Análisis de David Meza Pretelt
A pesar de las muchas ventajas y estrategias que utilizó la campaña del SÍ, el pueblo colombiano se manifestó a través de las urnas rechazando los acuerdos.
La democracia es poder para el pueblo, esa es su esencia y eso fue lo que se manifestó el 2 de Octubre en las urnas, una señal clara de rechazo a los acuerdos entre el Gobierno y las FARC que no puede ser deslegitimada por habladurías, leguleyadas o acusaciones, mientras que si hubiera ganado el SÍ la historia hubiese sido otra.
A medida que pasan los días y se busca consenso para incluir las peticiones de esa mayoría ciudadana que pidió reformar los acuerdos para alcanzar una paz verdadera, algunos sectores sociales y opinadores, presuntamente atendiendo a solicitudes de altas esferas políticas, han tratado de disfrazar las manifestaciones sociales de una ciudadanía que alberga un deseo genuino de paz detrás de un propósito político, que es la implementación de los #AcuerdosYa, como se ha identificado parte de esta campaña en redes sociales, pretendiendo revivir un documento que ya fue rechazado en las urnas de manera legítima.
Otra corriente que tiene un aire de chavismo por sus alcances, defiende la idea de repetir el plebiscito sin cambios o con apenas unos retoques cosméticos como lo definiría la Canciller Maria Ángela Holguín, que viene siendo defendida por algunos líderes del santismo como Álvaro Leyva y Benedetti.
A ese desconocimiento al mandato democrático de rechazo al plebiscito se ha sumado el actor en cuestión: las Farc, organización que esperaba quedarse con 23 zonas de nuestro país y con miles de millones en sus bolsillos.
Desde las principales planas de las Farc, se han hecho múltiples comentarios dirigidos a implementar los acuerdos desconociendo la preferencia mayoritaria por el NO. De hecho el mismo jefe de este grupo alias Timochenko afirmó que el texto pactado en La Habana “ha sido firmado como acuerdo especial y depositado ante el Consejo Federal de la Confederación Suiza” y por tanto, “ello le confiere innegable y irrevocable efecto jurídico”.
Hecho que ya fue completamente desvirtuado por altos funcionarios del Gobierno suizo como Rolan Buechel, consejero nacional, quien afirmó: “hay que aclararles a las Farc de manera terminante que Suiza respeta los resultados de votaciones democráticas, ya sea en el interior o en el exterior”.
Si hubiera sido al revés…
Con estos constantes intentos de pasar por encima de los votantes y aducir a la ignorancia o el engaño, un clamor de rechazo a la impunidad y otras gabelas para la criminalidad. No se ha reflexionado acerca de los efectos jurídicos y políticos de lo que quienes hoy persiguen a los que promovieron el NO, no supieron defender en las urnas.
El triunfo del SÍ hubiese sido nefasto para nuestro ordenamiento jurídico y político, empezando porque la mesa de negociación, de la que hacen parte personajes con manchas en su pasado y marcados intereses políticos, hubiera adquirido casi inmediatamente las características de una constituyente, ya que los acuerdos iban a ser incluidos en el bloque de constitucionalidad en ese escenario.
Prácticamente, los generales retirados Mora Rangel, Naranjo, la Canciller Holguín, Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle y alguno que otro personaje que visitó la mesa por temporadas, ejercieron como asamblea constituyente en representación de 48 millones de colombianos por determinación del Presidente Santos. Siendo lo más absurdo en medio de todo esto, que se haya negociado la constitución de igual a igual con una guerrilla que ronda los 16 mil miembros y se encontraba disminuida militarmente al momento de sentarse a negociar.
El mismo Presidente Santos reconoció que a la Constitución de 1991 “se le ha llamado un tratado de paz”. Y sin duda lo fue, dando él mismo la primera razón por la que no era necesario introducir una reforma de 297 páginas para alcanzar la paz con los rebeldes, ya que la paz que predica la constitución es la carta magna que debe ser protegida y el acuerdo nacional a partir del cual muchos grupos al margen de la ley, ya han alcanzado acuerdos de dejación de armas.
Como un tiro al aire quedó la intención de impulsar los acuerdos por parte del Gobierno Nacional ante la comunidad internacional; a través del acto celebrado el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena, un tipo de situación frente a la que de manera casi profética, el exmagistrado Jorge Pretelt se había manifestado en su salvamento parcial de voto frente al plebiscito en julio del mismo año. Advirtiendo una situación que podría haber dado mayor transparencia al proceso electoral entorno al plebiscito:
“El referendo debe realizarse previamente a la firma que el Presidente imprima al acuerdo, y como condición de legitimidad de la misma. Una vez se haya firmado el “acuerdo final”, el compromiso del Estado Colombiano estará sellado. Algunos doctrinantes sostienen incluso que dada la participación de la comunidad internacional en las conversaciones de la Habana, la teoría del acto unilateral del Estado cobija con un manto de validez jurídica la obligación adquirida por el Presidente frente a las FARC, pues la publicidad de la voluntad inequívoca expresada por el Presidente al firmar, daría cuenta de un compromiso, que la comunidad internacional tendría por obligatorio, y cuyo desconocimiento atentaría contra el principio de buena fe internacional”.
Haber llevado a cabo la firma antes de la elección fue otro de los elementos que le restó legitimidad y hubiera sido objeto de demandas y múltiples análisis de haber ganado el SÍ, pero pasemos a otro punto que constituía uno de los de mayor gravedad: el constreñimiento al elector.
Pasarán varios años hasta que el fenómeno social, demográfico y electoral entorno a las elecciones del plebiscito sea estudiado a profundidad, pero queda un manto de duda que podría llevar a pensar que los votantes de muchas zonas de conflicto en las que ejercen presencia los grupos armados en la actualidad, votaron masivamente por el SÍ, bajo presiones de diferente tipo, ejercidas por los grupos armados y entre ellos el mayor interesado: las Farc.
Un motivo más de ilegitimidad a lo que podría haber sido un resultado favorable para el SÍ, en caso que hubieran ganado la elección se trataba de la participación en política y campaña electoral por parte de los empleados oficiales.
Por último aunque solo es uno más en los múltiples vicios e ilegalidades en los que se incurrió por tratar de ganar un referendo a las patadas, está el tema del umbral que fue una decisión tomada y promovida por los que apoyaban el SÍ, temiendo baja presencia en las urnas.
Esta es otra exigencia que no compagina con lo pactado en la Constitución Nacional y debió haber sido declarada inexequible, pero ahora es muy tarde.
Hoy son muchos quienes quieren desvirtuar una legítima victoria que tuvieron diferentes sectores de la sociedad el 2 de octubre, al pedir que los acuerdos fueran rediseñados y se tuvieran en cuenta más puntos de vista. Pero es común ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro y en este caso, del lado del SI se cometieron tantas irregularidades que tal vez les ha traído más tranquilidad a algunos no haber ganado para que muchas denuncias, vicios e irregularidades cometidas al impulsar unos acuerdos a los trancazos no salieran a flote.
Para los áulicos del SÍ, el país ya habló aunque intenten hacer oídos sordos y les dijo que los acuerdos deben ser renegociados desde lo básico. Políticas de género o de expropiación de tierras deben salir del documento y se debe centrar en lo fundamental que han hecho los tratados de paz alrededor del mundo: la dejación de armas.
@DMezaPretelt