Por Álvaro Uribe Vélez
Durante la campaña por el No referimos siempre a las 297 páginas de La Habana. Se expresaron desacuerdos con muchos temas, entre otros:
La impunidad total a los mayores responsables de delitos atroces, que se convierte en mal ejemplo, creador de nuevas violencias, además de generar incertidumbre jurídica futura. Insistimos en la reclusión efectiva, pena privativa de la libertad, entre 5 y 8 años, no obstante que sea en sitios alternativos como granjas agrícolas.
El narcotráfico, en las circunstancias de Colombia, no debe ser calificado como delito político.
Los privilegios al partido de la FARC y la elegibilidad de responsables de delitos atroces. De no excluirse, debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por proceso 8 mil y parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y los 140 mil presos.
Preocupa que todo premio a la violencia se traduzca en más violencia.
Hicimos múltiples observaciones al Tribunal Transicional, que entre sus facultades exhorbitantes tiene aquella de definir qué conductas son delitos. Estamos de acuerdo con el Fiscal General de aplicar la Ley de Justicia, Paz y Reparación. O proponemos crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia, retroactiva por cierto.
En la campaña nos referimos a las víctimas, a los niños y demás secuestrados, a la familia, al respeto a la mujer, a tantos otros temas sobre los cuales propusimos alternativas.
La pequeña diferencia del No tiene el mérito de haber sido contra una enorme desventaja. Reiteramos urgencia y paciencia para el inmediato futuro.
Urgencia para no agregar motivos de violencia a la criminalidad que gira sobre las 200 mil hectáreas de coca, el ELN, disidentes de FARC, bandas criminales, microtráfico, drogadicción e inseguridad urbana.
Que a los integrantes de FARC se de protección efectiva a condición de la suspensión de todos los delitos, narcotráfico y extorsión incluidos. La ley podría conceder una amnistía, sin desmovilización total inmediata, a guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad. Y para garantizar sus ingresos se podría contratar con ellos que empiecen la destrucción remunerada de la droga.
Es urgente el trámite en el Congreso de una norma de alivio judicial para nuestros soldados y policías, el Centro Democrático ha presentado varios proyectos, alivio sin impunidad y sin igualarlos a FARC.
Contrario al ultimátum que aplazó las bombas para el primero de Noviembre, creemos que se necesita paciencia para discutir tantos motivos de preocupación.
Me permito recordar estas propuestas, que hacen parte de muchas:
1. Se debe privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales.
2. Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente.
3. Los compromisos con la FARC deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país; esto es, sin afectar la regla fiscal, la confianza de inversión del sector privado, la competitividad, los programas sociales como educación universal y de calidad, sin afectar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.
4. Los compromisos con FARC no pueden limitar la descentralización ni la obligación de alcaldes y gobernadores de atender con equidad las necesidades de todos los ciudadanos.
5. Las consultas a comunidades podrán ser limitadas en el tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la Nación.
Que las discusiones sean públicas para evitar tergiversaciones.
@AlvaroUribeVel