Después de la Revolución Francesa nos quedó estatuido que “la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de la permanencia de su situación frente al Estado, la cual no será modificada sino por procedimientos regulares y conductos establecidos de manera previa y clara por el derecho” (Sánchez de la Torre, Universidad Complutense de Madrid).
Cuando se abandona el principio de la seguridad jurídica, se comienza a transitar el camino hacia el despotismo, rompiéndose la relación que debe existir entre derecho y poder, creándose la escena para que la ley sea expedida con el fin de satisfacer exclusivamente los intereses del gobierno y no la consagración y consolidación de los fines esenciales de un Estado. El despotismo es un régimen que no reconoce ni obedece las leyes y menos si no le convienen; en un régimen déspota se “limita y dificulta la consagración del principio de Seguridad jurídica y el desarrollo de la soberana potestad publica” (Maurizio Fioravanti).
Parto de aceptar que todo lo que están haciendo con el Estado colombiano, tiene la finalidad de alcanzar la reconciliación y la paz estable y duradera. Pero también como ciudadano advierto, que la historia nos ha demostrado que toda tiranía comenzó con una buena intención y un propósito aceptado por buena parte de una sociedad afectada posteriormente por una dictadura. En momentos en que en Colombia todos los ríos jurídicos se desbordaron y rompieron sus cauces, se hace necesaria la proclama popular para demandar de los poderes públicos fundidos hoy en una sola masa, prudencia, templanza y sobre todo transparencia.
Que la Corte Constitucional, que el Consejo de Estado y que el Poder Legislativo atiendan con sus actos misionales y funcionales la solicitud y voluntad del Poder Ejecutivo, en un acto de verdadera integración, puede estar sorprendiendo a los colombianos; pero nos está invitando a ser celosos guardianes de lo que en las altas esferas del Estado está sucediendo.
Los colombianos somos pasajeros de una embarcación que tiene un viaje sin regreso y cuyo único destino solo lo sabe el capitán y la tripulación. La brújula reposa en manos de gobiernos extranjeros, mientras nos establecen más gravámenes e impuestos y nos restan la posibilidad de tener crecimiento económico. Nuestra situación es más que caótica. Nos metieron en una polarización absurda y casi tres meses después nos dicen que la decisión no es válida. ¡Qué horror!
Cuanto nos hubiésemos ahorrado y sin violar el principio de la seguridad jurídica, el Presidente de la República hubiese declarado un Estado de excepción. El conflicto armado y nuestro ordenamiento lo permitían en su momento. Habríamos avanzado mucho más y con menos costo y mayor transparencia. Hoy las escuelas de derecho deben estar sorprendidas; los mismos integrantes de las altas cortes y del Congreso de la República, deben tener muchas vueltas y trenzas en sus cabezas. Muchos de ellos deben tener nudos en sus gargantas ante tanto título valor girado, con un único codeudor solidario: La democracia y la estabilidad política, social y económica de Colombia. Urge un pacto político nacional, ante el abandono institucional del principio de la seguridad jurídica. Algo debió haber recomendado el Papa y esas recomendaciones, aunque desconocidas, deben cumplirse por un acto de fe; es lo que nos queda.
@AlirioMoreno