La crisis en Venezuela se agudiza día a día. Después de que el Tribunal Supremo y distintos jueces, dominados todos por el chavismo, impidieran realizar un referendo revocatorio contra Maduro, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, anunció un juicio contra el gobernante. El miércoles millones de ciudadanos descontentos se tomaron las calles. El viernes hubo huelga, aunque parcial por el temor de muchos a la violencia del chavismo. El mismo día, Maduro anunció que metería presos a los diputados si lo enjuiciaban.
Recordemos los antecedentes: bastó con que a fines del año pasado la oposición ganara abrumadoramente el control del congreso venezolano para que el “socialismo del siglo XXI” perdiera la careta. De inmediato, y sin respetar el orden jurídico, reemplazó unos magistrados del máximo tribunal de justicia con militantes chavistas, y desde ahí, tras la fachada de las supuestas “decisiones judiciales”, ha ido en contra de la voluntad del pueblo. Entre el Tribunal y el Consejo Nacional Electoral, también controlado por sus militantes, han saboteado una y otra vez a la Asamblea y han hecho inútiles las millones de voces ciudadanas que quieren la revocatoria del mandato de Maduro. Primero anularon la elección de unos diputados para atenuar el impacto de la mayoría calificada que había obtenido la oposición. Después autorizaron a Maduro un régimen de excepción y a gobernar por decreto en contravía de la decisión de la Asamblea. Más adelante le cercenaron al congreso sus competencias de control y de legislar. Han hecho imposible realizar el referendo revocatorio porque significaría la salida del chavismo del poder. Y cuando no se han quedado mudos frente a la feroz represión de las fuerzas de seguridad a los manifestantes opositores, se han prestado para hacer juicios políticos y sin ninguna garantía a sus líderes más caracterizados como, y es un ejemplo entre más de un centenar, Leopoldo López.
Por mucho que tenga una apariencia de legalidad, lo de Venezuela es un golpe de Estado. Desde adentro, pero un golpe de Estado. Este se produce no solo cuando uniformados o civiles con su apoyo asaltan el poder, sino cuando hay una ruptura del orden constitucional y democrático y se desconoce la soberanía popular expresada mediante el voto. Esa ruptura y ese atentado a la democracia pueden hacerse, como en el caso venezolano, desde el gobierno. De hecho, esa es la táctica de los populistas contemporáneos, de izquierda y de derecha, desde Fujimori hasta Chávez: hacerse elegir, subordinar los otros poderes públicos al Ejecutivo y eliminar la separación de poderes, y demoler desde adentro la democracia hasta hacerla un espejismo.
Así como el triunfo del NO es una oportunidad para unir al país y renegociar con los violentos, hay que decir con todas las letras que desconocer de facto la voluntad popular manifestada en el plebiscito sería una quiebra radical del orden constitucional y un ataque devastador a la democracia. En una democracia la voz de la mayoría expresada en las urnas se respeta, sin importar el margen de la victoria.
El vecino es un régimen autoritario e incompetente, regido por una ideología marxista que los ha llevado a la miseria a pesar de las inmensas riquezas petroleras de su suelo. Además, es un régimen mafioso, de corruptos y criminales de la peor calaña. Por eso estoy convencido de que no entregará el poder. De manera que no dudo de que hay profundas diferencias entre Venezuela y Colombia y entre Maduro y Santos. Pero como vienen las cosas, también hay similitudes: manipulación y modificación de la Constitución y la ley en beneficio propio y de sus objetivos políticos, presión a los organismos judiciales, intimidación a los empresarios y a los medios críticos, estigmatización y persecución a los opositores y judicialización de la política, uso del presupuesto nacional con fines partidistas y, ahora, el conejo que se asoma al resultado del plebiscito. A estas alturas, Santos debe demostrar que en verdad es un demócrata.