Desde el momento en que el exprocurador Alejandro Ordóñez asumió el liderazgo de millones de colombianos que votaron por el NO en el plebiscito del 2 de octubre, el gobierno y sectores afectos a la guerrilla de las Farc han intentado sacarlo del camino de todas las formas posibles.
Los argumentos y las razones que Ordóñez ha esgrimido son de peso y explican porqué el acuerdo no puede ser modificado en asuntos menores o cosméticos.
Desde el día uno, su posición ha sido siempre la misma: el pueblo dijo NO y NO, es NO.
Aquellas palabras quieren significar que el acuerdo suscrito entre Santos y Timochenko, invalidado en el plebiscito, simple y llanamente no existe y hay que hacer uno completamente nuevo.
No es cierto, como equivocadamente expresan algunos, que el 70% del acuerdo está intacto. La mayoría del pueblo colombiano votó en contra de éste, asumiéndolo como un todo, razón por la que, si acaso, de ahí se podría rescatar la página en la que están las firmas de Santos y Timochenko.
Desde su salida de la Procuraduría General de la Nación, la de Ordóñez se ha convertido en una voz que interpreta el sentir de millones de colombianos. No son pocas las personas que esperan ansiosamente que él anuncie públicamente el inminente inicio de su campaña por la presidencia de la República.
En la derecha, Ordóñez es visto como una alternativa real de poder en las elecciones de 2018. Aunque aún no ha protocolizado su aspiración, lo cierto es que desde su salida de la Procuraduría habla, actúa y se comporta como candidato presidencial.
Es un hombre que por sus posiciones ideológicas firmes, en un país donde impera el maniqueísmo, se ha ganado el afecto y aprecio de un amplio sector nacional.
Ha sido cuestionado y repudiado, sobre todo por aquellos intolerantes que no resisten la existencia de personas que defiendan la línea de pensamiento a la que él pertenece.
En pleno debate sobre el cambio de los acuerdos de La Habana, tenía que aparecer alguna razón que permitiera desviar la atención de lo fundamental.
De forma mezquina y con un tufo insoportable de ruindad, sacaron a relucir el esquema de seguridad que debe acompañarlo por el altísimo nivel de riesgo que tiene su vida como consecuencia, precisamente, de su actitud férrea en defensa de la democracia y del Estado de Derecho.
Es la policía la que se encarga de establecer cuál es el nivel de riesgo que tienen los dirigentes políticos del país y sus respectivas familias. Por capricho, ni Ordóñez ni nadie en Colombia puede escoger el número de personas asignadas a su propia seguridad.
Por eso resulta sucio que ahora, en pleno debate sobre el futuro del proceso de paz, voces que hacen parte de la tendencia del derrotado SÍ, se encarguen de enrostrarle a Ordóñez el número de escoltas y de vehículos encargados de proteger su vida.
Indignante que un tipo como Gustavo Petro, otrora integrante de una banda de terroristas y narcotraficantes, diga con toda desfachatez que “Ordóñez, con presupuesto público, organizó su ejército privado”.
Acá, precisamente, quien sabe de ejércitos privados y de crímenes de lesa humanidad es Petro, quien fue cobijado por la más insoportable impunidad por cuenta del generoso acuerdo de paz que el Estado firmó con la banda terrorista M-19.
No se trata entonces de dedicarnos a echar en cara cuántos escoltas tienen los dirigentes de este país y cuánto le cuestan al erario, porque además de ser un ejercicio inane desvía la atención de los asuntos esenciales.
¿Qué tal que desde este lado del espectro ideológico nos pusiéramos a averiguar cuánto valen los esquemas de seguridad de personas altamente custodiadas como Iván Cepeda, Piedad Córdoba, el propio Gustavo Petro o la belicosa parlamentaria Angélica Lizbeth Lozano, todos ellos furiosos enemigos del doctor Ordóñez?
No. Aquello no contribuye positivamente al debate que está surtiéndose en este momento en el país. Pero el gobierno, interesado en acallar las voces y los argumentos de los principales representantes del NO no solo no evita sino que promueve matoneos injustos y baladíes como el que se está surtiendo contra el exprocurador Ordóñez Maldonado, por cuenta de unos escoltas y unas camionetas blindadas asignadas para su seguridad física.
@IrreverentesCol