Nuestra cándida dirigencia no se ha percatado de que no es posible coexistencia de la democracia liberal con la totalitaria.
Llama la atención la ingenuidad de muchos que piensan que la puesta en marcha de los acuerdos con las Farc no acarreará grandes males para Colombia, pues creen que dicha organización está debilitada y el pueblo nunca aceptará que se tome el poder.
Sobre lo primero hay que reconocer que las Farc estaban severamente debilitadas en 2010, gracias a la política de seguridad democrática que ejecutó el gobierno de Uribe Vélez. Pero bajo la política más que condescendiente, claudicante, del actual gobierno de Santos, aquellas han recuperado espacios que habían perdido y ganado unos nuevos que las hacen sentirse victoriosas. No es un grupo al que se le ha ofrecido una tabla de salvación, como sucedió con el M-19 en 1991, sino uno que emerge ahora con ínfulas de triunfo. Basta con repasar las declaraciones de sus voceros y los hechos de la actualidad para darse cuenta de que sus acciones van en alza.
Es verdad que el pueblo no quiere a las Farc y ese es uno de los factores determinantes del triunfo del NO en el plebiscito. Pero hay que advertir que la opinión pública, como sentenció Montaigne acerca del ser humano, «es cosa vaga, vana y ondulante». La acción de la propaganda; el condicionamiento de las ideas, las percepciones y las emociones de la gente; en fin, la obra de los factores de poder, todo ello hace que las tendencias de la opinión se modifiquen de maneras muchas veces inesperadas.
Si se lee con detenimiento lo que se acordó con las Farc, será fácil entender que todo está planeado para que en el inmediato futuro cambie radicalmente el contexto del poder político en Colombia y se altere su equilibrio en favor de esa organización revolucionaria marxista-leninista.
El NAF (Nuevo Acuerdo Final) les ofrece a las Farc beneficios exorbitantes que permitirán que sus dirigentes manejen presupuesto, burocracia, programas sociales, medios de comunicación y, en general, recursos de poder que les otorgarán apreciables ventajas electorales. Las Farc saben bien que personajes tan oscuros desde todo punto de vista como los Musas, los Ñoños, los Roys o los Benedettis basan su poder en las maquinarias políticas que controlan. Sus dirigentes entrarán a controlar buena parte de esas maquinarias en procura de los votos que las mismas dispensan y para desalojar a sus actuales detentadores.
Nuestras elites políticas, económicas, intelectuales y sociales en general no se han percatado de la profunda reforma electoral que Santos ha acordado que llevará a efecto para darles gusto a las Farc. Nadie sabe en que consiste lo que se está cocinando, pero cuando salga vendrán el llanto y el crujir de dientes. Los que están haciendo cábalas sobre las elecciones de 2018 se quedarán entonces con los crespos hechos, pues las reglas de juego cambiarán radicalmente en beneficio de los guerrilleros.
La Reforma Rural Integral les asegurará a las Farc, además, el control territorial que les permitirá después el asalto de la Colombia urbana.
El NAF contiene por otra parte dispositivos para lavar la mala imagen de las Farc y enlodar a sus opositores, de todo lo cual se espera que se sigan cambios favorables para ellas en la opinión pública.
Dentro de esos dispositivos hay que mencionar lo que se prevé acerca de la Memoria Histórica, que será tema de una comisión encargada de pronunciarse sobre las causas y el desarrollo del conflicto. Lo más probable es que ello derive en conclusiones que avalen lo que el comunista Santiago grita a los cuatro vientos en Europa, es decir, que el pueblo colombiano ha padecido la opresión de una casta explotadora y genocida que ha obligado a los legítimos defensores de sus justas aspiraciones a rebelarse por la vía armada. Entonces la opinión popular virará en favor de sus fementidos libertadores.
La Jurisdicción Especial para la Paz no funcionará para sancionar a los integrantes de las Farc, pues el grueso de sus integrantes gozará rápidamente del beneficio de una amnistía general para los delitos que no estén bajo la jurisdicción posible de la Corte Penal Internacional. Ese beneficio se extenderá al narcotráfico, por considerárselo como delito conexo con la rebelión, contra lo que expresamente dispone la Convención de Viena. Y en lo que concierne a los demás delitos internacionales, la JEP se lavará las manos diciendo que no median pruebas suficientes contra los capos de las Farc que los involucren en delitos atroces, pues los testigos no comparecerán a declarar contra ellos. Pero, en cambio, esa JEP se aplicará con saña a perseguir a militares, ganaderos, empresarios, dirigentes políticos, periodistas y en general personas que se consideren vinculadas con el paramilitarismo y acciones violentas contra las comunidades populares, dentro de la idea ya mencionada del comunista Santiago acerca de la naturaleza criminal de nuestras elites sociales.
El NAF contempla la creación de una Gestapo que actuará bajo los lineamientos de la seguridad cubana para combatir a quienes se considere como enemigos de la paz y colaboradores del paramilitarismo. Además, se perseguirá a los que estigmaticen a las Farc por sus crímenes contrs el pueblo colombiano. Ya no se podrá decir de sus capos que son narcoterroristas, ni secuestradores, ni violadores de niños o promotores de abortos, etc.
Tal como sucedió en los países de Europa oriental que cayeron bajo la órbita del poder soviético, se desatará la persecución por todos los medios al alcance de las autoridades contra quienes nos opongamos al nuevo orden. Vendrán entonces las intimidaciones, las restricciones y, en general, las medidas de represión para desacreditar a los que militen en movimientos políticos contrarios a las Farc o para impedir sus acciones.
No en vano ha alertado el coronel en retiro John Marulanda acerca del acceso que tendrán las Farc a informaciones relevantes para la seguridad nacional y el control de la ciudadanía. Todos estaremos bajo la mira de la seguridad cubana.
El cogobierno que reclamó Timochenko en el circo del Colón no es un impromptus, sino una consigna que en pocos días se le impondrá a Santos. Entonces veremos con alarma, pero también con indefensión, cómo se activarán los mecanismos de un régimen totalitario destinado a destruir nuestras libertades tradicionales.
Ese cogobierno ya está erigido por lo alto con la Comisión de Seguimiento, Verificación y Solución de Controversias que estará por encima del Congreso y del mismo Presidente de la República, pues será la encargada de dar visto bueno a todas las iniciativas de reforma constitucional o legal a que haya lugar para la implementación del NAF. Nuestro régimen jurídico quedará, por consiguiente, bajo el control de Raúl Castro.
Llorarán entonces nuestros dirigentes políticos y empresariales como mujeres lo que no supieron defender como hombres.
Tenemos una democracia muy imperfecta. Es algo que bien sabemos. Pero lo que viene no conducirá a su mejoramiento, sino a su destrucción. Será una democracia totalitaria, al estilo de la cubana y la que pugna por imponerse brutalmente en Venezuela. Nuestra cándida e ignorante dirigencia no se ha percatado de que no es posible la coexistencia de la democracia liberal con la totalitaria. Si a esta se le abren espacios, termina avasallando a la otra.
Reitero lo que escribí en un artículo anterior: soplan muy malos vientos en la Colombia de hoy.
Jesús Vallejo Mejía