Análisis de David Meza Pretelt
La realidad de la crisis que esta viviendo la salud como derecho en Colombia es innegable; casi todos los que en alguna oportunidad se ven en la necesidad de acercarse a hacer uso del sistema, han notado dificultades o sido víctima de ellas.
Esta curva descendente en materia de calidad y acceso a los servicios de salud se ha agravado con la gestión del actual Gobierno que de manera subrepticia, a través de la fórmula de la intervención, logró llevar a cabo la mayor expropiación hecha al sector privado en la historia de Colombia, al mejor estilo del fallecido Hugo Chávez.
Corría el mes de mayo del año 2011 y el Presidente Juan Manuel Santos empezaba a dar visos de su talante político camaleónico, aplicando unas políticas muy distantes de la continuidad de la seguridad democrática que durante la campaña garantizó que llevaría a cabo. En ese entorno se hizo el gran anuncio con bombos y platillos: El Gobierno intervendría a la mayor Empresa Prestadora de Salud (EPS) del país y el mayor ejemplo de gestión y crecimiento empresarial del sector cooperativo en la historia nacional, la Empresa SaludCoop.
En ese momento, medios mal informados por el Gobierno y los artífices del complot para expropiar la empresa, se esforzaron por buscar chivos expiatorios, se ha hablado de la responsabilidad de Carlos Palacino y a la empresa se le ha atribuido un aire de corrupción. Pero nunca se ha hecho énfasis en revelar la verdad sobre los dueños de SaludCoop, entre los que por cierto y para despejar uno de los mayores mitos que se han tratado de tejer sobre la empresa, no se encuentra por ningún lado la señora Lina Moreno de Uribe.
Los verdaderos dueños y ahora víctimas de la arbitraria intervención sin fundamentos que se llevó a cabo, son cerca de 3,5 millones de colombianos agrupados en 23 entidades del sector cooperativo. Entre los que están además, los 33 mil empleados que tenía la EPS al momento de la intervención y que vieron prácticamente expropiados sus derechos patrimoniales, adquiridos a través del trabajo y el sudor de muchos años, por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia de la rama.
Mientras el Gobierno cierra las puertas al sector cooperativo que se encuentra en la formalidad y contribuyendo al desarrollo del país, al secuestrar y liquidar el mayor activo que había construido el cooperativismo colombiano en su historia. Proyectan en los acuerdos de la Habana con las FARC, un plan nacional de “fomento a la economía solidaria y cooperativa rural”, gran contradicción de los acuerdos con las políticas que viene aplicando el Gobierno. Dejando un sinsabor en el que el cooperativismo esta bien cuando se trata de narcoterroristas guerrilleros, pero es perseguido cuando está en manos de gente trabajadora como lo son esos 3,5 millones de colombianos dueños de SaludCoop, que creyeron en el Sistema General de Seguridad Social y le apostaron a crear una empresa de salud para los colombianos.
SaludCoop era la empresa que ofrecía mayor cubrimiento en salud a nivel nacional a través de sus redes de clínicas y hospitales, esto se veía reflejado en su patrimonio que a diciembre de 2010 era de 555 mil millones de pesos. Un botín nada despreciable que podría hacer de colchón a un Gobierno con el bolsillo golpeado, víctima de la caída en los precios del petróleo, la pérdida de confianza inversionista extranjera y unos presuntos compromisos económicos con la clase política para sacar adelante iniciativas, (lo que popularmente se ha conocido como “mermelada”); ya que como sospechan muchos de los líderes de los diferentes sindicatos que tiene la empresa, sufrieron una aparente expropiación sin argumentos: A SaludCoop la volvieron mermelada.
Grosso: el Gerente del mal
El 27 de mayo de 2013 inició lo que sería la parte más nefasta durante el proceso de intervención cuasi expropiatorio, llegó al frente de la intervención Guillermo Grosso, un personaje oscuro apoyado por el Gobierno.
Designado por Gustavo Morales y posteriormente apoyado por Norman Julio Muñoz como superintendentes, el propósito siniestro que parcialmente consiguió Grosso fue convertir la empresa intervenida en un fortín del clientelismo y la corrupción, construyendo un capital político que le bastó para que sin importar las múltiples denuncias e investigaciones que pesan en su contra por malas prácticas a cargo de la intervención, se le designara además como Gerente de Cafesalud. Empresa con la que se buscaba dar nueva vida a SaludCoop y convertirla en un activo interesante para que pudiera ser vendida por el Gobierno al mejor postor.
