La ponencia que la magistrada María Victoria Calle Correa radicó para que la sala plena de la Corte Constitucional se ocupe, entre miércoles y jueves, del estudio y decida sobre el expediente D-11601 referente al Acto Legislativo 01 de 2016, plantea la exequibilidad íntegra de la norma constitucional, que en síntesis establece el “Procedimiento Legislativo Especial para la Paz” determinando que dicho procedimiento especial, no sustituye la constitución.
Así las cosas, si la Corte Constitucional acoge la ponencia de la magistrada, que además es la presidenta de la corporación, dejaría vigente el artículo quinto de dicha norma que literalmente establece que la vigencia del acto legislativo “rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera». No habría más salida que someter a referendo el texto de las 310 páginas suscritas por el Presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño.
La situación de entrada plantea un escenario que podría diferir la fecha de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del acuerdo final, eso sí, si la voluntad popular no le resulta esquiva y de golpe, termine la refrendación sufriendo un revés como el ya sucedido en el plebiscito del 2 de octubre pasado. Un nuevo desgaste electoral, con una maquinaria oficial sin lubricación y una clase política desgastada y sin legitimidad, sin el condicionamiento de un umbral especial, sino ordinario, pondría en riesgo la legitimidad de la decisión y su resultado.
Sin embargo, ante tal escena, podría aparecer un nuevo escenario. Es que la Corte en su sala plena, podría no aprobar la ponencia de la magistrada y en tal circunstancia surgir una posición totalmente contraria, para decidir que el acto legislativo 01 de 2016, si se constituye en una norma que sustituye la constitución, en cuyo evento se abriría paso la necesidad indiscutible de convocar a una asamblea constituyente.
A no ser, que los magistrados del máximo tribunal constitucional cedan a las presiones del gobierno y en medio de la polarización le den la razón al exministro Yesid Reyes y retiren del acto legislativo el artículo 5º permitiendo que la refrendación se otorgue sin el aval popular, caso en el cual, sino aclaran la situación del congreso frente al eventual desborde funcional, puedan terminar los miembros de las dos cámaras, rayando en conductas por las cuales luego, los demás órganos los convoquen a responder disciplinaria o penalmente.
En momentos en que la inseguridad jurídica auspicia la inestabilidad institucional, no queda más remedio y camino, que acudir a la prudencia de las elites políticas para convocar un verdadero pacto político nacional, que nos saque de la oscuridad del túnel en que está metida la patria, antes que la economía se reviente y la violencia de los demás actores del conflicto armado se desboque y estos capitalicen en su favor la incertidumbre.
El Presidente Juan Manuel Santos, los ministros de su gobierno, posiblemente el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Pastrana, la exministra Marta Lucia Ramírez, el Doctor Alejandro Ordoñez y los miembros de las FARC-EP no se hayan dado cuenta que los ciudadanos nos estamos fatigando ante la controversia y la sin salida. Por favor, de verdad miren como está Venezuela.
@AlirioMoreno