Enfrentamos el contubernio del gobierno y la mayoría de congresistas controlada por medio de «mermelada» para desconocer el voto mayoritario.
Sostuvo el presidente López Michelsen en un discurso memorable que el orden jurídico reposa sobre un binomio que integran las altas cortes de justicia y las fuerzas armadas, por lo que unas y otras deben entonces obrar en armonía para que la institucionalidad se consolide y rinda sus frutos civilizadores.
Esta sabia apreciación toca con el dicho viejo de siglos según el cual «La fuerza sin el Derecho es la arbitrariedad, pero el Derecho sin la fuerza es la irrisión».
Todo esto tiene que ver con lo que podría denominarse la trascendencia del Derecho en la sociedad, sin la cual no hay civilización posible.
En efecto, el Derecho es el supremo referente, por supuesto, de la actividad judicial, pero también de todo ejercicio del poder público y principalmente el que se despliega a través de la fuerza de las armas.
En otra oportunidad he hecho alusión al deletéreo conflicto que padecemos en Colombia entre el estamento judicial y el militar, pues cuando los jueces se apartan de la normatividad jurídica invitan a los soldados a hacer lo mismo.
Ahora enfrentamos algo muchísimo peor, que es el contubernio del gobierno y la mayoría de congresistas que controla por medio de la detestable «mermelada», para desconocer el voto mayoritario de la ciudadanía que rechazó el Acuerdo Final con las Farc (AF) e imponer por vías torticeras un texto que es sustancialmente idéntico a aquel.
Santos se apresta hoy a firmar con las Farc lo que algunos llaman el Nuevo Acuerdo Final (NAF) dizque en función de una «paz estable y duradera», para luego enviarlo al Congreso, a fin de que este lo ratifique, no mediante acto legislativo o ley, sino a través de una proposición que aprobaría ipso facto.
Dijo esta mañana Fernando Londoño en «La Hora de la Verdad» que de esta manera se está consumando un verdadero golpe de estado. En otros términos, se está demoliendo la institucionalidad colombiana.
Como lo expuse en mi último escrito para este blog, el NAF es el mismo AF, con algunos retoques cosméticos. Lo señaló José Alvear Sanín con tono campechano: es la misma perra con distinta guasca.
Y en un escrutinio judicial no podría llegarse a otra conclusión, salvo que los encargados de verificarlo, es decir, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, decidan llevarse de calle la lógica y el buen sentido que, según eximios juristas, presiden la creación, la interpretación y la aplicación del Derecho.
Los escépticos me dicen que con entera seguridad esas augustas corporaciones avalarán el golpe que hoy está poniendo Santos en ejecución.
Pero si así lo hicieren, el mensaje para las Fuerzas Armadas sería nítido: en Colombia ha desaparecido el Estado de Derecho, pues la normatividad jurídica ha sido sustituida por la arbitrariedad de titulares del poder que no obran conforme a a aquella, sino, según lo dijo Santos hace poco, «como les da la gana».
¿Por qué, entonces, poner la fuerza pública al servicio de la arbitrariedad? ¿Cómo exigirle que respalde a unos gobernantes que descaradamente han convertido el Derecho en un Rey de Burlas?
Santos y sus conmilitones del Congreso pueden darse hoy el lujo de desafiar la Constitución cuyos preceptos ordenan que sobre la democracia representativa que los ha investido prevalezca la democracia participativa que se manifestó el dos de octubre pasado contra el AF, ahora tramposamente convertido en NAF. Pero de ese modo están invitando a la fuerza pública y la ciudadanía a sumarse al desorden, a la desobediencia no solo civil sino militar, al espíritu golpista.
Artur Koestler tituló inicialmente su célebre novela «El Cero y el Infinito» como «Oscuridad al Mediodía» («Darkness at Noon»). Es lo que estamos presenciando en estos momentos: el eclipse total de nuestro régimen institucional, la ruptura de lo que Marco Palacios llamó hace algún tiempo «la delgada corteza de nuestra civilización».
Suele afirmarse hoy en día que el Derecho no es otra cosa que el Pacto Colectivo que los distintos sectores de la comunidad estatal acuerdan para convivir en paz mediante unas reglas de juego que definan y garanticen los derechos de todos.
Pero lo que hoy se estará consagrando como gran acuerdo para una paz estable y duradera es resultado de un convenio con las Farc que desconoce flagrantemente lo que dispuso la ciudadanía en forma mayoritaria en el plebiscito de octubre. O sea que se la deja por fuera del pacto y se la invita a desconocerlo.
Malos vientos soplan en esta hora sobre nuestro desventurado país.
Jesús Vallejo Mejía