Análisis de David Meza Pretelt
La crisis de la salud es una situación presente en casi toda la geografía nacional, pero es en Bogotá donde se dio una situación que demuestra un supuesto caso de corrupción de alta gravedad que sucedió bajo el mandato del prácticamente extinto movimiento Progresista; que tuvo en cabeza al exguerrillero Gustavo Petro.
Los pacientes y empleados del sistema de salud en Colombia han sido una población atropellada, que ha visto sus derechos vulnerados en tantas oportunidades, que hoy en día no hay una Empresa Promotora de Salud (EPS) que no cuente con cientos o miles de acciones legales en su contra.
Capitalizando la Salud
En Julio de 2011 nace la EPS Capital Salud, conformada con un capital mixto en el que el 51% pertenecía al Distrito de Bogotá y el 49% restante a un socio privado, que tras un proceso de selección que contó con la asesoría de dos prestigiosas universidades fue adjudicado al conglomerado empresarial Salud Total.
En principio y para evitar las dificultades que se presentan en empresas del Estado como Caprecom y Nueva EPS que se han visto permeadas por la corrupción y el clientelismo, se otorgó potestad al socio privado, quien además había aportado la infraestructura, los empleados y gran parte de los pacientes: para hacer la selección de la dirección y varios de los más importantes cargos al interior de Capital Salud.
Los primeros meses fueron de un desempeño relativamente positivo. Los conceptos emitidos por la Superintendencia mostraban altos índices de satisfacción al usuario y empleados de la empresa reconocen que la debacle comenzó con la administración Petro, que irónicamente y contraria a su eslogan principal, actuó de forma inhumana con pacientes y empleados de la empresa.
Es bien sabido que la izquierda se caracteriza por un alto nivel de despotismo cuando se encuentra en el poder, basta con echar un vistazo al vecindario y encontrar la opresión y corrupción de gobiernos como el de Hugo Chávez y Dilma Rousseff. Situación de la que no escapó la administración de Gustavo Petro Urrego en la ciudad de Bogotá.
La ficha clave de Petro para mover los hilos de la salud en Bogotá inicialmente, fue Guillermo Jaramillo, quien se desempeña en la actualidad como alcalde de Ibagué.
Su premio fue el trono de la Secretaría de Salud de Bogotá, donde desde los primeros días demostró que la ambición y voracidad por el poder iban a alterar dramáticamente la estabilidad que venía exhibiendo la EPS del régimen subsidiado Capital Salud.
La marioneta que supuestamente se prestó para iniciar la destrucción de Capital Salud en manos del clientelismo y la corrupción fue Alba Mayorga, cuya movida inicial fue expulsar a la secretaria jurídica que había ejercido la Gerencia de forma transitoria pero era más cercana al socio privado Salud Total, eliminando una posible opositora fuerte y siguiendo guiones escritos desde la Secretaría de Salud de Jaramillo.
Viendo el escenario adverso, tanto los socios privados como los empleados reaccionaron. Los primeros, es decir Salud Total, solicitaron al Superintendente de Salud de la época, Gustavo Morales, la liquidación de la EPS, ya que se habían roto los acuerdos iniciales con los que se creó la empresa en los que el socio privado tenía prelación en la toma de decisiones gerenciales y administrativas.
Los empleados por su parte crearon en marzo de 2013 SintraCapital, el sindicato a través del cual buscaban defender sus derechos y desde el que han salido múltiples denuncias; frente a las que medios y políticos “enmermelados” han decidido hacer caso omiso.
Gustavo Morales en su momento no apoyó la solicitud de liquidación hecha por los privados, en parte porque al ser la EPS con mejor desempeño en materia de atención, sería la que recibiría los miles de pacientes que venían de SolSalud, Humana Vivir y Caprecom. Empresas que fueron liquidadas o presuntamente quebradas por el Gobierno.
La alianza Santos-Petro da sus frutos
El 2013 fue coincidencialmente el año en el que Alejandro Gaviria junto a Mauricio Cárdenas presentarían una discutible reforma a la salud al Congreso que presidía Roy Barreras, otro gran interesado en el tema de la salud desde supuestos intereses non sanctos de los que ha sido acusado en reiteradas ocasiones.
La reforma, como una palmada de apoyo a Gustavo Petro y políticos interesados en echar mano al sistema de salud, busca relativamente expropiar a los privados y de una forma retrógrada devolver el control de la salud al Estado, como en los tiempos del Seguro Social, cuya capacidad de atención nunca alcanzó a pasar el 30% de la población colombiana, entre otras cosas por las dificultades en materia de corrupción que son ya tradición en la política nacional.