Durante su bonanza incurrió en todo tipo de irregularidades, no solamente transportaba a sus familiares y a si mismo en lujosos autos comprados y blindados con capital público por las calles de la ciudad, sino que además se paseaba horondo por los pasillos del congreso, ufanándose de su cercanía con congresistas de los “honorables” partidos de la Unidad Nacional como el Partido de la U y Cambio Radical, que le ayudaban a sostener su régimen de corrupción al interior de la entidad.
Este apoyo desde el legislativo para mantener un régimen de impunidad en SaludCoop fue tan efectivo, que debates de control político propuestos por diferentes congresistas para enfrentar el tema y hacer las denuncias pertinentes eran obstaculizados, pospuestos y cancelados bajo la influencia de la mano negra de clientelismo que logró articular Grosso con los parlamentarios cercanos a él, o para más claridad, interesados en su botín.
El siniestro personaje al que en sus últimos días como Gerente andaba de un carcelazo a otro, anda hoy fresco y campante en su compañía Health Solution, un gesto claro que para estar amparado en la impunidad en Colombia, no es necesario esconderse en sus selvas y montañas. Con el agravante que se mantienen en el anonimato los nombres de los congresistas que lo utilizaron para fortalecerse en materia burocrática y de contratación.
Después de cerca de 5 años de intervención y con una liquidación encima – en la que cambiaron el letrero a Cafesalud pero siguieron agudizándose los problemas internos -, el patrimonio de la empresa pasó de ser positivo en 555 mil millones a volverse negativo en 1,03 billones de pesos a junio de 2015 (Cifras de la Contraloría). Es decir, se perdieron durante la intervención promovida por el actual Gobierno la bobada de 1,58 billones de pesos, dinero con el que se podrían gestionar, no solo uno, sino varios procesos de paz.
Ya lo anunció hace más de un año el ex Ministro Fernando Londoño frente al caso SaludCoop: “No hubo tal desfalco en la salud, no fue cierto …ahora estamos ante un drama monumental en la salud que nos costará billones recuperar” (oír audio)
El drama de la gente
Hablar de cifras y crisis en el sistema de salud es un tema de múltiples aristas y uno de los asuntos prioritarios que mayores efectos negativos ha sufrido durante la intervención, es la situación de los empleados y pacientes de las liquidadas EPS e IPS SaludCoop.
Basta echar un vistazo a las noticias para encontrar múltiples casos de pacientes que lamentablemente han fallecido por fallas en la prestación del servicio por parte de la antigua SaludCoop, ahora Cafesalud. Este deterioro en la atención se refleja en un dramático incremento de las acciones de tutela por servicios de salud que antes de la intervención estaba en 7.909, una cifra que aunque llama la atención, ascendió a 18.453 en 2014 y solamente durante el primer semestre de 2015 ya iba en 15.397 tutelas según datos de la Defensoría del Pueblo.
A partir de la intervención, se comenzó a incumplir el pago de las obligaciones laborales, se dejaron de pagar beneficios extralegales, de manera irregular se comenzó a incumplir con obligaciones parafiscales y con el traslado obligatorio de recursos derivados de descuentos por nómina para el pago de aportes a organizaciones sindicales y cooperativas, esto fundamentado en denuncias que los empleados de la EPS y otras empresas damnificadas por la intervención, han venido presentando a las distintas autoridades.
SaludCoop ha acumulado deudas a 16.234 de sus afiliados por un aproximado de 70 mil millones de pesos, sin contar los miles de millones que se deben a otros acreedores.
A los colombianos, lastimosamente, les tocó entutelar para poder tener acceso a sus servicios de salud, en plata blanca: tocó entutelar para sobrevivir. Haciendo evidente la ausencia del cumplimiento por parte del Estado a un derecho básico como es la atención en salud, como lo establece la Constitución.
La ausencia de la salud en los pueblos impide la vida en paz, como lo afirmó el reconocido escritor inglés Robert Southey: “El orden es la salud mental, la salud del cuerpo, la paz de la ciudad, la seguridad del Estado. Al igual que las vigas de una casa, o los huesos en un cuerpo, así es el orden para todas las cosas”. Y sin ese orden, con un pueblo enfermo que no tiene acceso a sus derechos fundamentales, ¿Cómo se va a llegar a un país en paz?.
@DMezaPretelt
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