualquiera pensaría que, si el proceso comenzó sin ninguna prueba distinta a la testimonial, terminaría igual de rápido con la confesión y las disculpas públicas de los falsos testigos. Lamentablemente ese no ha sido el caso para el doctor Ramos, ya que su libertad es provisional y limitada, el proceso continúa, y lo que se le otorgó fue el “privilegio” de defenderse desde su casa.
Así como Luis Alfredo Ramos, son muchos los que han caído en desgracia por cuenta de los falsos testigos. El almirante Gabriel Arango Bacci es otro lamentable ejemplo. A él lo acusaron de tener nexos con el narcotráfico y de revelar secretos de estado. Su agonía detrás de las rejas duro un año y medio.
Otro caso infame fue el del Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, héroe nacional, que un día fue llamado sorpresivamente por el comandante del ejército Mario Montoya para comunicarle que el entonces ministro de defensa, Juan Manuel Santos, convocaría una rueda de prensa en la que haría terribles acusaciones en su contra. Efectivamente, Santos lo acusó de tener vínculos con el paramilitar Jorge 40 además de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. En este caso, el falso testigo resultó ser un sargento al que había hecho detener en Valledupar por venderle armas a la guerrilla y a los paramilitares. Por su testimonio, el sargento logró beneficios que culminaron con su excarcelación. Ante semejante ejemplo, otros dos reclusos confirmaron las acusaciones del sargento para obtener los mismos beneficios.
Experimentando la incredulidad y angustia que puede sentir cualquier ser humano después de ser acusado de delitos que no cometió, el Coronel, después de 10 meses de insistencia, logró reunirse con Juan Manuel Santos para que le explicara lo que estaba sucediendo. La respuesta de Santos fue que se sentía preocupado porque creía que había habido un error en la información, y le prometió que solucionaría todo el episodio a su llegada de un viaje a Estados Unidos. Después de esa reunión y esa esperanzadora promesa, el Coronel se reunión de nuevo con el Comandante Montoya, que al verlo le preguntó que cual era el problema que tenía con el hoy Comisionado de Paz Sergio Jaramillo. Cuando Mejía le contestó que no lo conocía, Montoya le dijo: “Es el Vice Ministro de la Defensa para los Derechos Humanos, y es él precisamente quien está organizando todo le complot contra usted”.
Ante tal noticia el Coronel Mejía procedió a encarar a Sergio Jaramillo. Cuando llegó a su oficina, éste no lo quiso recibir y en su lugar salió el entonces Vice Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón (hoy Embajador en Estados Unidos). El mismo Pinzón le confirmó lo dicho por el General Montoya, pero le añadió otra parte a la historia. Le dijo que su cabeza había sido negociada porque se requería aliviar la presión internacional por el tema de derechos humanos, y que entonces, Sergio Jaramillo, por disposición de Juan Manuel Santos, ante la evidente embarrada, decidió no desmentir el montaje, para salvar su credibilidad y entregar como trofeo la cabeza de un alto oficial colombiano.
Sin ninguna otra prueba, excepto la testimonial, el Coronel Mejía fue condenado a 19 años de prisión y a pagar una indemnización de siete millones de dólares. Después de 8 años, le concedieron el beneficio de casa por cárcel por problemas de salud.
En cualquier facultad de derecho que se respete se enseña que la prueba testimonial no se considera una plena prueba a menos de que esté acompañada por otros elementos probatorios. En Colombia, lamentablemente, esto no ocurre y se ha prestado para que se haya conformado un verdadero cartel de falsos testigos, que, con alicientes monetarios y de promesas de beneficios en sus condenas, están dispuestos a dañarle la vida al que les provoque.
Si esto ocurre dentro del marco de una justicia aparentemente independiente y sujeta a los controles de organismos tales como la Procuraduría General de la Nación, ¿se pueden imaginar lo que sucederá cuando entre a operar la Justicia Especial de Paz? Una justicia desligada a la rama judicial y a los organismos de control, sin derecho a una segunda instancia, y, lo que es peor, con el objetivo evidente de borrar del panorama a los enemigos de la paz, que no son otra cosa que los enemigos de las Farc.
Publicado: febrero 10 de 2017