Si el acuerdo es tan bueno, tan distinto del anterior, ¿por qué Santos no lo somete a un nuevo plebiscito?
Cuando Santos empezó su proceso de paz con las Farc le aseguró al país que el acuerdo final sería refrendado por la ciudadanía. En palabras del presidente de la República, “la última palabra la tienen los colombianos”.
Aquel fue el argumento con el que el gobierno promovió e impulsó el plebiscito tramposo que fue sometido a votación el pasado 2 de octubre. Entre sus cuentas, ni Santos, ni las Farc ni los medios de comunicación debidamente enmermelados y mucho menos la bancada de la denominada unidad nacional existió la posibilidad de que el NO fuera a ganar.
El magistrado de la Corte Constitucional que hizo la ponencia favorable al plebiscito, seguramente tampoco previó la derrota del SÍ, razón por la que cuando realizó el fallo de constitucionalidad del plebiscito puso algunas condiciones que hoy se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno.
En la sentencia se lee que en caso de que el NO gane, Santos está obligado a hacer un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo. En ninguna parte se lee que el acuerdo rechazado puede ser maquillado, adornado o reformulado.
Ahora bien: la sentencia tampoco le concede licencia al congreso para refrendar el hipotético nuevo acuerdo. La refrendación es popular, de forma directa, no a través de los constituyentes derivados.
Pero Santos, fiel a su talante tramposo, ha acudido al Congreso con dos fines: refrendar el acuerdo maquillado y proceder a la implementación del mismo.
Eso significa que el presidente y Nobel de Paz está desacatando la voluntad del pueblo. Le ha dado un golpe de Estado a la democracia. Su nuevo acuerdo no es nuevo. Es el mismo, con los mismos propósitos y fines. Como bien aseguró el exprocurador Alejandro Ordóñez: “este es un acuerdo Revlon”.
En entrevista con LOS IRREVERENTES, el senador José Obdulio plantea que aquellos que votaron por el NO tienen que concentrarse en resistir frente a la arbitrariedad del gobierno. En palabras del congresista e ideólogo del uribismo, “el gobierno muerto del susto aprobó todo lo que le impusieron las Farc”. (Puede leer: “Estamos frente a la misma perra con la misma guasca”).
El Congreso de la República tiene la competencia para incorporar todos los cambios normativos que se requieran para la implementación del acuerdo entre Santos y las Farc. Lo que no puede hacer, porque no tiene esa función constitucional, es la de abrogarse la vocería ciudadana para decidir ella. Los mecanismos de participación ciudadana se incluyeron a la Carta de 1991 para empoderar al pueblo en su condición de constituyente primario.
Como un ciudadano no puede hacerse presente en el Congreso para votar por un proyecto de ley, en el mismo sentido un congresista no tiene el poder de reemplazarlo a él en un proceso plebiscitario.
Si el gobierno sinceramente cree que el acuerdo que ha firmado con Timochenko es totalmente nuevo y que incorpora las demandas expresadas por los colombianos que votaron por el NO el pasado 2 de octubre, ¿entonces por qué no convoca a un plebiscito en el que la última palabra sea dicha por los ciudadanos?
No se entiende que antes del 2 de octubre, para el gobierno el plebiscito fuera maravilloso y ahora no lo sea. Santos debe entender que la paz será estable y duradera cuando ésta sea respaldada por la mayoría. Tramitar de manera ilegal la refrendación en el Congreso que fue derrotado el 2 de octubre deja herida de muerte la legitimidad del proceso de paz.
Los escuderos pagados por el gobierno argumentan que un nuevo plebiscito será usado para votar a favor o en contra del acuerdo con las Farc, pero también para evaluar el desempeño de Santos.El, uno de los presidentes más despreciables de la historia reciente de Colombia teme que el pueblo le propine la paliza que le tiene reservada. Y esa es la razón por la que su vanidad le ha indicado que es mejor dar un golpe de Estado antes de someterse a la evaluación democrática de sus gobernados.
@IrreverentesCol