Por cuenta de la Senadora Viviane Morales se ha hablado mucho, en los últimos días, de la familia y de la importancia de defender esta institución. En efecto, la familia está definida por el artículo quinto de la Constitución Política, como la base de nuestra sociedad. Pero lo cierto es que esta, en su noción tradicional, ha cedido en favor de otros principios constitucionales.
Por ejemplo, el concepto de familia tradicional cedió frente a la libertad individual, cuando se aceptó legal y socialmente la posibilidad del divorcio. También cedió la noción tradicional de familia cuando se entendió que esta podía ser conformada por un menor de edad y solo una madre o un padre. De igual forma, cedió frente a la posibilidad de adoptar; cedió cuando se reconoció que los hijos nacidos por fuera de los matrimonios tenían los mismos derechos que los nacidos dentro de la familia tradicional, etc.
En otras palabras, ha mutado la institución para adaptarse a los cambios sociales obligados por la aplicación de otros derechos fundamentales que son, para nuestro Estado, innegociables. Y es que el mismo artículo quinto de la Constitución reconoce la primacía de los derechos inalienables de las personas.
Es así como la noción tradicional de familia, que se compone de un hombre, una mujer y unos hijos biológicos nacidos de la unión de ellos, ha sido reemplazada en nuestro sistema jurídico. Nuestra Corte Constitucional, garante de la Carta, se ha atribuido la labor de redefinirla para que pueda reconciliarse con los derechos individuales que no se deben ni pueden desconocer.
Para la Corte, entonces, la familia es “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos”.
Y es, justamente, esta noción de familia, que permite una amplitud de configuraciones diferentes, la que debemos proteger. La idea tradicional de familia hoy es imposible, en el marco de nuestro sistema jurídico. Además, los esfuerzos por restituirla están basados en intenciones que, loables, confunden los derechos de los niños y el valor intrínseco de la familia, con otros valores fundamentalistas. Algunos de estos últimos de origen religioso, que no pueden ser sostenidos en nuestro derecho sin que este caiga en contradicciones insalvables.
La Senadora Viviane Morales se equivoca en el enfoque que le da a la protección de los menores. Cabe anotar que los niños han sido también la mayor motivación de mi labor legislativa, pero es menester que hagamos la defensa de la infancia con responsabilidad y ponderación. El proyecto de la Senadora, de tener éxito, prohibirá no solo la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, sino también la adopción de padres y madres solteros.
Es por eso que la redefinición de la familia cobra sentido frente a iniciativas como esta, porque se evidencia que la restitución de la “familia tradicional” implica el desconocimiento de los derechos individuales. Además, los argumentos con los que se defiende la prohibición de la adopción por quienes no cumplan los requisitos “tradicionales”, sirven también para prohibir el divorcio y los hogares monoparentales. ¿Deberían, entonces, las cientos de miles de mujeres cabeza de familia renunciar a sus hijos para que sean adoptados por familias “ideales”? ¡No!
Mujeres y hombres deben tener la posibilidad de adoptar y criar a sus hijos en ambientes llenos de amor, valores y respeto, sin que tengan que conformar una “familia tradicional”. Deben defenderse las familias diversas de iniciativas como la que propone la senadora Morales. Debe defenderse la posibilidad de los niños, que hoy son hijos del Estado, de crecer dentro de una familia. Creo que es valioso que haya personas interesadas en trabajar por el bienestar de los niños, pero estoy convencida también de que la iniciativa de la Senadora derrota su intención.
@Tatacabello