LOS IRREVERENTES conocieron detalles de la manera como Santos intentó desconocer el resultado del plebiscito del 2 de octubre.
Pasado el plebiscito en el que se confirmó la magistral victoria del NO, fuerzas oscuras empezaron a formular ideas y propuestas ante el presidente Santos para encontrar un mecanismo non sancto que les permitiera literalmente pasarse por la faja el veredicto popular.
La primera línea de acción que pusieron en marcha para invalidar de alguna manera al plebiscito fue la de ordenar la repetición de las votaciones en aquellas zonas del país que se vieron afectadas por el paso del huracán Mathew.
El mismo día de la votación, tuvo lugar un intento. En efecto, desde el gobierno, utilizando a los gobernadores de los departamentos de la costa caribe, le solicitaron al Consejo Nacional Electoral que ampliara la jornada de votaciones hasta las 6 de la tarde. Como esa tesis fracasó por cuenta de que 6 de los 9 magistrados del CNE se opusieron a la misma, al día siguiente de la votación, los magistrados derrotados buscaron que la Registraduría fuera la que convocara a una elección complementaria.
Aquel intento tampoco tuvo futuro, pues el propio registrador Juan Carlos Galindo se había negado desde el día anterior a patrocinar un exabrupto sin antecedentes pero sobre todo, sin causa legal, como era eso de ampliar el horario electoral. Fue entonces cuando la tesis del lagarto senador Benedetti tendiente a que la corte constitucional anulara el plebiscito, empezó a abrirse paso.
A instancias del saliente magistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas, la presidenta María Victoria Calle le pidió cita a Santos, con la advertencia de que tendría que ser esa misma semana, pues Vargas viajaba a España. Así pues, el jueves 6 de octubre se dio la cena de Santos con Calle, Palacio, Vargas, Rojas y el magistrado reemplazante de Pretelt, Aquiles Arrieta. Tres de los cinco togados están de salida y dispuestos a ofrecer favores al Gobierno a cambio de un buen tarro de mermelada. Rojas, el magistrado bisagra, tendría la tarea de convencer al bloque minoritario. Eso salió tan mal, que dos de los mismos cinco magistrados que cenaron con Santos cambiaron de idea y anunciaron que apoyarían al bloque minoritario que sostiene el argumento obvio de que el plebiscito no debe ni puede ser anulado.
A esas alturas, el gobierno había encomendado un estudio a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al IDEAM con el que pretendían sustentar que el 2 de octubre hubo un desastre climático como consecuencia del paso del huracán Mathew. En el Consejo Electoral, por su parte, preparaban el fundamento legal para desechar cualquier reclamación por lluvias. Ya desde inicios de esa semana el magistrado Felipe Garcia Echeverri había publicado en su cuenta de Twitter que la afectación del invierno sólo cubría un potencial electoral de 32,218 ciudadanos. Se desinfló tan rápido la tesis invernal, que el propio gobierno filtraba a los mentideros que no iba a hacer nada con el invierno porque claramente vio que además de impresentable, no tenía sustento jurídico.
Aquello abrió la compuerta para que de inmediato sectores radicales de la izquierda, en clara connivencia con grupúsculos afectos a la guerrilla terrorista de las Farc, fabricaran las marchas como mecanismos para presionar cambios de índole cosmético, que no de fondo en el acuerdo, contrariando el mandato de los 6.5 millones de colombianos que le dijeron NO al nocivo pacto celebrado entre Santos y el narcotraficante alias Timochenko.
Si el gobierno tuviera un ápice de sensatez y sentido común, debería asumir que lo más fácil, a estas alturas del partido, es reconocer que el acuerdo está muerto y que se debe, con el apoyo de los triunfadores en el plebiscito, abrir un espacio de diálogo que conduzca a un acuerdo nacional que a su vez desemboque en un nuevo documento. Lo contrario, para usar la expresión acuñada por el sátrapa Nicolás Maduro, nuevo mejor amigo de Santos, sería un “autosuicidio”.
Lo que pocos saben es que entre todos los áulicos y sus propuestas no hay un verdadero interés por la paz de Colombia. Con la caída del acuerdo quedaron archivados cerros de contratos para el postconflicto de los cuales serían beneficiarios tirios y troyanos, nacionales y extranjeros que vinieron a celebrar anticipadamente la victoria del SÍ que a partir del 3 de octubre les significaría multimillonarios ingresos. Aquellos borradores se quedaron redactados y debidamente engavetado en las oficinas de Pardo y Jaramillo y seguramente servirán para empacar ceniceros el día que ese par de funcionarios finalmente salgan de sus oficinas públicas para bien del país.
@IrreverentesCol