Antes de iniciar quiero dejar en claro que respeto y soy defensor acérrimo del derecho a la libre empresa y a los negocios con ánimo de lucro. Pero jamás estos, pueden ampararse en el peregrino argumento de que como están generando empleo pueden violar la Constitución y la Ley. Aunque hay muchos, que creen que porque abrieron un nuevo negocio tienen ‘licencia’ para no pagar el salario mínimo, abusar laboralmente de sus trabajadores o hacer lo que les venga en gana.
Cuando las ciudades crecen, también lo hacen sus responsabilidades. Montería crece demasiado rápido y pareciera que sus funcionarios no estuvieran preparados para ello. Eso lo demuestra la ‘selectividad’ que hay para dar permisos de construcción o de funcionamiento de negocios en la ciudad. Al punto, de que se ha llegado a decir que hay varias alcaldías: la del curador, la del secretario de planeación, la del secretario del interior y la del alcalde. Por ejemplo, para unos constructores la normatividad es una y para otros es otra. Hay personas que les dan permiso para unos eventos, pero a otros se los niegan.
Lo cierto es que hace unos años se le dio a la Alcaldía de ese entonces cerrar una calle para que se convirtiera en bares, discotecas y restaurantes. Se inventaron algo llamado ‘polígono’, en donde convirtieron a ese sector de La Castellana en un lugar de conflicto. En aquel entonces, Ludys Rodríguez, valerosamente, lideró con muchos residentes una dura batalla contra la Alcaldía por el respeto a ese sector. Tiempo después, inexplicablemente, terminó de aliada de la Administración. Lo cierto es que la Alcaldía, a la brava se impuso y construyó el llamado ‘Pasaje del Sol’.
Los más afectados fueron los residentes de ‘Portal de La Castellana’, edificio que existía y estaba habitado, antes de la idea de cerrar la calle 62 de La Castellana. Era como si les hubieran dicho: “De malas, quién los mandó a vivir allí”.
La Alcaldía no ha podido aconductar a todos los que tienen negocios allí con respecto al sonido. Y cuando las cosas están mal, tienden a empeorarse, dice la famosa Ley de Murphy. La Administración Municipal pasada dio permiso para construir en ese sector una gigantesca discoteca. Lo que llevó a los residentes de la mencionada unidad residencial a alertar sobre el sonido. Los dueños argumentaron ante la Alcaldía que ellos iban a instalar la más moderna tecnología de insonorización que Montería nunca ha conocido. No sé si los de la Alcaldía se tragaron el anzuelo, pero lo cierto es que en junio de 2016, para la Feria de la Ganadería, les dieron permiso para funcionar hasta las 5 de la madrugada. El reclamo de los afectados residentes no se hizo esperar.
Ante el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, en cabeza de la jueza Tania Marcela Jiménez Dominguez, instauraron una acción de tutela que fue fallada el 21 de junio de 2016. Allí en ese fallo se ordenó: “Amparar los derechos fundamentales a la tranquilidad, a la intimidad, a la dignidad, a la vida y a la salud…”. Y se ordenó al Municipio de Montería, “por conducto de señor Alcalde Marcos Daniel Pineda García o quien haga sus veces que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, adelante el respectivo procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el numeral 2° de la certificación emanada de la Secretaría de Planeación Municipal de Montería, a través de la cual el secretario señor Miguel Fernando Abuchar Alemán concedió autorización para uso del suelo…”.
En el numeral tercero se ordena al comandante de la Policía Metropolitana de Montería, o quien haga sus veces, “para que cada 15 días realice la medición de los decibeles en el establecimiento”.
No podemos pasar por alto el Acta de Inspección Judicial realizada el 16 de junio de 2016, a las 3:30 de la tarde a la discoteca Milagros Club. En un aparte dice textualmente: “En ese momento de la diligencia, la señora juez se dirigió al cuarto y quinto piso del edificio con el fin de constatar el material que recubre el techo del establecimiento de comercio Milagros Club – Eventos. Se deja constancia que el techo del aludido establecimiento es en zinc fijado con remaches, sin que se observe que tenga eternit, cielo raso o cualquier otro tipo de protección que permita amortiguar el ruido”. Más adelante en la inspección se deja constancia de que “siendo las 4:30 pm en el establecimiento de comercio se encontraban realizando prueba de sonido, el cual si bien su uso era moderado el mismo se pudo escuchar claramente”.
