La posibilidad de que las Farc pasaran de manera automática a la arena política fue, sin duda alguna, el principal motivo de indignación de los 6.5 millones de colombianos que contra la aplanadora oficial y los ríos de “mermelada” que se derramaron durante la campaña plebiscitaria impusieron en NO el 2 de octubre pasado.
Resultaba indignante e inaceptable que personas que estuvieron involucradas en delitos de lesa humanidad se convirtieran en dirigentes políticos y actores fundamentales de la democracia de nuestro país.
El mensaje era equivocado y se resumía en el eslogan de “ser pillo paga”. Mientras un colombiano cualquiera que desee acceder a un cargo de elección popular tiene que someterse a las difíciles reglas que impone nuestro sistema político, los cabecillas de las Farc, todos ellos condenados por crímenes de lesa humanidad y delitos graves, entrarían al Congreso de la República sin ninguna dificultad.
Mucho trabajo le ha costado a nuestra democracia luego del Frente Nacional fortalecer y mantener vivos a los partidos políticos, entendidos éstos como el motor principal del sistema democrático. Al fin y al cabo, los partidos son los principales medios por los que se canalizan las ideas.
Si las Farc desean hacer política, tienen que someterse a las reglas establecidas en materia de umbrales y condiciones para el mantenimiento de la personería jurídica. Resulta desequilibrado e injusto que un partido que siempre ha obrado dentro del respeto por la constitución y las leyes que no alcance un número mínimo de votos sea castigado con la pérdida de su personería jurídica, mientras que a las Farc se les garantice su existencia como colectividad, independientemente del número de votos que saque en los procesos electorales.
Otro elemento supremamente delicado que hacía parte del desaparecido acuerdo de La Habana era el de las 16 circunscripciones especiales de paz en las que los partidos legalmente establecidos y con presencia en el Congreso de la República no podían participar presentando candidatos. Aquella prohibición era en extremo estrambótica. En vez de premiar a las colectividades que han respetado la legalidad, éstas son castigadas y vetadas para hacer política. No puede construirse una paz estable y duradera cuando a los partidos de la democracia se les imponen vetos.
Ahora bien: prebendas excesivas como la concesión a dedo de 31 emisoras en FM para que las Farc puedan hacer proselitismo en todos los rincones de Colombia era una dádiva que la sociedad rechazó de plano. Así mismo, el pueblo votó NO frente a la posibilidad de que el partido que emane de esa estructura terrorista se quede con un desproporcionado porcentaje de los recursos que son destinados al fondo de financiación de partidos políticos.
No se construye una paz estable, cuando se conceden prebendas desestabilizadoras. Tampoco la paz es duradera cuando el Estado se pone de rodillas frente a una estructura delincuencial a la que se le van a conceder muchos beneficios para lograr su desarme.
Los voceros del NO han manifestado que en materia de participación en política, los 3 delegados temporales que tendrán las Farc en el Senado de la República y la Cámara de Representantes sean personas que no tengan condenas por delitos de lesa humanidad o delitos graves. Ese mismo criterio debe aplicarse para aquellos que a partir de 2018 y durante dos periodos consecutivos, vayan a acceder a las curules especiales que les sean adjudicadas a esa organización delincuencial. Así las cosas, personas con el prontuario criminal como el que tienen a cuestas Timochenko, Iván Márquez, Joaquín Gómez o Romaña no podrán ser congresistas y, por supuesto alcaldes, gobernadores o presidentes de la República, tal y como se contemplaba en el acuerdo que fue improbado por la ciudadanía.
Igualmente, las Farc, en ningún caso, podrán tener un representante nombrado a dedo en el Consejo Nacional Electoral, ni participar en el proceso de reforma electoral que es de competencia exclusiva del Congreso de la República.
Otro asunto que debe quedar expuesto de manera clara en el nuevo acuerdo hace referencia a las prohibiciones expresas para la guerrilla. No podrán revisar los antecedentes de los servidores públicos a través de la denominada comisión nacional de garantías de seguridad. En el mismo sentido, no podrán ejercer ningún tipo de supervisión sobre los servicios de seguridad privada en Colombia y finalmente la Policía Nacional podrá ejercer control sobre los miembros de las Farc que vayan a ser designados en el cuerpo de seguridad y protección de esa guerrilla y, cuando sea del caso, vetar a aquellas personas que puedan ser un riesgo para la comunidad.
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@IrreverentesCol