Solo en Colombia se debe prohibir en norma legal que no se puede orinar donde le venga en gana.
Acaba de ser promulgado el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2006); durante seis meses será de carácter pedagógico para que comience su vigencia. El nuevo Código de Policía permite a las autoridades, especialmente a la Policía Nacional, garantizar el ejercicio pleno de las libertades públicas con un Código actualizado y ajustado al escenario y contexto jurídico, jurisprudencial y sociocultural que vivimos, después que tener un obsoleto código de 1970.
En otras sociedades -esas con las cuales nos viven comparando- la implementación del código de convivencia que busca como objetivo fundamental la promoción y aplicación de responsabilidades y comportamientos individuales y colectivos de los ciudadanos dentro de límites razonables de libertad y convivencia seria celebrado y acatado de inmediato por los conciudadanos; pero como no estamos en “Dinamarca sino en Cundinamarca”, la polémica y la famosa “indignación” apareció de inmediato, con los mismos argumentos y con los mismos actores.
Solo en Colombia genera indignación que norma legal recuerde a los ciudadanos lo que supuestamente le enseñaron en el núcleo de su familia y que debiera ser un comportamiento individual generado por el deber ser y no por el cumplimiento y coerción de una norma represiva y sancionatoria. Estamos en el peor de los mundos cuando la sociedad o los voceros de ella se molestan y amenazan con demandar el nuevo código por inconstitucional por recordar vía prohibición y sanción que las calles y parques de nuestras ciudades no son para para convertirlas en orínales o basureros, y menos para que sean como lo son ahora, cantinas de mala muerte donde el consumo desmedido de licores y sustancias alucinógenas es el retrato diario de nuestra “nueva sociedad”.
¡Llegó el momento de decidir qué clase de sociedad y normas queremos!
Lo razonable dentro de los postulados de la democracia liberal que nos rige es ajustar el ordenamiento jurídico a las nuevas realidades sociales, culturales y tecnológicas preservando derechos y deberes, entregándole herramientas al Estado para que garantice con prontitud y eficiencia la seguridad individual y colectiva de sus gobernados: hoy quebranta y violada por la criminalidad. Este debe ser el camino. Pero también tenemos otra realidad, la otra sociedad que pretenden implementar ONGs, sectores políticos autodenominados “progresistas” y de izquierda que junto a varios académicos, intelectuales y periodistas pretenden imponer a través de sentencias cuestionables de la Corte Constitucional que quebrantan la voluntad mayoritaria de la sociedad para implementar modelo de sociedad que solo busca protegen derechos individuales cuestionables por encima de los derechos colectivos de la sociedad: el colectivo rendido ante la voluntad y capricho individual. En ese debate nos tienen.
La implementación del Código de Policía abrió otro debate absurdo: las competencias, derechos y deberes de la Policía Nacional; volvemos una vez más a la absurda y fastidiosa comparación. En otros países democráticos y solidos en su ordenamiento Constitucional, la Policía y la figura del policía es visto y acatado como la presencia inmediata del Estado y de la autoridad, lo que genera en el ciudadano o colectivo respeto y acatamiento. ¡Hay de aquel que intente suspirar ante el requerimiento de un Policía!
En Colombia en los últimos años, en el Gobierno de Juan Manuel Santos, se deslegitimó la importancia y valor que tienen las Fuerzas Militares y en especial la Policía Nacional en la vida Institucional y comunitaria. Aquí se igualó la autoridad y legalidad que representa la Policía Nacional con el terrorismo y criminalidad que representan las Farc y el Eln.
No entiendo ni entenderé como en Colombia se celebra el asalto y golpe de Estado contra la Constituciòn Política como sucedió con la violación de la voluntad popular expresada en las urnas el 2/10 en las elecciones del Plebiscito y a escasos meses se rechace y se indignen con la implementación del código que busca entregarle a la policía y autoridades herramientas para combatir la anarquía que se tomó nuestras vidas colectivas.
El problema no es el código, el problema es que el contenido del código se convirtió en el espejo individual y colectivo de la Colombia que mete la cabeza en la tierra cuando se refleja la barbarie que habita en cada uno de nosotros.
Publicado: febrero 13 de 2017