Análisis de David Meza Pretelt
Mientras distintos sucesos ocasionados por el régimen de Nicolás Maduro, tienen al vecino país en momentos de crisis institucional y social, su posición en la mesa de diálogos con las Farc se mantiene intacta.
Venezuela ha sido un actor importante en los distintos intentos que se han hecho en Colombia para alcanzar la Paz con grupos al margen de la ley a lo largo del tiempo; pero en la actualidad el vecino país atraviesa una gran crisis que lleva a evaluar su pertinencia, influencia y permanencia como parte de los diálogos de La Habana.
Colombia y Venezuela son dos naciones hermanas, esto es evidente tanto en aspectos sociales, económicos y culturales como en materia de geografía y diversidad, con 2219 kilómetros de frontera que unen ambas naciones. Pero actualmente la ciudadanía venezolana vive tiempos difíciles como consecuencia de un régimen socialista implantado por el fallecido Hugo Chavez y continuado por Nicolás Maduro de manera nefasta.
Como dice el escritor argentino José Narosky “la verdadera hermandad no requiere lazos de sangre” y eso es lo que han probado ser los ciudadanos colombianos y venezolanos, hermanos que tienen un anhelo de avanzar hacia grandes ideales como la paz y la inequidad.
La situación social en ambos países es compleja, pero es tal vez Venezuela donde se encuentren viviendo una situación sui generis en su historia. Tras la caída en los precios del petróleo, la destrucción de la producción agrícola interna y la muerte de Hugo Chávez, se cayó la estantería del Socialismo del Siglo XXI, probando irónicamente que dicho proyecto político sólo logró existir gracias a los dólares que tanto criticaba el desaparecido sátrapa.
El proceso de dejación de armas por parte de grupos armados al margen de la ley en Colombia, no puede ser utilizado para legitimar a nivel internacional a un gobierno venezolano que tiene a su población sumida en la más grave crisis social y económica de los últimos años en América y ha dado claros visos de dictadura por la intransigencia de sus decisiones.
Hace unos pocos días, en la Asamblea Nacional que hace las veces de legislativo en Venezuela, manifestantes aupados por el alcalde de Caracas, de tendencia chavista, irrumpieron en la sesión en la que se acordó llevar a cabo un debate sobre la situación constitucional del Presidente Maduro que tendría como desenlace la terminación anticipada de su mandato, con el objetivo de sabotear la sesión.
Sin entrar a revisar las múltiples arbitrariedades llevadas a cabo por Hugo Chavez en vida en el plano electoral, lo que queda claro es que Maduro aprendió los métodos electoreros y un referendo revocatorio es algo que él quiere evitar a toda costa.
Maduro y los restos del chavismo que se aferran al poder, no solamente enviaron una turba enardecida al legislativo, sino que además invalidaron la recolección de firmas para la revocatoria del mandato a través de entidades judiciales en cuatro estados de marcada influencia chavista.
Estos marcados atropellos contra la constitución y los derechos de los ciudadanos del vecino país, solo hacen más evidente la necesidad de marginarlos de la mesa de negociaciones.
El desconocimiento del mandato democrático no puede convertirse en una opción, así como en Venezuela han manipulado elecciones y desconocido resultados legítimos, en Colombia se ha intentado adoptar esta tendencia respecto al plebiscito y no se puede caer en ideas características de estados totalitaristas sin instituciones fuertes, por eso resultados como el del plebiscito en el que la ciudadanía le dijo NO a unos acuerdos de dejación de armas con un grupo armado, deben ser escuchados y respetados.
La turbulenta realidad venezolana tiene grandes efectos en Colombia. Uno de estos alcanzó un pico de gravedad hacia agosto de 2015, cuando miles de colombianos fueron expulsados de zonas cercanas a la frontera, teniendo que caminar hasta Colombia con sus enceres a cuestas, alejándose de seres queridos y tal vez sus fuentes de ingreso.
Personajes como Guadalupe Marengo de Amnistía Internacional, se pronunciaban contra los atropellos sufridos por los colombianos desalojados en su momento aclarando que «En algunos casos se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías».
Mientras miles de connacionales tenían que salir de Venezuela sufriendo atropellos incluso a sus derechos humanos, este país se mantenía como Estado Garante del proceso entre Santos y las Farc en La Habana. Una incongruencia en la que actúa como garante de la paz un gobierno que por otra parte toma decisiones que afectan a los colombianos.
Por otra parte se ha visto una evidente empatía hacia las Farc desde oportunidades como en la que Chávez los definió como “verdaderos ejércitos del pueblo”.
Personajes como Diosdado Cabello han salido a decir que el proceso de paz en Colombia se le debe a Hugo Chavez y el mismo Maduro dijo en una entrevista a CNN que “La paz de Colombia siempre tendrá una marca: Hugo Chávez”. Atribuyéndose de manera ilegítima un trabajo por la paz en el que los colombianos llevamos décadas a través de diferentes procesos y acercamientos.
Colombia necesita garantías legítimas y en este momento Venezuela no las tiene ni al interior de su propio Gobierno. Por eso es importante que se revise y si es posible, se de por terminada la participación en los acuerdos, de un país que claramente tiene inclinaciones por la guerrilla terrorista de las FARC y no se encuentra en las condiciones de garantizar para otras naciones la posibilidad de una paz estable y duradera, ya que no la tiene ni al interior de sus fronteras.
@DMezaPretelt