En septiembre 22 de 2016 los tutelantes le piden al juzgado en mención copia de lo que ha hecho la Alcaldía al respecto de lo ordenado en el fallo de tutela de junio 21 de 2016.
El 31 de agosto de 2016 varios residentes del edifico Portal de La Castellana radican (La carta tiene fecha de 19 de agosto de 2016) un Derecho de Petición al servidor público Miguel Fernando Abuchar Alemán, jefe de la Oficina de Planeación de Montería. (Ver Peticion-residentes).
Este funcionario Abuchar Alemán, no responde absolutamente nada. Por lo que el 29 de septiembre de 2016 radican ante su despacho un reclamo, en el sentido de que han pasado 15 días y no responde. Esta carta va con copia a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía, pero aun así el funcionario se niega a responder.
Aquí es donde me pregunto, cómo es posible que existan en esta Alcaldía de Montería funcionarios a los que no les da la gana responder Derechos de Petición de los ciudadanos. Y lo más espeluznante, es que no les pasa nada. Si esto hacen con personas que tienen los recursos para conseguir un abogado y saberse defender, ¿se pueden imaginar lo que harán con los vulnerables ciudadanos de a pie?
El 23 de junio de 2016 la Alcaldía de Montería, por medio de su Secretario de Gobierno, Salín Ghisays, dirige al juzgado en mención un informe. Lo curioso de este es que en el párrafo tercero dice así: “La secretaría de Gobierno Municipal realizo (sic) el día 24 de junio de 2016 realizo (sic) operativo de control en el Pasaje del Sol …”. La pregunta es, ¿cómo pudo hacer el control el secretario el día 24 de junio si la carta fue fechada el 23 de junio de 2016? ¿Raro, no? Podrán atribuirlo a un error, pero los funcionarios públicos no pueden equivocarse ni mentirle a los jueces de la República en sus respuestas. (Ver Respuesta Tutela).
El 8 de julio la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, realizó una visita de inspección técnica a la discoteca Milagros Club, dicho informe quedó consagrado en un documento de siete páginas firmado por Carlos Alberto Montero y Daniel Ricardo Santana, contratistas – Funcodesa – CVS; y por los funcionarios de la CVS Rafael Espinosa Forero, División de Calidad Ambiental, y Albeiro Arrieta López, Subdirector de Gestión Ambiental. (Este informe está textualmente en nuestra Página Web www.monteriaradio38grados.com – Inspección CVS)
Aquí debe quedar bien en claro, que no estamos en contra de ningún negocio. Solo que hay unos residentes que tienen unos derechos, que fueron tutelados y amparados por un juez de la República, que deben ser respetados.
Hoy en día existe toda la tecnología para aislar acústicamente cualquier recinto. El problema que percibo es que hay un terrible tráfico de influencias en la Alcaldía de Montería para permisos y licencias. En donde a unos le permiten hacer lo que les venga en gana y a otros sí les aplican toda la normatividad y hasta más.
Cuando los ciudadanos perciben que se está ante una Administración Municipal de ‘amigotes’, en donde solo los que son amigos de ellos logran sacar ventaja ante los demás, se está ante una clara violación a la Constitución y la Ley. Y estos comportamientos lo que llevan es a alejar a la Administración de sus ciudadanos.
Lo reitero, esto no se trata de perseguir a nadie. Esto es tan sencillo, que no sé por qué lo ven tan complicado. Tú puedes montar el negocio que quieras, siempre y cuando sea legal, pero debes respetar los derechos de los demás. Y las Alcaldías no están constituidas para terciar en favor de los empresarios y / o comerciantes en detrimento de los demás ciudadanos, en este caso los de una unidad residencial que simplemente quieren tener derecho a la tranquilidad.
@tonsanjr
Sobrepasar los 60-65 decibeles q’ están permitidos a cualquier parlante público es ya una onstante de cualquier establecimiento por: 1)Sordera (hipoacusia) de los jóvenes DJ porque usan permanentes audífonos propios de gran volúmen. 2) Porque la autoridad policía venal y alcahueta, también patrocina el alto ruido con la disculpa de q’ “así es como se debe oír” o “así se oye mejor” y 3), porque a los alcaldes, inspectores o cualquier autoridad, LA COMPRAN FÁCILMENTE y ellos no ejercen su autoridad p’ lo q’ fueron nombrados. A los 80 decibeles, ya puede haber convulsiones o incluso disturbios mentales. Pero a QUIEN LE HA IMPORTADO?. Parece q’ los médicos araran en el desierto!…