El gobierno ha doblado las reglas que no ha roto, para no perder la mano ganadora en éste juego cruel que es la política. Ya pasó con el plebiscito, cuyo resultado se desconoció de manera insólita, como sabemos todos, incluidos aquellos que apoyaron la iniciativa. Y se desconoció con la complicidad de una Corte Constitucional que ha probado ser mediocre -para no decir gobiernista- en todo lo que importa durante ésta coyuntura histórica.
Tan equivocada estuvo la Corte al desconocer con su decisión la razón de su existencia, que era salvaguardar e interpretar la Constitución, que lo que se propone hacer ahora el gobierno, por vía del fast track que ella misma permitió, es precisamente lo que el Uribismo advirtió desesperadamente: una sustitución de la Carta magna. Solo que peor, la Constitución será modificada en tres puntos cruciales que nada, absolutamente nada, tienen que ver con el conflicto armado, gracias a la permisividad de un organismo que tenía como fin evitar que algo así ocurriera.
La eliminación de la figura del vicepresidente no deja de parecer curiosa. Sin duda está fuera de lugar y me intriga ver la manera en la que pretenden justificar que una reforma de tal índole pueda ser tramitada a través de esta “vía rápida” sin que produzca una protesta generalizada.
Quiero ser claro: la conveniencia o la importancia de la figura pueden ser discutidos con argumentos válidos de parte y parte, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que las reglas se cambien siempre con fines tan evidentemente políticos y sin una verdadera preocupación por lo que es mejor para el país. Lo que motiva este cambio en particular es sin duda el miedo que en el gobierno causa la posibilidad de que el expresidente Alvaro Uribe decida formar parte de la fórmula presidencial para el año que viene. Otra cosa es que las consecuencias que una decisión como esa pudiera traer al partido del expresidente ameritarían una columna aparte.
Ahora el ministro Cristo propone que el termino presidencial sea de cinco años. A los que se oponen de manera fanática a las tesis del expresidente Uribe, les molesta siempre la comparación con Venezuela, pero el gobierno de Santos parece empeñado en darles la razón, porque el gobierno va calcando todo. También en la dictadura mal disimulada del país vecino los periodos presidenciales son de 5 años. En todo caso ¿Qué tiene que ver el término del periodo presidencial con el conflicto armado que el gobierno ha dado por terminado anticipadamente?
El fast track, no legitimado por un pueblo que le dio la espalda cuando tuvo la oportunidad de refrendarlo, supone un mecanismo abreviado en el que los congresistas no pueden discutir las proposiciones que no avale el gobierno. Si esa figura es ampliada para que puedan tramitarse también reformas, que tienen tan poco que ver con el conflicto armado, como las de los dos ejemplos expuestos, estaremos verdaderamente en una autocracia. Un esquema totalitario, en tanto el ejecutivo que era ya el más fuerte de los tres poderes no encuentra resistencia alguna en una rama judicial que cuando no es terriblemente ineficiente o corrupta, es blanda con el gobierno, y un congreso que si no fuera lo bastante complaciente ahora, además tiene las manos atadas por virtud de una refrendación que se le impuso artificiosamente aprobar desde el ejecutivo, y ellos aprobaron genuflexos sin tener la legitimidad ni competencia para hacerlo.
Ojalá que la propuesta para reformar la Constitución en puntos tan trascendentales, mediante un mecanismo evidentemente descabellado, no resulte ser solo una manera de lanzar un escudo antimisiles para que los cohetes que portan las bombas del escándalo de Odebrecht estallen lejos del núcleo vital de un gobierno cuyo prestigio ya no existe.
Con todo, las reglas del juego son exactamente las que pactaron Santos y las Farc cuando diseñaron éste arbitrario mecanismo para desmantelar la constitución. La oposición lo advirtió. Bienvenidos al futuro.
Publicado: febrero 18 de 2017