Que no hay Castro chavismo, que es tan solo un embeleco, que somos una democracia sólida y que es imposible que en Colombia lleguemos a una tiranía degradante como ocurre en Venezuela, y sin embargo cada semana se suceden nuevos hechos que golpean fuertemente la institucionalidad colombiana y ponen en riesgo no solo nuestra democracia, sino la estabilidad jurídica, económica y social.
El auto del Consejo de Estado que admite la demanda sobre el plebiscito, deja profundas dudas y atenta abiertamente contra la democracia colombiana. Se equivocó enormemente la magistrada ponente, por el exabrupto jurídico, el momento y la forma de su pronunciamiento. Dicho pronunciamiento hoy tiene en duda su probidad y el buen nombre del Consejo de Estado, que durante sus doscientos años, ha consolidado a nivel nacional como a nivel internacional.
En un breve plazo, que nos es frecuente en dicha corte, la magistrada ponente, acepta la demanda presentada, dice que la campaña del NO faltó a la verdad y establece medidas cautelares, basada según ella, en una supuesta manipulación de la campaña. Grave error y profunda manifestación antidemocrática. La magistrada, tenía la oportunidad y la responsabilidad de realizar un pronunciamiento equilibrado y justo. Solicitar pruebas, escuchar a quienes demandan el resultado, también a los lideres del No, de las distintas vertientes y al ciudadano del común, para realmente hacer un análisis de fondo. Eso es transparencia, condición necesaria para ejercer justicia.
No es de poca monta, aventurarse a desconocer, con base en juicios desorientados y prejuzgando, la decisión de más de la mitad de los colombianos que salimos a votar el pasado 2 de octubre. Desconcierta además que tal decisión se apresurara en tomarse en un auto inicial con decisiones de fondo, tomando medidas cautelares, y hacerlo en un momento en el cual es imposible el ejercicio jurídico de la apelación. Una decisión que conlleva un significado de fondo, sobre el ejercicio participativo y democrático para millones de colombianos, no debe tomarse e inmediatamente cerrar la puerta; por el contrario la obligación jurídica y de la magnitud y responsabilidad del ejercicio de funciones públicas, es dar la oportunidad adecuada y transparente de que pueda revisarse.
Ahora bien, es ilegitimo y profundamente desafiante para el ciudadano del común, ese que vive la realidad del país, en las ciudades y zonas más apartadas y desprotegidas, que hizo un esfuerzo para salir a ejercer su derecho participativo y democrático, que una sola persona, decida e imparta ordenes sobre la mayoría. Irónico, pareciera salido de un libro de García Márquez.
El momento histórico que vive Colombia, debe tener sobriedad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, y a su vez ser digno del respeto de todos los colombianos. La institucionalidad colombiana, ¡ah difícil!, ha sido construida en cientos de años, peldaño a peldaño. ¿Cuál será el camino que tome el Consejo de Estado, para reparar los lances de la magistrada?.
@ForerohElvira