El petrismo hizo una persecución a los funcionarios que no hicieran parte o no se sometieran a su tendencia ideológica, este fenómeno no se vivió solamente en Canal Capital sino también al interior de Capital Salud. Con el agravante que no había un comité de Convivencia en la empresa para poner las denuncias por acoso laboral y que su posterior creación tras múltiples denuncias de los empleados ante entes de control se dio por fuera de los tiempos normativos.
Alba Mayorga dio inicio a un presunto acto ilegal: La creación de una planta paralela tercerizada a través de la empresa Opción Temporal, que reemplazó a la Cooperativa Talentum. Durante el “reinado” de Mayorga, los contratos con Opción Temporal ascendieron al 11% del valor total de la nómina y a través de esto, la administración Petro pudo dar rienda suelta a sus intereses clientelistas. Supuestas cuotas políticas afectas al alcalde de turno dispusieron de estos contratos. Llegaron a ser más de 600 personas subcontratadas a través de Opción Temporal, mientras que los empleados de planta son poco menos de 300.
Muchos empleados de esta planta tercerizada ilegalmente constituida que han visto violados sus derechos han ganado demandas millonarias contra la EPS de capital mixto, que está expuesta a un alto riesgo de indemnización por estar incurriendo en irregularidades en materia contractual, dejando de pagar vacaciones y cancelando o interrumpiendo contratos a madres embarazadas o enfermos crónicos (Véase: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/luchar-un-trabajo-teniendo-sida-articulo-574947).
La empresa Capital Salud opera además en algunas zonas de los Llanos Orientales, zona donde no podían permear los intereses de la administración Petro y que permite hacer un paralelo en cuento al rendimiento de la empresa. Mientras en Bogotá se reportaban pérdidas del 45%, en el Meta la empresa presentaba ganancias del 6%. ¿Qué pasaba con los dineros de la salud de los bogotanos?
Durante la administración de Gustavo Petro, en la que tanto Jaramillo como Aldo Cadena -quien lo sucedió en el cargo-, tuvieron una alta injerencia en los manejos de Capital Salud, las pérdidas mensuales que reportaba la empresa ascendían a los 22 mil millones mensuales en promedio. Situación que fue delatada cuando el nuevo alcalde Peñalosa tomó poder sobre la entidad y las nuevas directivas denunciaron que a diciembre de 2015 había pérdidas que rondaban los 600 mil millones de pesos.
La atención al usuario ha decaído gravemente, las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) se dispararon de acuerdo a información oficial del Ministerio de Salud que llevó a imponer una medida de vigilancia. Estas se incrementaron en un 82,14% entre enero y septiembre de 2015 en comparación con el mismo periodo del 2014, últimos meses de la alcaldía petrista en los que pareciera ser que trataron de arrasar con todo.
Populismo con el habitante de calle
Un proyecto insignia de la administración del ExGuerrillero Gustavo Petro en el Distrito Capital fue el tratamiento y manejo de la población de habitantes de calle. Durante su alcaldía zonas como El Bronx y Cinco Huecos, se fortalecieron a tal nivel que no eran permeables por la autoridad y se constituyeron en epicentros del micro tráfico, mientras la alcaldía cumplía una labor asistencialista con los indigentes.
Pero este populismo con el habitante de calle tenía un costo que irresponsablemente fue atendido con la Unidad de Pago por Capitación de la EPS Capital Salud. A los indigentes que hacían parte del Sisben los atendía dicha empresa, asumiendo una carga que creaba un gran detrimento patrimonial y atendiendo un objetivo para el que no fue creada. Supuestamente, según fuentes al interior de la empresa, se permitía que dueños de hogares de paso afectos al “petrismo” e Instituciones Prestadoras de Salud en las que la alcaldía tenía participación, se lucraran con los dineros del tratamiento y atención que se prestaba a los habitantes de calle. Lo que se podría denominar como círculo en el que el dinero permanecía en las arcas de la Bogotá Inhumana.
Los desastres de una administración de izquierda amparada en la impunidad y el apoyo de un Gobierno que ha manejado al país como una caja menor con la que compra conciencias, votos y medios van más allá, hay muchos otros eslabones en esta cadena de corrupción que se seguirá investigando.
@DMezaPretelt