Las penas que sancionan a violadores, no solo deben ser privativas de la libertad, también deben ser económicas y morales.
Escuchamos recientemente un nuevo caso aberrante, en el cual una pequeña bebé de apenas dos años, fue abusada sexualmente por su padre. La madre de la niña, al encontrar evidencias de lo ocurrido la lleva al hospital más cercano para que sea atendida. Pero ella, al darse cuenta de que los médicos saben lo sucedido y procederán a denunciarlo ante las autoridades, decide abandonar a la niña, quien hoy se encuentra en cuidados intensivos, al borde de la muerte.
Conociendo el pensamiento errático del victimario, en este caso el padre, a través de un análisis psicológico especializado, se podría enfatizar más en el proceso de protección de la inocente víctima. De un lado la pena de privación de libertad como sanción y medida para alejar al monstruoso victimario de menores de edad a su cargo, y también, una pena social que entienda la urgencia de una sanación ejemplar, que trascienda a la sociedad.
Un niño a su más temprana edad desarrolla vínculos de apego exclusivamente con su familia, por lo cual una violación sexual cometida por un miembro de ella, trae un impacto estructural profundo para el menor de edad violentado sexualmente. Por ello el derecho penal que se aplique para la protección integral del menor de edad víctima, tiene que apoyarse en la psicología para amparar sus derechos.
Las penas que sancionan estas aterradoras actuaciones, no solo deben ser privativas de la libertad, sino también deben ser económicas y morales. Acompañadas de determinaciones fijadas por la justicia con base en tratamientos terapéuticos específicos tanto para la víctima como para el victimario.
Adicionalmente cuando la víctima es agredida sexualmente por un miembro de su familia, no solo hay una vulneración física y emocional por la agresión. También hay un rompimiento a la ordenación en el desarrollo de vínculos afectivos y en general en su desarrollo integral. Y es allí, en donde más se requiere llamar la atención.
Los abusos sexuales en niños y niñas son cometidos principalmente por familiares cercanos. Las estadísticas señalan que entre un 65% y un 85 % de los abusos sexuales son cometidos por miembros de la familia de los menores de edad abusados. En muchos casos, estos menores de edad son violentados sexualmente durante años, viviendo en silencio el terror del daño sufrido.
Es urgente que las medidas privativas de la libertan estén acompañas de tratamientos específicos para recuperar a estos niños que han sido víctimas de las monstruosidades de algún miembro de su familia.
El tratamiento que se debe aplicar cuando hay una violación sexual como en este caso, de un familiar, debe tener unas características particulares en las cuales al niño vulnerado se le otorgue una ayuda para superar la afectación física, emocional y psicológica; ssí como recuperar la confianza en los vínculos familiares y desarrollar afecto y apego hacia los otros miembros de la familia.
Como sociedad debemos actuar para rechazar y denunciar todo abuso sexual, más cuando ocurre contra menores de edad. Una denuncia a tiempo y una justicia efectiva en la protección de la infancia, actúan para prevenir que los agresores lastimen la inocencia y nobleza de un menor de edad, que hasta ahora está iniciando su vida, explorando el mundo y conociendo su entorno.
@ForerohElvira