Cuando a los colombianos se nos habla de guerra civil, inmediatamente nos vemos obligados a recordar lo que los libros nos narran sobre los horrores que padeció nuestro país con ocasión de la sangrienta “guerra de los mil días”, y que, de acuerdo con los historiadores, cobró la vida de 120 mil personas en un país que para la época, 1899-1902, tenía alrededor de 4 millones de habitantes. Es decir, en aquella explosión de violencia, el 3% de la población colombiana perdió la vida.
A pesar de que algunos activistas de Derechos Humanos, particularmente europeos, han calificado el desafío terrorista que actualmente padece Colombia como una guerra civil, no existen elementos reales que permitan considerar que aquello es así.
Pero las declaraciones del presidente Santos a finales de la semana pasada con las que amenazó con una guerra en las ciudades si los colombianos no votan favorablemente el plebiscito con el que se pretende refrendar el acuerdo de paz de La Habana, ponen sobre el tapete una sospecha que desde hace mucho tiempo habita en el corazón de un amplio sector de la opinión pública: ¿Con las Farc se está negociando la paz, o la rendición del Estado?
Santos es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de policía y en virtud de esa condición, de la que no puede desprenderse en ningún momento mientras sea presidente de la República, las palabras pronunciadas la semana pasada en el marco del “World Economic Forum” de Medellín, frente a potenciales inversionistas extranjeros, ponen de manifiesto que el presidente de Colombia acepta que, en caso de no firmarse la paz, el Estado no tiene la capacidad de contener la amenaza terrorista.
Santos amenaza a los colombianos con volver a la época del terrorismo en
las ciudades si no se vota por el sí en el plebiscito.
Presión indebida
La declaración de Santos es una presión indebida y un chantaje a todos los sectores y fuerzas vivas del país. La primera chantajeada es la Corte Constitucional que hasta ahora comienza a estudiar la ponencia de exequibilidad del plebiscito que presentó el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. El mensaje que les ha llegado a los magistrados es en extremo irresponsable: así ellos consideren que la ley que convoca al plebiscito es inconstitucional, no podrán fallar en ese sentido porque automáticamente serán catalogados como los responsables de la “guerra en las ciudades” con la que el presidente ha amedrentado al país. Aquel chantaje casi es una invitación al prevaricato, pues los magistrados no estarán en libertad de votar negativamente la constitucionalidad de la ley, en caso de que su conciencia jurídica así se los indique.
Así mismo, las palabras del presidente, son una amenaza brutal a los ciudadanos. ¿Qué sentirá un padre de familia que tiene dudas sobre los acuerdos de paz que se están sellando en Cuba, cuando el presidente de la República le dice que si vota en contra de ellos, sus hijos podrán morir por cuenta de la guerra que desatará la guerrilla en las ciudades? El mensaje de Santos es total y absolutamente antidemocrático: el gobierno convocará a un plebiscito para que la gente vote como considere, pero al mismo tiempo adelanta la campaña diciéndole al ciudadano que está en libertad de votar por el no, pero le advierte que si lo hace su vida correrá peligro porque la consecuencia será una guerra demoledora en la ciudad donde reside.
El plebiscito por la paz ha estado rodeado de ilegalidades y abusos. Primero, contra lo que ordena la ley que regula los mecanismo de participación ciudadana, el gobierno, a través de sus “enmermeladas” mayorías parlamentarias, resolvió bajar el umbral mínimo de participación para efectos de que la abstención –que es una opción perfectamente democrática- no derrote su iniciativa. Igualmente, sin que haya un fallo del máximo juez constitucional sobre la legalidad del plebiscito, el gobierno ya empezó la campaña por el sí, haciendo uso indebido y abusivo de bienes públicos, lo que indica que en adelante el presupuesto de la nación, que debe emplearse para inversiones que beneficien a la totalidad de la población, estará destinado a sacar adelante el caprichoso acuerdo que Santos ha perfeccionado con los terroristas.
Y se cierra el círculo con mensajes amedrentadores: si los ciudadanos no votan como las Farc y el presidente desean, entonces, más de 100 años después, Colombia podrá revivir el horror que padeció durante la “guerra de los mil días”
@IrreverentesCol