El lunes habrá reunión en Palacio. Hemos de saber si veremos de cuerpo entero el conejo cuyas orejas se asoman.
Ya sabemos que toda la campaña por el SÍ estaba montada sobre falsedades. Y no me refiero a las de la propaganda del gobierno, en realidad una vulgar campaña por el SÍ, sino a los pilares sobre los que construyeron sus posiciones tanto el gobierno, los negociadores y las Farc como los parlamentarios, analistas y columnistas afines a ellos.
La primera, el Presidente y de la Calle sostuvieron que el llamado “Acuerdo Final” era el único posible. Estaba lejos de ser verdad: han anunciado otro.
Segunda, que el citado “Acuerdo” era el “mejor posible”. Ahora Santos, en un inusual gesto, dijo que “con toda humildad, quiero reconocer que este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo”. Es decir, el “Acuerdo” no solo no era el único posible sino que era perfectible. Fue más allá. Dijo que los voceros y promotores del NO con “sus iniciativas contribuyeron a lograr este nuevo acuerdo”.
Es inevitable preguntarse porqué Santos y los negociadores no solo no aceptaron reunirse antes del plebiscito con los opositores al “Acuerdo”, sino que los insultaron acusándolos de ser “vacas muertas, tiburones, neo fascistas” y otras linduras. Nunca es tarde para corregir, pero…
Tercera, los defensores públicos del Sí advirtieron que si no se aceptaba el “Acuerdo Final” volveríamos a “la guerra”. Santos incluso amenazó, en una grosera estrategia de miedo, con que las Farc se tomaría las ciudades. Hoy resulta obvio que tal cosa no ocurrió.
Finalmente también era mentira que quienes teníamos críticas al “Acuerdo” fuéramos “enemigos de la paz” y “amigos de la guerra”. Desde el dos de octubre se asumió el triunfo con humildad y con el compromiso público de proponer de manera rápida las mejores opciones para un nuevo pacto con las Farc. Y no se ha parado desde entonces en esa tarea. En menos de diez días se le presentaron al gobierno de manera formal las críticas al “Acuerdo”. Y cuando los negociadores nos invitaron, se celebraron intensas rondas de trabajo, de sábado a viernes, y se concluyó con la entrega de un documento de propuestas y opciones para un nuevo acuerdo. Y ni por un instante se ha cejado en el empeño de alcanzar un gran acuerdo nacional para la paz que incluya a todos, entre ellos a las víctimas de las Farc y a la rama judicial, a quienes el gobierno y la guerrilla tampoco oyeron durante las negociaciones iniciales. Esa actitud proactiva y de buena fe fue reconocida por Santos cuando quiso “agradecer nuevamente la buena disposición y la buena voluntad con la que participaron todos los voceros, en particular los del NO”.
Advertimos que el triunfo del NO era la oportunidad histórica para salir de la polarización política y social a la que nos condujo la estrategia de estigmatización que Santos ha desarrollado desde la campaña del 14. Lo aceptó el mismo Presidente cuando afirmó que ese triunfo “teníamos que convertirlo en una gran oportunidad para unirnos alrededor del deseo de paz expresado por todos, independientemente de si votamos SÍ o NO ese día».
Sin embargo, las palabras de Santos van en contravía de sus acciones. Primero intentó de todas las maneras posibles dividir el frente del NO, sin éxito. Y ahora en lugar de volver de La Habana con un nuevo borrador, como era su compromiso, el gobierno ha anunciado un “acuerdo final y definitivo”. Comete otra vez el mismo error. Aunque esta vez es peor, porque no solo margina a los voceros y promotores del NO y a los representantes de las víctimas de las Farc, así como a la rama judicial, sino que va en abierta oposición de la mayoría expresada en las urnas. Es un portazo en las narices al NO, es verdad, pero sobre todo es una burla a la democracia, al resultado del plebiscito.
Hay un atisbo de esperanza. El lunes habrá reunión en Palacio. Ahí hemos de saber si veremos de cuerpo entero el conejo cuyas orejas ya se asoman.
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Este 26 de noviembre, a las diez am, enfrente del Palacio de Justicia, invito a asistir al plantón por la libertad de Luis Alfredo Ramos. Acusado por falsos testigos, lleva tres años en una inaceptable “detención preventiva”.